Campaña para la reapertura del sumario de Yolanda González en el aniversario de su asesinato

La campaña a favor de la reapertura del sumario por el asesinato de Yolanda González, promovida por el Partido Socialista de los Trabajadores, del que aquella era militante, y a la que se han adherido otros partidos políticos y los abogados que llevan la acusación particular en representación de sus familiares, culminará con la entrega de un pliego con miles de firmas al ministro de Justicia y al presidente del Consejo General del Poder Judicial mañana, día 2 de febrero, fecha en que se cumple el primer aniversario del asesinato de la joven dirigente estudiantil.

En una conferencia de Prensa celebrada el pasado viernes, los abogados de la acusación particular, José Mariano Benítez de Lugo y José María Mohedano, y dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores (este partido está personado en el sumario en ejercicio de la acción pública), expusieron los motivos técnico-jurídicos y políticos que exigen la reapertura del sumario, declarado concluso el pasado mes de octubre por el juez instructor Ricardo Varón Cobos, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.A lo largo de la conferencia de Prensa, los abogados de la acusación particular dirigieron fuertes críticas a la actuación en las diligencias sumariales del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ibáñez, que acaba de calificar los hechos ocurridos hace ahora un año en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias (dos disparos en la sien de la víctima, a medio metro de distancia, en plena noche, según el dictamen médico-forense, que consta en el sumario) como un delito de homicidio, y no de asesinato.

En primer lugar, los abogados de la acusación particular mostraron públicamente su disconformidad con la actuación del juez en la tramitación del sumario, tanto en cuanto a los hechos recogidos como a las consecuencias jurídicas de los mismos y a la forma de llevar el sumario.

En cuanto al primer punto, los abogados pusieron de manifiesto que el juez ha olvidado las diecisiete veces que Emilio Hellín se refirió en sus declaraciones a David Martínez Loza, jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva, como la persona que daba órdenes al comando y que proporcionaba las armas. La consecuencia de ello -y este sería el segundo punto de disconformidad de los abogados con el juez- es que éste no establece ninguna relación directa entre David Martínez Loza y los hechos que concluyeron con el asesinato de Yolanda González.

En cuanto a la forma de llevar el sumario, los abogados relataron varios hechos: declaración extrañamente voluntaria ante el juez de David Martínez Loza; procesamiento del grupo formado por Emilio Hellín. Ignacio Abad, Félix Pérez Ajero y Ricardo Prieto cuando todavía el sumario era secreto para los querellantes y, finalmente, la suspensión de una última declaración de Emilio Hellín, que la acusación particular consideraba fundamental para el esclarecimiento de los hechos.

«No hemos visto al fiscal»

En cuanto al fiscal, los abogados de la acusación particular concretaron: «No le hemos visto en las diligencias sumariales». A este respecto manifestaron que no ha intentado investigar la verdad o falsedad de las declaraciones de Emilio Hellín sobre la intervención a nivel directivo y organizativo de David Martínez Loza en los hechos, no ha escuchado ni siquiera las cintas magnetofónicas intervenidas a los procesados y no ha estado presente en las declaraciones ante el juez de algunos testigos propuestos por la acusación particular. Finalmente, los abogados añadieron que ha calificado de homicidio los hechos, cuando las circunstancias de los mismos, según están recogidas en el sumario, apuntan al asesinato.Los dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores presentes en la conferencia insistieron, por su parte, en que el sumario por el asesinato de Yolanda González no es un caso más, ya que a través de él «se puede profundizar en las conexiones de miembros de los aparatos de seguridad del Estado con organizaciones ultraderechistas». Finalmente anunciaron que el Grupo Parlamentario Comunista va a presentar próximamente en el Congreso de los Diputados varias preguntas al ministro de Justicia sobre el sumario y su tramitación, entre ellas una que inquiere cómo puede ser que dos de los procesados, Ricardo Prieto y Félix Pérez Ajero, sobre los que pesa una orden de busca y captura, pueden llevar una vida normal en sus domicilios desde hace varios meses.