El recluso, desamparado

Una encuesta realizada en 1978 a quinientos reclusos de la prisión de Carabanchel ponía de relieve que el 70% de los reclusos desconocía por completo la petición que el fiscal había hecho contra ellos.El 42% de los encuestados fue detenido cuando tenían de los doce a los dieciséis años. Antes de los doce fueron detenidos un 19%, lo que muestra el precoz comienzo del delincuente, en muchos casos debido una anterior permanencia, inútil y seguramente nefasta, en un reformatorio o correccional.

La situación procesal de estos internos era significativa: un 75% eran preventivos y un 10% condenados. Un 77% de los encuestados declaró que no había visto jamás al juez que había instruido sus sumarios, mientras los que sí habían tenido contacto con el juez o el secretario eran Un 5,8%. Sólo un 3% no conocía quién les había tomado declaración. En lo que se refiere a la relación del recluso con su abogado, la encuesta señalaba que el 57,8% no lo tenía, el 16,4% lo tenía de oficio y un 12% contaba con un abogado de pago.

Entre los encuestados en Carabanchel se detectaba que un 27,4% llevaba de seis meses a un año en situación de prisión preventiva, el 22,4% estaba en la misma circunstancia desde hacía uno o dos años, el 18% estaba en prisión preventiva desde hacía dos años a cuatro años por lo menos y el 9,8% llevaba en esta situación más de cuatro años.

Asimismo es importante subrayar de los datos obtenidos en esta encuesta que el 68,4% de los reclusos desconocía por completo la petición fiscal. Sólo el 9,4% sabía que tal petición era de prisión menor y el 10,8% conocía que se pedía contra ellos la pena de prisión mayor.

El 86,6% no había recurrido contra los autos de procesamiento dictados contra ellos. Esto proviene, según señala la encuesta, de que el 83,4% desconocía sus derechos procesales con anterioridad a su ingreso en la cárcel y el 22,6% seguía sin saber los derechos de los presidiarios.

Un 48,8% de los encuestados señaló que no volverían a delinquir, el 13,4% no sabe qué harían, el 12,8% estima que no tendrían oportunidades y el 5,2% afirma que sí volverían a delinquir.