Escaso eco de la huelga de celo de los farmacéuticos
La huelga de celo acordada por la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos que entró ayer en vigor no fue aplicada a raja tabla por todos los farmaceúticos que se encontraban de guardia. La aplicación estricta de la ley permitía a estos profesionales expender medicamentos durante las horas del servicio sólo con receta de urgencia; esta exigencia fue rebajada por el mismo Colegio a la petición de cualquier receta, en tanto se reanudan las conversaciones con el Ministerio de Sanidad para que solucione los problemas económicos del sector, originados en parte por los turnos de urgencia.
EL PAÍS visitó a primera hora de la madrugada diversas farmacias de los distritos de Salamanca, Ventas, San Blas, Canillejas, Chamartín, Hortaleza y Canillas, y obtuvo una respuesta desigual, aunque mayoritariamente favorable a la venta de cualquier fármaco que solicitase el cliente. Concretamente en un establecimiento, el auxiliar estaba dispuesto a vender una caja de un complejo vitamínico sin necesidad de receta, y en otro, el farmacéutico no puso ningún reparo para expender sal de frutas, y acababa de vender tres botellas de agua mineral. En ambos casos señalaron su respeto a la norma del colegio, pero indicaron que en conciencia no se podían negar a despachar muchos productos que eran solicitados sin receta. «Algunos médicos recetan por teléfono, y no vamos a negar un medicamento, que puede ser muy necesario, por no ir acompañado de una receta», manifestó uno de los profesionales consultados.Sin embargo, en otra farmacia visitada, la persona que cubría el servicio de urgencia se negó a vender ningún medicamento que no fuese solicitado con su correspondiente receta. En ninguno de los establecimientos visitados se habían producido incidentes.
Esta variedad de opiniones se vio reflejada en que en algunas farmacias no se exponía públicamente el comunicado del colegio profesional, en el que se explican los motivos de la medida adoptada a raíz de la denegación oficial ante la solicitud para cobrar doscientas pesetas por cada servicio realizado durante el turno de urgencia.
Aplazamiento del canon
El hecho de aplicar ante esta respuesta oficial una orden del 5 de mayo de 1965 «no significa que el Colegio haya echado marca atrás», según manifestó ayer a EL PAÍS el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Pedro Gómez de Agüero.
Según manifestó Gómez de Agüero, el próximo día 7 se reanudarán las conversaciones con el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, con el fin de establecer la forma en que se va a solucionar el problema. «No se puede decir, por tanto, si el problema podría ser arreglado con un canon, con una subvención u otra fórmula».
Esta posibilidad de que el Estado subvencionara el servicio de urgencia prestado por las farmacias ya fue mencionada en la conferencia de Prensa que el colegio profesional dio hace dos semanas; entonces se dijo que los farmacéuticos que hicieran turnos de urgencia tendrían que cobrar una cantidad extra, como los médicos de urgencia de la Seguridad Social.
Además del anuncio de la reanudación de conversaciones, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos informó que se había decidido sustituir la exigencia de la receta médica de urgencia por la petición de una receta cualquiera.
Por último, y ante la posibilidad de que algunos asociados no aplicaran el acuerdo, manifestó que «los farmacéuticos son los que aprobaron la medida de pedir un canon como honorario extraordinario en una junta general, y deben ser los que se responsabilicen del tema. El Colegio sólo ha recogido estas peticiones y las ha expuesto».
Interpelación parlamentaria
El diputado del PSOE Ciriaco de Vicente ha presentado a la Mesa del Congreso cuatro preguntas al Gobierno sobre el tema, en las que solicita saber cuál es la naturaleza jurídica de la aportación de doscientas pesetas y la norma legal, si es que existe, que permita su aplicación. Asimismo pregunta sobre qué organismo de la Administración es competente para decidir sobre la legalidad de dicha aportación, si existen precedentes oficialmente aprobados en alguna otra provincia y qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno sobre el mencionado tema.
