Los responsables del urbanismo, partidarios de los cascos antiguos

Los responsables políticos de urbanismo de los principales ayuntamientos de Castilla y León han difundido un manifiesto en el que apoyan totalmente al Consejo Regional para un inmediato traspaso de competencias en materia de ordenación territorial y urbana. El manifiesto ha sido presentado coincidiendo con la celebración del I Encuentro de Urbanismo de Castilla y León.Al encuentro asistieron alrededor de 250 técnicos y representantes de los ayuntamientos y diputaciones, junto con enviados de los colegios de geógrafos, arquitectos, aparejadores y equipos de urbanismo de la región. Los actos estuvieron organizados por la Consejería de Urbanismo y Vivienda, que preside el diputado socialista Demetrio Madrid, y por el MOPU, este último a través de sus delegaciones territoriales.

Fueron debatidas un total de cuatro ponencias relacionadas con los nuevos enfoques del planea miento urbano y la incidencia de la crisis económica.

Lo más destacado de estas últimas se refirió a la necesidad de «aprovechar lo existente», en cuanto a cascos antiguos y viviendas deshabitadas, en vez de promover nuevas zonas de expansión que tendrían escasa viabilidad en períodos de crisis. Otra de las cuestiones planteadas en los debates fue la revisión de los planes de urbanismo, todavía pendientes de realización en la mayor parte de los grandes ayuntamientos de la región, y la posibilidad de ir a planeamientos parcelados, en función de las necesidades y reivindicaciones de los grupos ciudadanos.

En general, fueron tratados de forma global los problemas que se plantean actualmente a los ayuntamientos de la etapa democrática o, con especial mención de la propia crisis económica, la creación de suelo público, la legalización de irregularidades urbanísticas heredadas de épocas anteriores y la coordinación de los programas de actuación del Estado y de los municipios en cuanto a viviendas sociales. Paralelamente se denunció el déficit de servicios técnicos y recursos financieros que padece la mayor parte de los ayuntamientos, el contraste entre la política derechista del Gobierno y la de los municipios en manos de la izquierda, y la ausencia de un «modelo urbanístico de Estado». Algunas ponencias fueron particularmente críticas, entre ellas la del viceconsejero de política territorial de la Junta de Andalucía, Guillermo Díaz Vargas, que denunció «una enconada resistencia desde círculos funcionaríales ligados a la corrupción», a gestionar los planes de urbanismo y hacer cumplir la propia ley del Suelo.