Aprobada la ley de Suspensión de Derechos Individuales

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La máxima preocupación, desde la izquierda, por la aprobación de la ley fue expresada por el comunista Jordi Solé Tura. El socialista Félix Pons puso énfasis en el rechazo de la acusación de fascistas lanzada sobre el hemiciclo por Fernando Sagaseta. «Fascistas son quienes desde la minoría intentan imponer sus criterios».

La explicación del voto favorable a la ley que desarrolla la suspensión constitucional de determinados derechos y libertades fue protagonizada por los diputados Félix Pons, socialista, y Jordi Solé Tura, comunista. Arribos coincidieron en que la ley no era necesaria por imperativo de la Constitución, así como en que el procedimiento seguido había sido excesivamente apresurado. Félix Pons insistió en que, una vez cumplida la responsabilidad que correspondía al Parlamento, es el Gobierno el responsabile del éxito de la ley, mientras que corresponderá al Parlamento controlarlas medidas que se adopten para su aplicación.

El diputado socialísta aseguró que quienes recurren a la violencia de cualquier signo, segando vidas y salpicando de sangre incluso al Parlamento, no sólo atentan contra la seguridad ciudadana, sino que plantean un reto permanente al sistema democrático.

El PCE teme "incomprensiones"

El comunista Jordi Solé Tura se refirió a la gravedad y dificultad del voto de su grupo, «que puede provocar incomprensiones». Destacó que la ley se (Brige contra el terrorismo extremista, incluido el de la derecha. Denunció la ausencia de diputados centristas, «una vez obtenidos los votos», y pidió al ministro del Interior que expusiera ante la Cárnara los datos, en su opinión discutibles, relativos a los resultados obtenidos hasta ahora por el decreto-ley antiterrorista, así como sobre los malos tratos producidos, detenciones indiscriminadas y puesta en libertad por falta de pruebas de detenidos durante diez días.

A continuación intervinieron Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra; Juan Carlos Aguilar, del PSA, y Oscar Alzaga, de UCD. Mientras Aguilar se lirnitó a objetar la competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, Bandrés insistió en este punto preguntando si los ueces vascos no son jueces, y se extendió en un dure, ataque contra el texto aprobado, del que dijo que «se dirige al sospechoso, y es la policía la que dice quién es sospechoso».

También dijo que prefería un estado de excepción formal a este «estado de excepción para unas personas muy concretas». Su afirmación de que para entender esta ley hay que ser preso, abogado defensor o policía, fue contestada por el centrista Alzaga, quien le replicó que se había olvidado de las víctimas, «y hay cosas que esta Cámara no debe olvidar». La afirmación del portavoz centrista fue acogida con murmullos de aprobación de algunos de los presentes.

El turno de explicación de voto lo inició, por Coalición Democrática, Manuel Fraga, quien estimó que el texto de la comisión era mejor que el aprobado y que el sistema para buscar el consenso no había sido bueno. Afirmó que la ley no agota las posibilidades del artículo 55,2 de la Constitución y rechazó la acusación de fascismo.

Explicación de voto

En nombre de la Minoría Catalana, Miguel Roca expresó la necesidad de garantizar también la libertad de los ciudadanos presuntamente culpables en virtud de la ley aprobada. Aseguró que el texto progresaba suficientemente sobre el decreto-ley vigente y significa un paso adelante para garantizar la seguridad con libertad. Al cierre de esta edición continuaban las intervenciones.

El debate sobre la ley que suspende derechos constitucionales se inició con la defensa de sendas enmiendas a la totalidad por parte de Fernando Sagaseta (Unión del Pueblo Canario) y Juan María Bandrés (Euskadiko Ezkerra). Ambos diputados abandonaron el hemiciclo cuando se pro dujo la votación y se dirigieron a la tribuna de público, aunqpe más tarde regresaron a sus escaños. Ambas enmiendas fueron rechazadas por seis votos a favor, 292 en contra y ocho abstenciones.

Fernando Sagaseta estimó que constituye una burla hurtar al juez del lugar el conocimiento de las causas en materia de terrorismo, además de una falta de confianza en la judicatura española. Denunció, frente al terrorismo a cara descubierta, el terrorismo solapado y amparado institucionalm ente. Concretamente, aludió al aparato policial al servicio de la minoría y del gran capital. Negó legitimidad a la cámara, una vez aprobada esta ley para hablar de derechos humanos.

Juan María Bandrés se remontó al referéndum constitucional para asegurar que la oposición de su partido se basó de modo especial en el artículo 55.2, consensuado durante el proceso constituyente Manifestó que sólo la justicia debe tener el monopoli.o de la coer ción. Recordó que el derecho del detenido a no declarar continúa en vigor, y que los siete días de prórroga para la detención gubernativa no pueden tener otro alcance que el de arrancar la declaración que no se quiso hacer voluntaria mente a través de sufrimientos físi cos o mentales o intimidaciones En cuanto a la incomunicación, la estimó conveniente en algunos ca sos, pero sólo si la ordena el juez natural en una cárcel, no el minis tro del Interior en una comisaría.

Por UCD, Lorenzo Olarte ma nifestó que esta ley puede impedi una ley de defensa de la democra cia como la que se vio, obligada a promover la República. Un grupo de diputados centristas le aplaudió con participación también, con gran expresividad, del vicepresidente primero del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado.