Area metropolitana: un urbanismo para todos

La publicación del Real Decreto Ley 11 / 1980 sobre revisión del Plan General del Area Metropolitana de Madrid marca un cambio de rumbo decisivo en el planeamiento urbanístico de Madrid y su entorno, y abre unas expectativas esperanzadoras a los sufridos vecinos del Area.Con este decreto se abre un proceso de revisión y de planeamiento diferente, sustentado en tres pilares: autonomía municipal, participación de entidades políticas y ciudadanos y planificación del crecimiento y del desarrollo, basada en la solaridad intermunicipal.

El Plan General vigente del Area Metropolitana de Madrid data de 1963 y consiste en un gran mamotreto de planeamiento que abarca a veintitrés municipios y cuyas características fundamentales podemos resumir en:

- Un fuerte centralismo: Coplaco asume todas las competencias urbanísticas que en el régimen general tiene el resto de los, municipios, convirtiéndose en amo y señor de las decisiones urbanísticas en el Area.

- Una carencia de participación política y ciudadana en las decisiones urbanísticas.

- Una nula o, cuando menos, deficiente planificación del crecimiento poblacional.

Las consecuencias de este Plan General del Area Metropolitana las conocemos todos por excesivamente evidentes: caos urbanístico, crecimiento descontrolado, falta de equipamiento, etcétera. Parla, Móstoles, Fuenlabrada, Alcobendas, Getafe, son ejemplos vivos y dolientes.

El cuadro muestra las graves desviaciones que se han producido entre las previsiones del documento-mamotreto y la realidad.

Esta situación provoca que en 1,971 -siete años antes de lo previsto en la ley- el Consejo de Ministros encargue a Coplaco la revisión del plan de 1963 y la redacción de un esquema director.

El encargo se repite en los años 1976 y 1977 sin resultado alguno. Las razones de este incumplimiento son obvias:

a) Una razón política: coincidencia de intereses en mantener el caos urbanístico para seguir sacándole tajada, de las grandes inmobiliarias, el Gobierno de la dictadura y los caciques locales instalados en los ayuntamientos.

b) Una razón técnica: la redacción de un plan que afectaba a veintitrés municipios y a una población de casi cinco millones de personas originaba un retraso tal en la redacción del documento que podría resultar obsoleto ya antes de su aprobación.

Ayuntamiento democrático: una nueva situación

Las elecciones municipales del 3 de abril de 1978 y la victoria en las mismas de la izquierda, y fundamentalmente del PSOE, en Madrid y su alfoz, genera un cambio en la composición de los representantes locales en Coplaco: aumentan en número y generan una dinámica de trabajo y de decisiones diferentes.

El 19 de diciembre de 1979 el pleno de Coplaco aprueba, bajo la presión de los representantes locales, la revisión del Plan General troceada, por fases territoriales y temáticas, y decide elevar una consulta al Consejo de Estado sobre su viabilidad. La decisión es un decreto ley que derogue la legislación que inspira el Plan de 1963 y que devuelva a los municipios sus competencias en urbanismo.

A partir de este momento, cada opción política toma postura sobre el contenido del decreto.

La postura del Gobierno se refleja en el primer borrador del decreto-ley, que trata de mantener el centralismo, a través de unas directrices vinculantes sólo para la Administración central. Lógicamente, este borrador es rechazado.

Otra postura ha mantenido a ultranza una oposición a cualquier tipo de directrices y ha defendido que cada ayuntamiento revise el Plan seguir sus opciones y necesidades.

La opción del PSOE ha sido y es la de una revisión del Plan troceada, en la que los municipios rescatasen sus competencias en materia urbanística, pero ,al mismo tiempo, ha defendido que el Area Metropolitana es un fenómeno complejo y que es necesaria una visión intermunicipal y solidaria.

Los socialistas admitimos unas directrices elaboradas desde los órganos locales contrastadas con la Administración central y vinculante para ambos organismos. Esas directrices son para nosotros una especie de convenio o de acuerdo que marca las reglas del juego en La gestión del planeamiento y una muestra palpable de la solaridad intermunicipal.

Consejo de Municipios

La estrategia de los socialistas para conseguir estos objetivos ha sido la creación del Consejo de Municipios, como órgano de coordinación intermunicipal, como medio de aunar fuerzas y esfuerzos en la batalIa con la Administración central y como instrumento para recomponer la mayoría política municipal reflejada en las urnas del 3 de abril. Con otras palabras, el Consejo de Municipios pone las cosas en su sitio sobre quién dirige la política arbanística en el área metropolitana.

En el Consejo se amplía el área legal a un área funcional, incorporando a los municipios de Fuenlabrada, Móstoles, Acalá de Henares y otros que lo pidan en un futuro. La composición del actual pleno del Consejo de Municipios habla por sí sola: quince representantes del PSOE, cinco representantes de UCD, cinco representantes del PCE y dos independientes.

Desde el Consejo, y con estas premisas, el PSOE tomó la iniciativa en la negociación del decreto ley, con dos objetivos: potenciar la autonomía municipal, rescatando sus competencias, y hacer una planificación racional

El decreto es hoy ya ley y queremos destacar los aspectos más positivos contenidos y conseguidos en el mismo:

1. Rescate de competencias municipales.

2. Considerar el área metropolitana con una visión de conjunto, necesariamente solidaria.

3. Eliminar la situación de prepotencia de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid (Coplaco), quedando limitadas a comisión provincial o central de urbanismo y al papel de interlocutor único del Gobierno para los municipios, a efectos urbanísticos.

4. Se garantiza la coordinación de los municipios con la Administración central, a través de unas directrices conjuntas, que pasan necesariamente por el acuerdo, y que vinculan a ambos organismos.

S. Se financian los municipios a través de transferencias para que puedan revisar el plan.

Decir que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de los habitantes en la ciudad puede parecer genérico y es, por otra parte, asumible desde cualquier posición ideológica. Por esta razón, es necesario matizar qué significa esta afirmación.

Para los socialistas, significa conseguir un mayor equilibrio en el reparto de cargas y beneficios del planeamiento entre las diferentes partes del territorio del área, así como evitar la utilización irracional del suelo como mercancía, centrándose en las crecientes demandas para equipamiento. Significa luchar contra una confección de la ciudad como conjunto de partes diferentes, social, funcional y espacialmente, evitando la dispersión en el crecimiento y trama de la ciudad.

Y queremos señalar algunos peligros, tanto para la elaboración como para la gestión del plan: la descoordinación e individualización de las negociaciones para la compatibilización de los contenidos de cada plan municipal, llevada aisladamente por cada municipio, tiene serios riesgos.

Esa negociación individualizada y descoordinada puede ser rentable de cara al electorado del Ayuntamiento' o de cara a la «batallita» del prestigio, frente a los municipios colindantes, pero tiene el peligro, enorme, de dejar de árbitro de cada situación a la Administración central, es decir, a la derecha, que podría conceder, pactar, premiar o castigar a cada Ayuntamiento por separado, alimentando las contradicciones secundarias en el seno de la izquierda y sacando ganancias de pescadores, en este ancho río, así revuelto, y evitando que la confrontación principal de clases llegue a manifestarse.

En esta guerra de galgos y podencos sabemos ya quién va a ser el vencedor.

Los socialistas creemos en una planificación desde la base, solidaria y colectivamente consensuada, y para ello queremos establecer una coordinación intermunicipal a través del Consejo, donde las decisiones de planeamiento sean tomadas en beneficio del conjunto, antes que en beneficio de una individualidad municipal.

El papel del Consejo de Municipios es, por tanto, no sólo el de dirimir los conflictos intermunicipales que se susciten, sino también el de servir de portavoz y órgano de decisión colectivas en las negociaciones, compatibilización de directrices y proceso de planteamiento, con y frente a Coplado y a la Administración central.