Debilidad de la economía española de cara a la integración en el Mercado Común

La constatación de la debilidad estructural de nuestra economía frente a la de la Comunidad Económica Europea y la exigencia de plazos y ayudas para la práctica totalidad de los factores económicos, como condición previa a nuestro ingreso en el Mercado Común, son los rasgos más destacados del estudio La economía española ante el Mercado Común: los grandes parámetros, elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Este estudio, hasta ahora no revelado, constituye la segunda parte de otro anterior titulado Planteamientos de base para una adhesión posible (véase EL PAIS del 21 de enero pasado), que ha elaborado la gran patronal española sobre nuestra entrada en la CEE.

La CEOE, tras constatar que «la energía se ha convertido durante los últimos años en una fuente de desequilibrio económico y de incertidumbre a nivel internacional», señala que «el efecto de la crisis energética sobre nuestra economía ha sido más intenso que el experimentado por otros países europeos».

Esta realidad se debe, según la CEOE, «al elevado peso relativo que tienen en la economía española las industrias altamente consumidoras de energía, mayor que en otros países más industrializados» y «a la dificultad y alto coste que conlleva el efectuar a corto plazo los ajustes necesarios en la estructura de producción para acomodarla a los nuevos precios del petróleo».

Como consecuencia del «fuerte aumento de la factura petrolera, los términos de intercambio han venido evolucionando en una forma marcadamente negativa, lo que actúa como factor limitativo potencial de crecimiento de nuestra econornía, al menos en un horizonte temporal de varios años».

La CEOE insiste en que es esencial el que se aplique cuanto antes el Plan Energético Nacional (PEN), aunque reseña ya dos desviaciones en el mismo, consecuencia del excesivo optimismo en la previsión del crecimiento económico (4% para el período 1979-1987) y del mayor volumen en las importaciones de carbón. «Aparte de ello, se producirá un considerable retraso en la entrada en servicio de los nuevos grupos nucleares».

El estudio considera que las planificaciones energéticas de España y la CEE «son perfectamente convergentes. Sin embargo, esta similitud puede ser más aparente que real, debido a que no se han instrumentalizado con la debida celeridad todas las medidas necesarias para el desarrollo integral del PEN español».

No obstante, y según la propia CEE, el esfuerzo de financiación de inversiones energéticas deberá ser mucho más intenso en nuestro caso que en el de los países miembros del Mercado Común, lo que reducirá nuestras inversiones productivas en otros sectores.

No parece posible que España logre alcanzar los niveles de inversión en el sector energético propuestos por el PEN o la CEE, «a no ser que para ello contara con apoyos que pueden prestar las diversas instituciones financieras comunitarias, y especialmente, con los préstamos del Banco Europeo de Inversiones».

«Si ¡a dependencia energética exterior de España resulta preocupante, no lo es menos el déficit tecnológico», afirma el documento de la CEOE. Para recordar a continuación que «el desarrollo industrial español, iniciado en los años sesenta, se ha basado en buena medida en la importación, tanto de capitales como de tecnología, fundamentalmente de EE UU y Europa».

España importó en 1979 tecnología por un valor de 34.700 millones de pesetas (en torno al 0,3% del PIB, una de las tasas más elevadas del mundo), mientras que las exportaciones por igual concepto sólo alcanzaron 7.640 millones de pesetas.

El documento de la CEOE afirma que « la adhesión de España a la CEE en las circunstancias actuales daría lugar a una mayor demanda de tecnología, puesto que, al ser escasa la española, se necesitaría de la extranjera para proseguir el desarrollo y mantener al menos la competitividad en un mercado interior, que se hará más duro a consecuencia de la supresión de obstáculos a las importaciones. La solución a corto plazo parece difícil. Se ha hecho tan poco por crear tecnología propia que ahora es imposible en unos pocos años resolver un problema de decenios, en el que están involucrados factores de la más diversa índole».

La CEOE habla de la necesidad de seleccionar bien la tecnología a adquirir, y de la exigencia de reestructurar los organismos estatales dedicados a la investigación.

«Finalmente es de prever que el endurecimiento de los mercados internacionales hará cada vez más difícil para España obtener de los países más adelantados la tecnología que precisa para continuar su desarrollo. Los países faltos de fuentes energéticas propias y escasos en materias primas importantes sólo podrán conservar sus actuales posiciones si consiguen impulsar una tecnología propia».

Impacto de la legislación sobre medio ambiente

La extensión a España del principie, «quien contamina, paga», que se deduce de la legislación comunitaria sobre medio ambiente, «supondría un mayor incremento que en la CEE del coste de las instalaciones y de los tratamientos necesarios para la protección del medio ambiente. En efecto, los efluentes líquidos que se vertieran en los ríos españoles habrían de ser objeto de más severas purificaciones, dado el más bajo caudal y la más pronunciada estacionalidad de éstos en comparación con los cursos de agua comunit.aria».

En cualquier caso, afirma la CEOE, la « asunción por España de las normas comunitarias sobre defensa del medio ambiente no se podrá llevar a cabo sino de manera progresiva, a lo largo del período de transición, de tal manera que sólo al término de éste sean de plena aplicación a nuestro país. Otra cosa no sería posible, dado el muy considerable esfuerzo y los muy elevados costes que, para no pocos sectores industriales, implicará la adaptación de sus procesos productivos e instalaciones a la normativa comunitaria». Más adelante, la CEOE pide unas ayudas para la adopción de la industria española que sean tan generosas al menos como las que se han dado a las de los países de los diez.

Empleo y productividad

«Los efectos de la crisis ecoInómica iniciada en 1974 han tenido especial intensidad sobre el factor trabajo. La limitación o práctica paralización del crecimiento, así como la inflación y las medidas económicas restrictivas, influyeron decisivamente en España sobre los elementos conectados con este factor de la producción: el desempleo, la productividad, el saldo migratorio, la tasa de población activa y su composición, etcétera, quebrándose una tendencía de años anteriores hacia su equiparación con la situación de tales parámetros en la CEE y deteriorándose, por tanto, nuestros niveles de competitividad».

La CEOE afirma que nos encontramos aún lejos de alcanzar un sistema flexible de relaciones laborales y un nivel de productividad del factor trabajo que sean totalmente homologables con los existentes en la CEE. El documento plantea a continuación una serie de objetivos para lograr una adhesión no traumática y que deben ser adoptados previamente a nuestra entrada.

Entre estos objetivos figura el desarrollo de la inversión privada, «para lo que es condición ineludible el que la participación del factor trabajo en la estructura de la renta nacional se normalice y que la del excedente empresarial se recupere». «Una mayor independencia y flexibilidad en la fijación de precios del factor trabajo, en función de la situación del mercado mismo». «El aumento de los gastos de inversión de la Administración, a costa de los meramente consuntivos, sin que ello suponga estímulo al gasto público». Incentivos para contrataciones temporales, a tiempo parcial, de formación o en prácticas. Y una política decidida y coherente de desarrollo regional.

Empresa pública

Las empresas públicas europeas «han venido actuando dentro de un marco institucional de mayor libertad y flexibilidad económicas que las españolas, y cumpliendo con unas funciones de política económica más concretas y con objetivos más clarificados. Ante la incorporación a la CEE, se hace preciso aproximar la estructura, fines y modos de actuación de la empresa pública española a sus homólogas europeas».

En cuanto a la dimensión de las empresas privadas, el documento explica que las españolas son de mayor dimensión que las de la CEE, aunque se asemejan a las que tenían Italia y Francia en el inicio del proceso de integración. «Cabe esperar que la estructura dimensional de la industria española se llegue a ajustar al nivel requerido por las características de la CEE si cuenta con los plazos y apoyos necesarios para proceder a tal adaptación».

Inadecuada estructura de la demanda

El documento se ocupa a continuación de la demanda agregada española en comparación con la de la CEE: «La participación del consumo en el PIB es mucho mayor en España que en la CEE»; el crecimiento del consumo público ha sido general, pero mientras la CEE ha cubierto la reducción del consumo privado, en España «se ha realizado principalmente en perjuicio de la formación bruta de capital»; «la participación de la formación bruta de capital en el PIB se encuentra en España en niveles inferiores a los comunitarios», y «la apertura al exterior está aún muy lejos de alcanzar los niveles de la CEE».

Para la CEOE, desde el punto de vista maeroeconómico, el tema esencial del período transitorio debe ser «la ape rtura de mercados. europeos a las exportaciones de bienes y servicios españoles que permitiera un desarrollo más adecuado del sector exterior, en base a condiciones de reciprocidad y a un manejo ordenado de la balanza de pagos por cuenta corráente».

Por otra parte, añade CEOE, la consecución de una nueva estructura de la dema nda agregada y el logro de cotas más elevadas de racionalidad en el aparato productivo exigen un replanteamiento del actual sistema financiero español.

Financiación y sector exterior

El documento de la CEOE hace referencia a los cambios experimentados por la política económica española en los últimos años, que han dado lugar a drásticas variaciones en la estructura y en el coste de la financiación de la economía nacional.

«Los flujos de financiación al sector privado muestran claramente los efectos de los cambios de política monetaria, a través de una fortísima contracción en 1978, que sólo recuperó el nivel de 1977 en 1979. Por su parte, el sector exterior ha contribuido eficazmente a la financiación del sector privado, pero más por la vía de crédito que por la de inversión directa».

La disminución del volumen de financiación, consecuencia indirecta del proceso inflacionario, forzó la demanda de préstamos a corto plazo, «lo cual acarreó un acortamiento importante de la estructura temporal, de la financiación del sistema y facilitó el aumento del coste del pasivo». CEOE indica más adelante que « los flujos de financiación disponibles al sector privado se han contraído en más del 40% en términos reales desde 1976 a 1979. Esta reducción, unida al hecho de que solamente un 10% de dicha financiación está constituida por fondos a largo plazo, se refleja en la estructura financiera de las empresas».

El nivel de autofinanciación de la empresa española es muy bajo (un 25% o un 30% de la inversión anual inmovilizada). «Muchas empresas están generando unos volúmenes de beneficios que son interiores a sus costes de financiación ajena, lo que puede conducirlas a suspensiones de pagos y quiebras».

El documento, tras criticar la tinanciación del sector público en algunos aspectos ya reiterados por CEOE en múltiples ocasiones, se ocupa del sector exterior. «Destaea, en la estructura de nuestros intercambios comerciales, la fuerte dependencia de las importaciones y exportaciones españolas con respecto a la CEE -en torno al 35% y al 46%, respectivamente-, en contraste con el aún escaso peso relativo de España en el conjunto del comercio comunitario, a pesar de que haya ido aumentando paulatinamente».

El futuro apurita a «un creciente saldo comercial negativo, cada vez más difícil de equilibrar con las entradas por turismo y transferencias de emigrantes, aunque, en cambio, es posible que la balanza de capitales se comporte de manera más favorable con motivo de la entrada en el Mercado Común». La adhesión dará lugar a un fuerte déficit en contra de España, a no ser que antes se logre aumentar nuestra competitividad y se nos otorgue desde el comienzo del período de transición un régimen libre de acceso al mercado comunitario para nuestros productos agrícolas.