El transporte en las áreas urbanas

Es un hechoque actualmente casi la mitad de la población española habita en áreas urbanas. Del orden de quince millones de personas viven en municipios de más de 50.000 habitantes.La tendencia de los últimos decenios en Espaiía ha sido de crecimiento de dichas áreas urbanas y de estancamiento o decrecimiento de los núcleos rurales. Hoy, esta tendencia persiste, aunque notablemente frenada por múltiples causas. En consecuencia, la población afectada por la problemática de las áreas urbanas, y en particular por las insuficiencias del transporte, seguirá en aumento.

Puede estimarse que más de doce millones de horas diarias se dedican a desplazamientos en áreas urbanas, utilizando medios mecanizados: coches, autobús, metro o ferrocarril. De la importancia de esta cifra, da idea el que es equivalente al número dia'rio de horas de producción de 1.500.000 personas, orden de magnitud del paro actual en España.

Resumidamente, el problema del transporte urbano puede caracterizarse por los siguientes rasgos:

- Continuación del aumento, a corto plazo, del número de habitantes.

- Incremento de la tasa de motorización, aunque atenuado respecto al de años anteriores.

- Aumento del número diario de viajes por persona. en medios mecanizados.

- Decrecimiento del número de viajes por habitante, en medios de transporte colectivo.

- Déficit crecientes en dichos medios.

- Alta congestión viaria, elevado consumo energético y niveles de contaminación atmosférica, ruido e intrusión visual que, en muchas áreas, comienzan a ser difícilmente soportables.

La continuación de las tendencias anteriores conducirá -y de hecho ya se notan claros síntomas de ello- al fracaso del fin básico de la ciudad: permitir una mayor interrelación social y el disfrute de más amplias oportunidades de trabajo y de actividades culturales y de esparcimiento.

En la mayor parte de los países democráticos desarrollados se han tomado diversas medidas para mejorar las condiciones del transporte en las áreas urbanas, que, si bien no pueden traspasarse sin más a las ciudades españolas, pueden constituir un catálogo digno de considerar. Nos referimos a algunas de las grandes líneas de posible actuación.

- Planificación de los transportes. Son escasas las ciudades españolas para las que se ha realizado un estudio integral de transportes. Las dos mayores ciudades, Madrid y Barcelona, no cuentan con una planificación de este tipo. La propuesta final de un estudio integral debe consistir en un plan de transporte a un horizonte temporal amplio, de unos veinte años, pero debe analizar y dar solución también a los problemas de corto plazo: ordenación del tráfico, política de aparcamientos, participación de los distintos modos en las diversas coronas y corredores de la ciudad, reestructuración de líneas y servicios, inversiones urgentes, etcétera.

Fomento del transporte colectivo

Con carácter general se ha reconocido que la estructura de las ciudades europeas no permite la libre elección de modo de transporte por el usuario, sin provocar graves costes a la comunidad: Por ello se han adoptado medidas de fomento de los medios de transporte colectivo. Entre ellas, aparte de las de carácter económico, que se citarán más adelante, pueden indicarse:

La construcción de aparcamientos de disuasión, la creación de carriles sólo bus-taxi, la construcción de centros de transbordo, la mejora de la calidad y comodidad del transporte colectivo, el fomento de la agrupación de viajeros con análogos orígenes y destinos (car-pools), la limitación de aparcamientos en calzada, la construcción de enlaces ferroviarios y la reconversión de algunos tramos del ferrocarril en un medio de transporte urbano o suburbano, el control de tráfico por ordenador con información al usuario de itinerarios o vías congestionados, etcétera.

Algunas de estas medidas son prácticamente inéditas en las ciudades españolas, y otras, al haber sido adoptadas sin un plan de conjunto, han sido aplicadas de forma, parcial e ineficaz. En general se echa de menos una profesionalización de los servicios minicipales de transporte, frecuentemente infradotados en recursos humanos y materiales.

- Actuaciones de carácter económico. Merecen destacarse dos de especial importancia, que no han sido prácticamente implantadas en España:

- La determinación del porcentaje de cobertura de los costés de los transportes colectivos por las tarifas, y, en su caso, la compensación programada previamente, de los déficit.

- La coordinación tarifaria entre modos de transporte, para que el usuario no tenga que Pagar un billete cada vez que utiliza un modo de transporte en un mismo desplazamiento. Hasta no lograr esta unificación tarifaria, no puede decirse que exista realmente una red urbana de transportes.

- Medidas de carácter organizativo y legal.

Bajo muy diversas formas se está extendiendo fuera de nuestro país, cada vez a un mayor número de ciudades, la creación de una autoridad única del transporte para un área determinada. A nivel político suelen estar representados en estos organismos, la Administración central, la regional (lander, states, etcétera,) y la de los municipios del área. En el escalón técnico intervienen, en su caso, los ferrocarriles estatales, las empresas de autobuses y las cpmpañías de ferrocarriles metrcpolitano y suburbano.

Es imprescindible una ley marco

La adoptación de muchas de las medidas sugerídas no es, sin embargo, fácil dentro de la legislación española vigente. Por ello parece imprescindible la promulgación de una ley marco que ordene, entre otros, los aspectos antes. citados y establezca el cauce legal para las restantes medidas de carácter operativo. Sin ella y sin la adecuada normativa para la financiación del transporte en las ciudades, este problema seguirá siendo una causa diaria de crispación de los ciudadanos.

Aunque el problema del transporte urbano no sea comparable en dimensión política a los considerados prioritarios en los recientes debates parlamentarios, su importancia no debería ser minimizada. Además, parece existir entre los distintos partidos con representación parlamentaria un elevado nivel de coincidencia en este tema -no exento, obviamente, de algunas discrepancias-, según se deduce de los documentos publicados por dichos partidos. Ello hace prever la posibilidad de que una ley marco del transporte urbano fuera aprobada con amplio apoyo parlamentario, cosa, por otra parte, conveniente, dado que su aplicación afectará a la Administración central, regional y municipal, y que, en cada una de ellas, la responsabilidad de los distintos partidos políticos es diferente.

El establecimiento de un marcó legal adecuado para la resolución de un problema que afecta diariamente a una parte importante de la población española, y de forma esporádica a la casi totalidad de ella, podría ser uno de los puntos en que se apoyase la tan necesaria reconciliación entre la clase política y el pueblo -hoy manifiestamente alejados, como se ha evidenciado en las últimas consultas electorales y referendos- al permitirle com probar a éste que en las Cortes se abordan los problemas que direc tamente le afectan.

Confiemos en que los responsables de la política española coincidan en la apreciación de la magnitud del problema del transporte urbano y comiencen a adoptar medidas que encaucen su posible resolución, y en particular la que debería servir de soporte de todas ellas: la promulgación de una ley marco del transporte urbano.