Los documentos eclesiales sobre el divorcio proceden de peritos religiosos, según Díaz Merchán

Los documentos eclesiales que circulan sobre la ley de Divorcio no proceden de miembros de la Confederación Episcopal Española, sino de peritos religiosos, que actúan a título individual, según precisó el presidente de los obispos españoles, Gabino Díaz Merchán, en relación con la información que ayer publicó EL PAIS sobre un documento que, según fuentes de UCD, tenía origen en un sector episcopal, y cuyo contenido coincidía con las enmiendas del grupo democristiano del partido a la ley. La Secretaría de la Conferencia Episcopal desmintió formalmente que el episcopado haya enviado un documento de este tipo a ningún parlamentario.

Según Díaz Merchán, son varios los documentos de peritos de la Iglesia sobre el tema, y uno de ellos tiene fecha del 12 de febrero de este año. El documento publicado ayer por EL PAIS tiene esa fecha. Algunos de estos peritos han trabajado para la Conferencia Episcopal Española, pero el secretario de ésta, Jesús Iribarren, dijo ayer que no existe ningún documento de la Conferencia sobre el tema, aparte del publicado el día 3 de febrero, y precisó que hacía tal desmentido en nombre de los diversos organismos, del episcopado, asamblea plenaria, comité ejecutivo, comisión permanente, cualesquiera de las comisiones episcopales y provincias eclesiales, así como subcomisiones.A título particular, Iribarren dijo que no cree que algún obispo haya podido enviar, a título particular, el supuesto documento. Posteriormente a estas manifestaciones, el obispo de Badajoz y presidente de la comunicación episcopal de medios de comunicación social, Antonio Montero, hizo constar al secretario que, es absolutamente falso que hubiera entregado un documento sobre el divorcio al dirigente centrista Antonio Jiménez Blanco, según Europa Press.

Asimismo, Montero, declaró ayer a Radio Nacional de España que no existe un documento episcopal con enmiendas del sector democristiano al proyecto de ley de Divorcio, y añadió que «no tengo la menor idea de que exista ese documento y, al no tener conocimiento de ello, no puede haber sido revisado por alguna autoridad parlamentaria».

UCD decidirá el lunes y el martes

Por otra parte, ayer fue convocada oficialmente la Ejecutiva de UCD para reunirse el lunes próximo. En el orden del día figuran el proyecto de ley de Divorcio y el reglamento del Congreso de los Diputados. La Ejecutiva centrista decidirá sobre las líneas directrices propuestas por la comisión especial que se nombró.El presidente de UCD, Agustín Rodríguez Sahagún, manifestó ayer que tiene noticias muy satisfactorias sobre el trabajo que está desarrollando la comisión especial, del cual dijo que permite que se superen las diferencias. También expresó su confianza en que todos asumirán disciplinadamente la decisión de la Ejecutiva, y añadió que a partir de esta decisión en la reunión que el grupo parlamentario celebrará el martes podrán desarrollarse o matizarse en redacciones concretas las directrices.

Una de las cuestiones a decidir por la Ejecutiva es la posibilidad de dar libertad para que los diputados voten en conciencia.

La comisión especial no se reúne desde el pasado miércoles, en que celebró su segunda sesión, si bien en ésta ya faltaron muchos de sus miembros. Las aludidas directrices quedaron prácticamente perfiladas en la primera reunión, celebrada el martes y actualmente se están elaborando redacciones alternativas concretas en varias instancias de UCD.

Aunque la comisión no ha firmado sus conclusiones, las modificaciones importantes del proyecto que ha previsto son dos. Una de ellas afecta al artículo 82, párrafo 5, donde se contiene la presunción de que el cónyuge abandonado consiente el cese ele la convivencia conyugal si a los seis meses no ha reclamado.

Para este artículo existen tres alternativas. Una consiste en prever la posibilidad de que el cónyuge abandonado no esté de acuerdo, añadiendo la frase «o no hubiera manifestado su voluntad en contrario, previo requerimiento». La segunda alternativa es elevar de seis a doce meses el plazo, y la tercera, que es la que cuenta con más posibilidades, consiste en eliminar la presunción de consentimiento, en cuyo caso el cónyuge abandonante deberá requerir al otro para que exprese su voluntad.

También está prevista la modificación de la disposición adicional sexta, donde se regula el procedimiento para e¡ divorcio cuando existe acuerdo. Esta modificación será remitida al Senado.

Estas no serán las únicas modificaciones, según fuentes de la comisión especial centrista, sino que también se harán retoques, fundamentalmente de forma, para cuidar los puntos que atañen a la religión católica, y en concreto su consonancia con los términos del acuerdo España-Santa Sede).

La comisión centrista ha sentado unos criterios razonables, según comento a EL PAIS Pío Cabanillas, miembro del grupo y ministro de la Presidencia. Según él, la ley en conjunto es razonable, y por eso la mantiene el Gobierno, salvando los dos puntos dudosos del artículo 8.2.5 y la disposición adicional sexta. (Véase puntualización de Oscar Alzaga en página 9.)