Aprobada por amplio margen la gestión de la ejecutiva madrileña del PSOE
El comité regional de la Federación Socialista Madrileña no sólo aprobó la gestión de la ejecutiva provincial por amplio margen, lo que, como tema político, habría acaparado la atención de la opinión pública, sino que además aprobó las directrices que debe desarrollar la Diputación Provincial en el próximo ejercicio. Entre éstas cabe destacar la decisión de suprimir la clínica privada que funciona en el seno de la Ciudad Sanitaria Provincial, y que fue una de las principales razones esgrimidas durante el proceso de destitución de Carlos Revilla como presidente dio dicho organismo.
A lo largo de ese proceso, quedó clara la idea mayoritaria de que es el partido quien debe marcar la política administrativa y de gestión en los organismos locales dirigidos por socialistas.En cuanto a la sanidad, el comité regional se remite a los postulados del 28º Congreso del PSOE. Aplicándolos al caso concreto de Madrid, se valora el hecho de que la Diputación tenga actualmente competencias mínimas en el tema sanitario, y que la Seguridad Social no haya desarrollado una serie de centros comarcales, de atención y preventivos, que haga innecesario los traslados de enfermos a la capital. En este aspecto, la Diputación tendrá que estudiar la elaboración de un mapa sanitario, así como las transferencias encubiertas a través habrá que recabar de la Administración central antes o durante el período preautonómico. En una primera fase se habilitarían como hospitales comarcales edificios propios de la Diputación.
En cuanto a la Ciudad Sanitaria Provincial, el comité regional valoró muy negativamente la existencia de una clínica privada en su seno, teniendo en cuenta además que nadie conoce exactamente el volumen de horas de trabajo pagadas por la Corporación y dedicadas realmente a actividades privadas, así como la utilización de instrumental público, ni el régimen fiscal en que se realizan dichas actividades. Como conclusiones, el comité regional aprobó la desaparición de la clínica privada, dado que «ninguna actividad privada puede ser financiada directa o indirectamente por una institución pública, utilizando sus fondos para generar transferencias encubiertas a través de falsas imputaciones, sistemas incorrectos de tarificación o tolerancia laboral».
La Ciudad Sanitaria Provincial, de acuerdo con estos principios, podrá admitir enfermos privados, pero éstos lo son del hospital, y no del médico en particular, por lo que las facturas se ingresarán en la cuenta pública. El comité regional discutió también la política de personal, que en la Diputación es ahora otro de los grandes problemas pendiente. A este respecto, se acordó, como líneas generales, estudiar a fondo las necesidades reales en materia de personal.
En cuanto a los criterios de inversión para 1981, en la delegación de cooperación y coordinación, el comité señaló que aproximadamente el 60% de los 1.500 millones de pesetas que alcanzará el presupuesto debe destinarse a transferencias y préstamos a los municipios, un 15% a imprevistos y actuaciones puntuales, y el restante 25% a actuaciones de ámbito global. El presupuesto extraordinario de inversiones, que oscilará alrededor de los 4.000 millones, se repartirá en un plan especial para equipamientos básicos destinados a los pueblos de más de 20.000 habitantes, y el resto a los demás municipios.
Censuras particulares
Estas líneas generales de lo que debe ser el programa de acción de la Diputación para el próximo ejercicio, según los socialistas, fueron remitidas el lunes por José Acosta, vicesecretario general de la FSM, al comité provincial del PCE, para que éste las discuta y, si las estima correctas y de acuerdo con el pacto municipal, las asuman. Fuentes del comité Provincial comunista declararon a EL PAIS que las propuestas coinciden, sustancialmente con sus propias ideas, por lo que no se esperan problemas.En la mañana de ayer se reunió el consejo de gobierno de la Diputación Provincial, formado por cuatro socialistas y dos comunistas. El consejo lo preside José María Rodríguez Colorado, quien se mostró plenamente conforme con el planteamiento de que sean los partidos políticos quienes marquen las directrices generales de aplicación de sus programas en los órganos de la Administración local. Los diputados corren con los trabajos de adecuar esas directrices a las circunstancias concretas de cada caso.
En el aspecto puramente político, el comité regional registró un enfrentamiento entre los sectores críticos de Fernando Burgos y Alonso Puerta contra los partidarios de la ejecutiva presidida por Joaquín Leguina. El resultado fue 103 votos en apoyo de la, gestión de ésta, frente a 65 en contra y dieciséis abstenciones. Los veintidós miembros que componen la ejecutiva no pueden votar cuando es su gestión la que se somete al comité.
A lo largo, del debate, Juan Garcés mantuvo, ya perdida la votación global, un voto de censura contra dos secretarías en particular: la de acción municipal, presidida por Juan Barranco, y la sindical, presidida por Pedro Fernández. El nuevo debate está previsto para el día 10 de diciembre.
