Se inicia en Canadá el debate parlamentario sobre la Constitución
La Cámara de los Comunes de Canadá inició en Ottawa el debate de la que podrá ser la primera Constitución del país sin condicionamientos poscoloniales.La oposición conservadora en el Parlamento, por entorpecedora que pretenda ser, no podrá sino retrasar el plan del Gobierno liberal en esta nueva etapa constituyente, pues liberales y «neodemócratas» (socialdemócratas) forman una cómoda mayoría afin al texto ya leído y enmendado hasta el viernes pasado por un comité mixto de diputados y senadores en funciones de tribunal constitucional.
El Gobierno, en cualquier caso, pretende no sólo que su texto salga airoso de esta etapa, sino también conseguirlo en el menor tiempo posible, antes que las audiencias de seis de las diez provincias -cuyos Gobiernos regionales se oponen al proyecto- puedan fallar en contra de la constitucionalidad de la reforma, lo que sí retardaría, hasta ponerlo en peligro, el plan de Ottawa.
Los conservadores y los secesionistas de la provincia francófona de Quebec consideran que el del primer ministro, Pierre Trudeau, reduce la tradicional autonomía regional, por más que no discutan la necesidad de una reelaboración autóctona de la carta otorgada por el Reino Unido a la «América del Norte británica» en 1867.
En sucesivas adaptaciones de aquel documento, Canadá siempre mantuvo una subsidiariedad formal respecto al legislativo británico en lo que respecta a la reforma de sus leyes fundamentales.
Todavía en 1931, fecha de la más reciente readaptación constitucional del texto vigente hasta hoy, se reforzó la interpretación tradicional de que la federación canadiense resulta de la «voluntad libre de sus provincias».
Carta otorgada
El texto constituyente del Gobierno es básicamente la carta otorgada británica, pero la inclusión de un preámbulo en forma de «carta de derechos ciudadanos», de la más pura tradición americana, rompe con los moldes jurídicos británicos (Common Law), otorga la soberanía plena a los poderes federales y elimina de hecho la condición de «depositarios de la Constitución» en los Gobiernos provinciales,El proyecto de Trudeau se completa con una fórmula de nuevas enmiendas constitucionales para el futuro, que ya no necesitarán -como ocurre ahora- la aprobación formal del Parlamento británico.
El Gobierno conservador británico comenzó en las últimas semanas a considerar la oposición de esa mayoría de provincias canadienses al proyecto, especialmente ante signos de agitación en el Partido Laborista.
La reacción de Ottawa fue inmediata y de singular violencia, tanto cuando se expresó en forma de declaraciones oficiales a la Prensa local e internacional como cuando emitió éstas «por vía diplomática».
Las acusaciones de injerencia británica en los asuntos internos de Canadá del Gobierno de Trudeau llevaron a Londres incluso a cesar en su puesto a uno de los principales señalados, el embajador británico en Ottawa, sir John Archibald Ford.
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