El voto de la hectárea

El voto universal, libre, igual, directo y secreto como sistema de elección de los representantes políticos, es una conquista que no le ha salido gratis a la humanidad. Detrás hay siglos de largas luchas. Del voto censitario a la Constitución española de 1978, los más pesimistas habrán de reconocerlo, se ha avanzado un largo trecho. Sin embargo, tras cualquier discusión en torno a un sistema electoral, aparentemente técnico e incluso anodino, late la misma larguísima batalla que se inició con los Estados Generales hace dos siglos.Con ocasión ahora de los distintos estatutos de autonomía, este asunto es ocasión de encallamiento o piedra de toque dondétropiezan todos los conciertos. Resumiendo, dos son las posiciones, la de quienes sostienen que lo del voto igual se refiere a las hectáreas y la de quienes interpretan que se refiere a las personas. Detrás de los primeros está la derecha, eterna y cansadora; tras los segundos, la desnuda razón. A través de un sistema tan simple como es el asignar un número mínimo de diputados por provincia (tres) y de un número máximo de diputados para toda España (350) se consigue con el sistema actual que el voto de un habitante de Soria tenga tres veces más valor que el voto de un ciudadano de Sant Boi de Llobregat o de Getafe.

Con el actual sistema electoral en segundo grado, verdaderamente martinvillesco, que se utilizó, en abril de 1979, para elegir los diputados provinciales se llegó a resultados tan aberrantes como el de Córdoba, donde la izquierda (PSOE + PCE) alcanzó 176.600 votos populares frente a 106.300 de UCD Sin embargo, UCI) tiene catorce diputados provinciales, y con ellos la presidencia, frente a tan sólo trece de la izquierda, es decir, el voto a UCD le valió en Córdoba 1,8 veces más en representación (casi el doble) que cada voto entregado a la izquierda. En la provincia de Madrid, la izquierda (PSOE+ PCE) alcanzó 1.147.000 votos populares frente a 741.000 de UCD Sin embargo, pese a tener casi el doble de votos, la izquierda tiene tan sólo tres diputados provinciales más (veintisiete del PSOE + PCE, frente a veinticuatro de UCD): un voto a UCD valió 1,4 veces más en representación que un voto a la izquierda.

La cuestión, por mucho que se le quiera vestir de técnica, es bastante simple: un sistema electoral justo, es decir, igual, exigiría que el cociente número de elegidos/número de votantes fuese el mismo, para cualquier partido, coalición electoral o territorio. Conseguirlo también es simple aunque choque con sagradas tradicionesy con sagradas formasy maneras. Desde un punto de vista general, el voto igual se consigue con dos mecanismos elementales:

1. Haciendo una sola circunscripción en cada elección.

2. Aplicando la proporcionalidad (la regla D'Hont, por ejemplo, es aproximadamente proporcional). Existen evidentemente otros mecanismos para conseguir el voto igual con varias circunscripciones, pero, en todo caso, el que se acaba de describir es el más sencillo, y aunque no es directamente aplicable al Congreso de la nación (artículo 68.2 de la Constitución), nada impide que pueda aplicarse a cualquier otro nivel electoral. Las batallas que vienen librando UCD y otras formaciones de derechas en las diversas autonomías para imponer «el voto de la hectárea» deben ser resistidas por un principio primariamente democrático, la igualdad real de los ciudadanos a la hora de votar. Aparte este principio elemental, y pese a todas las tradiciones que puedan aducirse, el reducir al máximo el número de circunscripciones desterritorializa la representación, lo cual, en una democracia nueva, es, a no dudarlo, un camino por el que debiera haberse avanzado con rigor. El corporativismo es un enemigo del sistema democrático, el territorialismo lo es también, en una democracia naciente.

No existe ninguna razón, aparte la de buscar el voto desigual de la hectárea, que aconseje multiplicar artificialmente el número- de circunscripciones o que, como se ha pretendido en algunos estatutos de autonomía (como es el caso del vasco) las circunscripciones menos pobladas tengan igual número de representantes que aquéllas que lo están más. En el caso de la autonomía uniprovincial de Madrid, si es que antes no lo soluciona una ley general, habrá de alcanzarse que la representación que consiga el votante de Titulcia sea idéntica a aquélla que corresponda al ciudadano de Vallecas.