La política de alianzas y el programa económico serán las principales cuestiones del congreso del PSOE

A juzgar por los documentos que empiezan a circular entre las agrupaciones socialistas, los diferentes sectores del PSOE han reducido sus diferencias y tienden a converger en un programa de ofertas concretas hacia la sociedad, sin las polémicas meramente teóricas del año 1979. No obstante, la revisión del programa económico, la política de alianzas y la estrategia antigolpista constituirán los principales temas de debate. Felipe González regresará próximamente a Madrid tras su viaje a Centroamérica e intervendrá en la negociación final de los preparativos precongresuales.

En materia de alianzas con otros partidos, las distintas ponencias no entran en estudios pormenorizados de prospectiva electoral, pero se observa una influencia notable de esta perspectiva a la hora de proponer las diversas soluciones. Los sectores que pueden considerarse más vinculados a la corriente mayoritaria defienden una política flexible de alianzas, que permita realizar el proyecto de una coalición entre los socialistas y los sectores progresistas del centro.Los grupos convencionalmente considerados más a la izquierda están por la defensa de la «mayoría de izquierda» si ésta se consigue efectivamente; pero suavizan sus posturas anteriores respecto a otro tipo de coalición, si éstas fueran necesarias para la política de contragolpe, que es su versión del término «consolidación de la democracia» utilizado por otras corrientes.

La idea de vincular el programa socialista a la evolución de las distintas confrontaciones electorales está muy presente en la ponencia elaborada por Joaquín Leguina y un grupo muy vinculado a la ejecutiva del PSOE de Madrid. En ella se propone un conjunto de reformas del sector público de la economía y la planificación económica, hasta un denominado «saneamiento profundo de todo el aparato público de protección» -evidente referencia a la democratización de las fuerzas de seguridad-. El conjunto de cambios que se aborden en cada etapa estarán condicionados a que antes los haya aprobado el pueblo en un programa electoral calificado de «programa-contrato del partido con sus votantes». Y añade: «Otra causa supondría el riesgo de conducir al país hacia la confrontación».

En ese horizonte de cambios se esbozan cuestiones como «un régimen económico en que las empresas públicas sean una forma de inyectar transparencia, eficacia y competitividad en toda la economía, y no lo contrario», y se dice que ello requerirá, «probablemente», convertir en públicas «algunas grandes concentraciones de poder económico que, por la forma en que se ha producido nuestra industrialización, detentan una posición claramente monopolista u oligopolista». Esa economía a construir no puede hacerse «a través de ningún tipo de expolio; pero eso no implica que identifiquemos titularidad de la propiedad con derecho de gestión total de las empresas. Puede y debe diferenciarse titularidad del capital y formas de gestión».

Un borrador de Izquierda Socialista en materia económica critica los pactos de la Moncloa y la excesiva moderación de los programas económicos posteriores, y expone a su vez alternativas en diversos terrenos, algunas de ellas muy influidas por el programa del Partido Socialista francés. Se mencionan entre ellas la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales, la práctica prohibición de las horas extraordinarias y la nacionalización de la gran banca y los seguros. Otro grupo de la misma corriente, Reflexiones Socialistas, formula ese tema en el sentido de «nacionalización del crédito» y de sectores clave de la economía.

Por lo que se refiere a las libertades públicas, Izquierda Socialista tiene una ponencia muy pormenorizada. Destaca la idea de que la breve historia de nuestra democracia constituye «un proceso de limitación de libertades y derechos básicos», pero, al mismo tiempo, se dice que tras el 23 de febrero no se pueden proponer nuevas profundizaciones a las libertades, sino denunciar los atentados y restricciones de las que existen. Asimismo atribuye a la tímida reforma del Código de Justicia Militar -l hecho de que las Fuerzas Armadas tengan ahora que hacerse cargo de « responsabilidades que en absoluto les conciernen», como es el enjuiciamiento de los golpistas por delitos contra la seguridad del Estado, «cuyos jueces naturales sería la jurisdicción ordinaria».

El miércoles, decisiones de la Comisión Ejecutiva

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva se reunirá el próximo miércoles para decidir sobre las propuestas a formular al comité federal del día 11. Este último es el que ha de acordar las reglas de juego del congreso. El camino recorrido desde el martes de Semana Santa, en que Alfonso Guerra y Luis Gómez Llorente comenzaban a poner las bases de una posible pacificación interna -en el mismo restaurante donde el ministro de Educación pactaba la LAU con otros dos dirigentes socialistas-, ha sido suficientemente largo como para que la ejecutiva se vea obligada a arbitrar entre las posiciones del sector mayoritario y las peticiones de la corriente de izquierda.