Familiares de cien reclusos denuncian malos tratos en la prision de jovenes de Carabanchel

El trato que reciben los internos del Centro de Detención de Jóvenes de Carabanchel es "en frecuentes ocasiones, inhumano por parte de algunos funcionarios, sin respeto a los derechos fundamentales de la persona, tanto en lo que se refiere a los reclusos como a sus familias", según denuncia un comunicado hecho público por Carlos Jiménez de Parga, portavoz de un colectivo de defensa del preso joven. La misma denuncia fue hecha por representantes legales de familiares de cien de los internos del centro. Enrique Galavís, director general de Instituciones Penitenciarias, manifestó no tener constancia de tales hechos, "aunque el régimen de vida del centro adolece, como el resto de las prisiones españolas, de una importante falta de medios".

El motín del pasado viernes supuso, al entender de Carlos Jiménez de Parga y de los abogados representantes de unos cien familiares de presos, Gerardo Martín y Luis Miguel Gómez, la imposición de un régimen de vida muy duro en el recinto carcelario, que redujo incluso a una hora la salida de los internos al patio. Asimismo el comunicado denuncia que "los funcionarios utilizan porras para reducir a los reclusos y se les amenaza e intimida con frecuencia. Hay un abuso en la aplicación de la ley penitenciaria en sus artículos 42 y 10, sobre celdas de castigo y al régimen de vida". El colectivo, formado por cerca de cuarenta personas, entre ellas psicólogos, sociólogos, criminólogos, sacerdotes, asistentes sociales, etcétera, entiende que la situación en dicho centro, según señala la referida nota, es "realmente deplorable, ya que las condiciones de sanidad e higiene del establecimiento son lamentables: muchos reclusos comen diariamente en las celdas, ya que el comedor no tiene capacidad para tantas personas, muchos de los servicios higiénicos no funcionan, los lavabos carecen de grifos útiles, los cristales de muchas celdas están rotos, las mantas son insuficientes y la situación de los reclusos, llamados indigentes, es más grave, puesto que carecen de la ropa más indispensable".

Ante estas denunciás, Enrique Galavís señaló que "lo que ocurre desgraciadamente es que un centro para 250 personas no puede albergar perfectamente a quinientos; no existen las condiciones adecuadas que nosotros quisiéramos mantener porque existe una falta de medios general en todos los recintos penitenciarios de España, pero de eso a que los reclusos sean maltratados hay una gran diferencia". "Por nuestra parte", agregó, "no tenemos constancia de malos tratos, pero, si es cierto esto, lo único que espero es que se den los nombres y apellidos de reclusos y funcionarios implicados y se denuncien los hechos ante el juez".

Por lo que se refiere a la masificación de presos jóvenes en las cárceles, Instituciones Penitenciarias ha puesto en marcha un plan a corto plazo por el que serán inauguradas próximammente nuevos centros para jóvenes en Cáceres, Lugo y Alcalá de Henares, éste último con una capacidad para instalar a cuatrocientos reclusos.

Un "cementerio" de jóvenes

El Centro de Detención de Jóvenes de Carabanchel ha sido denominado por Carlos Jiménez de Parga, actual párroco de Palomeras Altas y ex miembro de la Comisión de Reforma Penitenciaria durante la época en que estaba al frente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias el asesinado Jesús Hadad, como "un cementerio de jóvenes donde la provocación es continua a los reclusos, que son machacados diariamente". Por su parte, el director del centro, Emilio Ferrer, manifestó a EL PAIS que en el recinto penitenciario de jóvenes de Madrid "no consiento malos tratos, además no creo que ocho funcionarios sean capaces de maltratar a quinientos reclusos". "Nosotros", prosiguió, estamos sufriendo las* consecuencias de un juego político, de una falta de coordinación entre el Ministerio del Interior y el de Justicia y, por supuesto, esto no es un colegio mayor, pero dentro de nuestras posibilidades los internos reciben un trato adecuado".

Emilio Ferrer, que lleva trabajando cerca de veinticinco años en Instituciones Penitenciarias, señaló, además, con respecto a las de más acusaciones del colectivo, que el centro mantiene las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas como corresponde a un recinto penitenciario y las instalaciones funcionan perfectamente.

Sobre las causas que provoca ron el motín del pasado viernes en el Centro de Detención de Jóvenes, Carlos Jiménez de Parga manifestó, tras haber mantenido contacto con varios funcionarios y personas allegadas al centro, que los reclusos llevaban largo tiempo sufriendo un régimen de vida "durísimo, que venía provocando el descontento general entre los reclusos". El lunes 24 de agosto, cinco días antes del amotinamiento, los presos fueron cacheados y se realizó una inspección de todos los departamentos del recinto, puesto que se tenía la sospecha de que había sido introducida un arma en el centro. La inspección, según las mismas fuentes, vino acompañada de malos tratos a algunos reclusos, por lo que parece que la cuestión de la reducción de la entrada de paquetes de comida fue la gota de agua que desbordó el vaso.

Por otra parte, los abogados Gerardo Martín Morales y Luis Miguel Gómez, portavoces de cerca de un centenar de familiares de los jóvenes ingresados en el citado centro, manifestaron que "en los días anteriores al motín hubo provocaciones a los reclusos que podrían haber estado encaminadas a crear un determinado ambiente carcelario", y añadieron que "los malos tratos han existido siempre y ahora las sanciones que se aplican al menor son cada vez más indiscriminadas y duras".

Asimismo, Carlos Jiménez señaló que la reducción de los presos amotinados el pasado viernes fue durísima. Algunos de ellos, principalmente los cabecillas del motín, fueron "golpeados por la policía y algunos funcionarios, quienes ese día estaban provistos de porras". Asimismo, el citado colectivo señala que algunos internos fueron objeto de "venganzas particulares". Como ya se informó (EL PAIS del 29 de agosto) en la revuelta resultaron heridos más de veinte reclusos y cuatro funcionarios.