El interés público y la disciplina de partido
EL CONFLICTO desencadenado en el PCE a causa de la solidaridad de un grupo de dirigentes y altos cuadros madrileños con el secretario general de los comunistas vascos, recientemente expulsado, puede dañar al buen gobierno del Ayuntamiento de la capital y lesionar los intereses de sus vecinos.Mientras los diputados, pese al sistema de las listas cerradas, no pierden su escaño en el Congreso aunque rompan con el partido que les presentó en su candidatura, el régimen electoral de la Administración local permite a las direcciones de los partidos desposeer de sus cargos a los concejales que son expulsados de la organización o causan baja voluntaria en sus filas. En algún caso, como sucedió con Alonso Puerta, la medida disciplinaria, que lleva acarreada la pérdida del cargo público, tiene concomitancia, se relaciona, aunque sea de forma discutible y polémica, con actuaciones relacionadas con la gestión municipal. En otros, el litigio que obliga a salir del Ayuntamiento a un concejal nada tiene que ver con su labor pública, y nace exclusivamente de conflictos internos de los partidos. Así sucedió con Ramón Tamames, cuya satisfactoria actuación como teniente de alcalde quedó cortada en seco por su decisión de abandonar la militancia dentro del PCE, pero sigue en posesión de su escaño de diputado.
Más grave resulta todavía que un debate interno comunista pueda privar al Ayuntamiento de Madrid de la colaboración de varios concejales que ni siquiera han pedido la baja en la organización, sino que son represaliados por sus opiniones. La eventual salida del Ayuntamiento de Eduardo Mangada (actual primer teniente de alcalde y responsable de urbanismo), de Martín Palacín (concejal de Circulación y Transportes) o de Cristina Almeida (que ha sustituido a otro concejal dimitido -Alfredo Tejero- en Educación), no sólo puede poner en peligro los pactos municipales, sino que amenaza quebrar la continuidad de la política municipal en esas áreas. El acuerdo entre el PSOE y el PCE quedará gravemente dañado si la dirección comunista decide además designar para esas concejalías a personas inexpertas, seleccionadas en función de su lealtad o sumisión y no por su capacidad para desempeñar sus cargos. Pero los principales perjudicados serán los madrileños.
Eduardo Mangada ha sido el artífice y el administrador de una política urbanística con la que se puede estar en desacuerdo, pero que ha sido guiada por criterios claros e instrumentada con coherencia. La voluntad de frenar la especulación, el plan de proteger los edificios histórico-artísticos, la uniformidad en la concesión de viviendas o la protección a las colonias de hotelitos ha sido el contenido de una gestión animada por propósitos políticos y realizada por un prestigioso urbanista. Si Eduardo Mangada se marcha, contra su deseo, del Ayuntamiento y es sustituido por alguien con buena voluntad, pero sin experiencia en ese terreno, también podría correr peligro la revisión del Plan General de Madrid de 1963, que el actual Ayuntamiento se ha comprometido a concluir antes de que termine 1982. Martín Palacín, por su parte, ha hecho una labor en Circulación y Transportes con éxitos indiscutibles, como el de la ORA.
Cabe albergar dudas sobre la importancia que revista para los madrileños que los concejales expulsados sean partidarios del vasco Lertxundi y sus sustitutos sean admiradores del vasco Ormazábal. En cambio, es preocupante la sospecha de que los leales reemplazantes de los díscolos sancionados puedan quedar por debajo de ellos en competencia, experiencia y capacidad de trabajo. Los concejales amenazados llevan dos años y medio al frente de sus responsabilidades. Sería una broma pesada que fueran obligados a dejar su labor interrumpida y ocuparan sus puestos, para desempeñarlos hasta marzo de 1983, unos candidatos elegidos, no por sus conocimientos urbanísticos o municipales, sino por su acierto en coincidir con la dirección del PCE en la polémica sobre Euskadiko Ezkerra. El interés público debe primar -pensamos- en estos casos sobre la disciplina interna de los partidos.
