"El Gobierno vasco debe promover un rearme moral contra la violencia"

Nacido en Venezuela en el serio de una familia de exiliados nacionalistas vascos, José María (Txiki) Benegas, secretario general del Partido Socialista de Euskadi-PSOE, ha sido considerado desde el inicio de la transición como un hombre clave en todo intento de entendimiento entre las dos principales corrientes ideológicas que, desde el surgimiento paralelo del nacionalismo y el socialismo en Vizcaya, a principios de siglo, han polarizado políticamente la sociedad vasca. Benegas ha puesto en marcha ahora otra iniciativa de este tipo, que ya conocen la ejecutiva federal de su partido y el propio presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Este plan pasa por una oferta de concertación de las fuerzas vascas, y la participación del Gobierno autónomo vasco en la Iucha directa contra el terrorismo, así como iniciativas para superar «el drama de un pueblo que no sabe convivir en libertad».

Pregunta. En octubre de 1978, desde la tribuna del Club Siglo XXl, trazó usted un diagnóstico de la sociedad vasca que iba más allá de los análisis rutinarios habituales. ¿Qué fue de aquellas medidas? ¿Por qué fracasaron? ¿Qué ha cambiado desde entonces?Respuesta. Aquel planteamiente partía de la constatación de que el proceso vivido en Euskadi desde la muerte de Franco hasta las elecciones de 1977 había sido muy específico, no homogéneo con el resto del Estado, y que por ello los problemas eran igualmente específicos: desde la peculiar incidencia de la crisis económica en una zona superindustrializada y tradicionalmente receptora de mano de obra, hasta los problemas específicos de orden público que planteaba la existencia de un apoyo popular a las estrategias violentas. De ahí que planteásemos la necesidad de un tipo especial de compromiso -por la autonomía, por la paz y por la reactivación económica- que convergía en el pacto político autonómico como posible lugar de encuentro de las distintas opciones en un proyecto común.

El planteamiento fracasó por una serie de factores complejos, el principal de los cuales es la ruptura, a raíz del debate constitucional, de lo que había sido el germen de pacto: el frente autonómico formado en 1977 por el PNV y el PSE y al que se unió ESEI. Al posicionarse contra la Constitución -y además de manera harto demagógica y estimulando reflejos de enfrentamiento visceral: «Constitución antivasca», etcétera- el PNV reprodujo una división tan artificial como nefasta históricamente para el pueblo vasco. Al alinearse, en el fondo por razones electoralista miserables, con Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna en una especie de frente anticonstitucional, el PNV reavivó la llama del enfrentamiento abertzales versus españolislas. Esa división, que nos colocó a socialistas y comunistas junto a UCD, y a PNV y EE junto a HB resultaba totalmente artificial respecto a los problemas reales que en ese momento enfrentaba Euskadi. Pero su efecto fue, por una parte arruinar toda la posibilidad de un pacto en positivo como el que nosotros proponíamos en torno a la autonomía, y por otra, estimular la escalada de ETA, que se considera legitimada para imponer sus opciones de manera violenta.

P.Por aquellas fechas, usted era consejero del Interior del Consejo General Vasco. ¿Tuvo ocasión, desde ese puesto, de entrar en contacto con ETA? ¿Con qué resultados?

R. Al inicio de la transición democrática hubo, efectivamente, intentos de negociación, con el acuerdo del ministro del Interior, Martín Villa, y conocimiento del presidente Suárez. Esos intentos fracasaron por la exigencia de ETA de que los contactos fueran públicos desde el primer momento. Hubo también problemas internos dentro de ETA. El asesinato de Argala, favorable a la negociación, dio definitivamente al traste con la posibilidad de seguir por esa vía. Paralelamente, el clima de enfrentamiento visceral creado en torno al debate constitucional actuó como caldo de cultivo de la agudización de la escalada terrorista.

A mi juicio, una vez cerrada la vía de la negociación, no quedaba otra solución que el combate frontal contra ETA, comenzando por la batalla tendente al aislamiento social del terrorismo. Quienes no comprendieron esto son responsables en gran parte del deterioro posterior de la situación. Me refiero, desde luego, al PNV, pero no sólo al PNV. Porque, junto a la influencia negativa que ha tenido este partido, al avivar periódicamente la llama de la visceralidad -«Toda la culpa la tiene Madrid», retirada del Parlamento, concesiones verbales al nacionalismo radical, etcétera- no es posible olvidar la enorme responsabilidad de los sucesivos gobiernos de UCD y su nefasta política de orden público durante la transición: los llamados errores policiales -desde Aldapeta hasta Almería, pasando por Pamplona, Rentería, Joseba Arregui, etcétera- han significado enormes retrocesos cada vez que se había producido un avance en el camino hacia la concienciación ciudadana sobre la necesidad de aislar al terrorismo.

En el mismo sentido, algún día habrá que hacer balance del enorme error que en su momento supuso mantener al Consejo General Vasco (CGV) sin competencias durante más de un año, y en particular, la negativa del Gobierno de UCD a poner en marcha la creación de una policía autónoma, que nosotros venimos pidiendo desde 1978. En este terreno se han perdido tres años decisivos de manera lamentable.

P. Volviendo al inicio, ¿qué ha cambiado en estos tres años? ¿Qué se podría recuperar de las propuestas de 1978? ¿Qué otras medidas cabría adoptar hoy?

R.En estos tres años, la situación se ha deteriorado enormemente, eso es evidente. Por una parte, a nivel político, se han ido cerrando puertas a salidas posibles y cada vez se concreta más esa sensación de desánimo característica de toda situación cerrada, en la que todo se repite con arreglo a una lógica implacable. Pero paralelamente, a nivel social, el deterioro moral de esta sociedad ha sido brutal. Contravalores como la intransigencia, el desprecio a la vida, el fanatismo, la intolerancia, son convertidos en sus contrarios y disfrazados de firmeza, valentía, vitalidad. La imposición sustituye a la razón, el gesto -cuanto más repetitivo, factuo y vacío, mejor- acaba convirtiéndose en argumento. La complacencia morbosa en la muerte, la necrofilia, se erige en pauta de comportamiento, en eje de un nuevo calendario ritual. En una palabra: no sé si, como se ha dicho, nuestro pasado es impresentable, pero estoy seguro de que lo es nuestro presente.

En definitiva, el gran reto histórico del País Vasco es hoy el de superar el drama de un pueblo que no sabe convivir en libertad. El reto de combatir la violencia, la intolerancia, el fanatismo; estas situaciones de locura colectiva que están llevando a nuestro pueblo al caos. Conseguir al menos que la palabra libertad tenga un sentido real para todos y cada uno de los ciudadanos de Euskadi. Después del 23 de febrero este objetivo es ciertamente extensible a toda España, sobre todo por la coincidencia objetiva -pero también quizá subjetiva- de golpismo y terrorismo, en su intento de acabar con la libertad.

Ante este doble reto, que por otra parte, ha hecho que sobre Euskadi se cierna la sombra del estado de excepción, urge, en mi opinión, retomar las iniciativas de 1978, propiciando un acuerdo entre todas las fuerzas democráticas vascas sobre el triple eje de medidas negociadas contra el paro, aislamiento social del terrorismo e institucionalización de las autonomías sobre la base de la concertación. Superando su pasividad actual, la iniciativa de una tal concertación debería provenir del presidente del Gobierno vasco, el cual con la legitimidad que le otorgaría ese apoyo de todas las fuerzas de mocráticas vascas, estaría en disposición de negociar a su vez con Calvo Sotelo una serie de medida de corresponsabilización del Gobierno vasco en la lucha contra el terrorismo que, a su vez, alejasen la sombra del estado de excepción.

Es decir, el compromiso por parte del Gobierno vasco de asumir tareas como la participación en el mando único antiterrorista, la asunción efectiva de responsabilidades en la Junta de Seguridad, la integración en las juntas provinciales de orden público, el rápido desarrollo de la policía autónoma y la colaboración de ésta con la del Estado en la lucha antiterrorista tendrían como contrapartida el compromiso por parte del Gobierno central de no decretar un estado de excepción, cuyo efecto más concreto sería el de dificultar el proceso de aislamiento social de ETA.

P. El primer paso sería, pues, la concertación entre los partidos políticos vascos. ¿No está iniciado este proceso? ¿Con qué dificultades se enfrenta?

R. Primero de todo, insisto en que sería conveniente que fuera directamente el Gobierno vasco, su presidente, quien tomara claramente la iniciativa, es decir, que no se tratase sólo de contactos bilaterales entre los partidos, sino de un acuerdo del Ejecutivo vasco con la oposición. El doble error del PNV tras las elecciones al Parlamento vasco de pretender, por una parte, monopolizar el proceso de negociación del desarrollo autonómico, y por otra, de imponer de manera exclusivista su propio modelo nacionalista de comunidad autónoma, ha tenido consecuencias bien nefastas En primer lugar, la de romper la dinámica unitaria surgida en vísperas del referéndum autonómico, cuando todas las fuerzas, excepto AP y HB, defendimos un proyecto común y pluralista de convivencia simbolizado en el Estatuto de Guernica.

Recuperar aquella dinámica exige un pacto global, lo más amplio posible, en torno a los tres problemas básicos de la Euskadi actual antes señalados, y que, a mi juicio, están interrelacionados. Por ello, nosotros hemos presentado una alternativa que pasa por plantear que el desarrollo legislativo básico del Estatuto en puntos tan decisivos como el de la lengua, fundamental para evitar una «guerra entre comunidades», deberá contar necesariamente con una mayoría tal que haga necesaria la concertación entre las distintas fuerzas.

Respecto al tema de la violencia, es fundamental retomar la dinámica de contestación popular surgida a finales de 1980, y que culminó con las movilizaciones producidas tras el asesinato del ingeniero Ryan -el punto de máximo descrédito de ETA-, impulsando tanto la educación de la población en favor de la paz, su sentido positivo, como su movilización activa contra el terrorismo, incluyendo la colaboración ciudadana con las FOP y la policía autónoma. Esa dinámica sólo puede ser el resultado de un pacto político global.