Blas Piñar acusa a la policía de presuntas torturas a miembros de Fuerza Nueva

El diputado de Fuerza Nueva Blas Piñar acusó ayer, en una pregunta ante el Pleno del Congreso, a funcionarios del Cuerpo Superior de Policía de torturar brutalmente y amenazar de muerte a detenidos de Fuerza Nueva en Valladolid, el pasado mes de enero. Blas Piñar afirmó que «no se puede torturar, no sólo porque lo dice la Constitución, sino porque no es humano». El ministro del Interior negó tajantemente la existencia de malos tratos.Según la versión del presidente de Fuerza Nueva, que advirtió que no trataba de hacer demagogia ni imputación genérica a la policía, entre los días 28 de enero y 5 de febrero pasados estuvieron detenidos en la comisaría de Valladolid, bajo aplicación de la ley Antiterrorista, Francisco Hermida Méndez y José Luis Hernán Sanz Hernando., Según los informes del diputado, ambos fueron torturados y, en concreto, el segundo citado sufrió la rotura de un brazo, por lo que hubo de ser llevado al hospital.

Mientras permanecían detenidos, ambos negaron ante el juez las torturas, que, sin embargo, denunciaron al ser puestos en libertad, explicando que no lo habían hecho antes por haber sufrido amenazas de los funcionarios. Blas Piñar afirmó también que se les negó el derecho a ser asistidos por abogados y preguntó si, los hechos concordaban con su exposición y qué medidas gubernativas se habían tomado coontra los funcionarios.

El ministro del Interior afirmó que ambos detenidos eran preisulntos implicados en actos terroristas, como son la colocación de cinco explosivos y el tiroteo a una cafe.tería. Siempre según la versión de Rosón, el trato fue en todo momento correcto y no se produjeron torturas.

Asimismo, los dos detenidos fueron atendidos por facultativos de los servicios policiales, y a instancia de sus abogados se constituyó en las dependencias gubernativas el juzgado acompañado por el forense, el cual hizo un minucioso examen y no reconoció ninguna anomalía en los detenidos. Hernán Sanz tenía una lesión en una muñeca antes de ser detenido, y desde días antes de la detención llevaba el brazo escayolado. La lesión se agravó por intento de fuga al ser detenido, y por ello fue conducido al hospital. El ministro afirmó que no procedía, por tanto, ninguna medida contra los funcionarios, pero advirtió- que ya que existe una denuncia ante el juzgado habrá que estar a la decisión judicial. Blas Piñar aceptó esta remisión al juez, pero se mostró absolutamente disconforme con las palabras de Rosón.

Interpelación de Sagaseta

Anteriormente, el ministro del Interior había contestado a una interpelación de Fernando Sagaseta, de Unión del Pueblo Canario, sobre el ascenso del funcionario de policía José Matute Hernández, que, según el diputado, había causado indignación en Canarias por las acusaciones que sobre el funcionario había de asesinato en la persona de Antonio González Ramos y torturas a detenidos. El inspector Matute se benefició de la amnistía.

El ministro dijo que este funcionario fue trasladado, sin funciones de dirección ni de mando, a la sección central de guardia en Madrid, donde su función era únicamente tomar nota de las entradas y salidas de detenidos. Después pidió y obtuvo ser trasladado al archivo central en el negociado de actualización de expedientes.

A ello replicó Sagaseta mostrando su sorpresa por tal destino, donde, según el diputado, Matute puede controlar la vida de todos los ciudadanos. Rosón aclaró que ese negociado no afecta más que al archivo de los miembros del propio cuerpo de policía. y no a los funcíonarios.

El Gobierno rechaza el butano en los turismos

El Pleno del Congreso rechazó por mayoría una proposición de ley defendida por el socialista Manuel Gracia para que se autorizase el uso en todo tipo de automóviles de gases licuados del petróleo (GLP), principalmente butano y propano, que hoy está restringido al uso en automóviles de servicio público. Gracia afirmó que el GLP es menos tóxico, más limpio y más barato que la gasolina, y se apoyó para ello en certificados de los fabricantes nacionales de automóviles.

En nombre del Gobierno, el centrista Jesus Hervella se opuso, a la proposición afirmando, entre otras cosas, que el menor coste actual desaparecería al masificarse el consumo y, sobre todo, aumentaría en gran medida el déficit de divisas, porque España produce menos GLP del que consume y, en cambio, es autosuficiente en la producción de gasolina. Hervella argumentó también que el uso de estos combustibles aumentaría el peligro en los automóviles.

Respuesta centrista al diputado de UPC

También fue rechazada la proposición de Fernando Sagaseta para que la Administración abandone el polígono militar de tiro y maniobras en la localidad de Pajara, en la isla de Fuerteventura, devolviendo los terrenos a sus antiguos propietarios. El diputado canario dijo que el polígono se inscribe en la línea de militarización de las islas, a tono con la política gubernamental de alineamiento en las filas del bloque imperialista, y argumentó que se ha desalojado a sesenta familias de sus tierras, que han sido pagadas a precios bajísimos, del orden de mil pesetas por cinco hectáreas. También se quejó de falta de consultas con los vecinos y el Ayuntamiento.

El centrista Fernando Bergasa se opuso a la petición de Sagaseta, cuyos planteamientos calificó de exagerados, inexactos y demagógícos, entre otras cosas. Afirmó que es totalmente necesario que las Fuerzas Armadas dispongan de un campo de tiro en Canarias y argumentó que la zona escogida es la más desértica de una isla ya de ior sí despoblada. Asimismo indicó a Sagaseta que había confundido los depósitos previos a la ocupación con las indemnizaciones globales, cuyas cifras son incomparablemente más altas.