Dictaminado el proyecto de ley sobre seguridad ciudadana

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley orgánica sobre los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución, referidos a la seguridad ciudadana, que sustituirá a la ley Antiterrorista vigente, en virtud de un decreto-ley de diciembre de 1979, que prorrogó la ley de 1978, inicialmente prevista para un año. Los centristas contaron con el apoyo de Coalición Democrática y Minoría Catalana, mientras que socialistas, comunistas, PNV y andalucistas votaron en contra de casi todos los artículos que desarrollan el 55 de la Constitución, sobre suspensión de derechos y libertades en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La ley, tramitada por procedimiento de urgencia, impedirá que el Parlamento convalide un nuevo decreto-ley de prórroga. El debate estuvo centrado sobre la adecuación de la nueva ley a la Constitución, tras ser rechazada la enmienda a la totalidad del proyecto, defendida por Gerardo Bujanda (PNV), quien se alineó con la izquierda enla mayoría de las votaciones. En cambio, el diputado de la Minoría Catalana Miguel Roca votó casi siempre con UCD y CD.La tónica general de la sesión se rompió al llegar al artículo que atribuye a los juzgados centrales de instrucción y a la Audiencia Nacional el conocimiento y fallo de las causas derivadas de acciones que atenten contra la seguridad ciudadana. Los partidos de ámbito estatal UCD y PSOE votaron juntos a favor, mientras que lo hicieron en contra nacionalistas vascos y catalanes, andalucistas y comunistas. El argumento aportado por Roca para descolgarse del voto afín a los centristas fue que el citado precepto «puede ir contra la autonomía judicial de las comunidades autónomas, cuyos estatutos sólo reconocen por encima al Tribunal Supremo del Estado». En cambio, los socialistas, por boca de Félix Pons, manifestaron que su posición favorable al mantenimiento de la Audiencia Nacional y los juzgados centrales era coherente con la mantenida en el proyecto de ley del Poder Judicial.

Bandrés acusa de torturas

El diputado de Euskadiko Ezkerra (EE), Juan María Bandrés, amparado por una interpretación reglamentaria amplia del presidente Emilio Attard, defendió, fuera de plazo, con las protestas centristas, una enmienda a la totalidad de la ley. Bandrés recordó que no es suspendible el derecho constitucional a no declarar. Sin embargo, denunció que el intento de la ley de suspender eI apartado dos del artículo 17 de la Constitución, que establece el plazo máximo de 72 horas para la detención preventiva, no tenía otro alcance que el de forzar dicha declaración. «Lo que no se declara voluntariamente en los tres primeros días de detención no se declarará tampoco voluntariamente en los siete siguientes». Recordó que la organización Amnistía Internacional ha advertido al Gobierno español sobre torturas y malos tratos físicos o psíquicos, y aseguró que el proyecto de ley se parece al decreto-ley antiterrorista «como un huevo a otro huevo».

Oscar Alzaga respondió que sólo está prevista la suspensión del apartado dos del artículo 17, y que la argumentación de Bandrés parecía afirmar que la tortura se practica sistemáticamente, en cuyo caso equivale a decir «que no estamos en un Estado de derecho». Añadió que se puede tomar nueva declaración a un detenido, tras producirse nuevas detenciones o nuevos datos, que le induzcan a declarar lo que inicialmente no deseó. Dijo también que en algunos países europeos el plazo de prórroga de la detención es el doble del previsto en España.

Sobre la intervención judicial prevista en el artículo 55 de la Constitución, comunistas y socialistas insistieron en la necesidad de que la autorización para suspender los derechos y libertades procedan del juez, mientras que los centristas, apoyados por Manuel Fraga (CD), aseguraron que es coherente con la Constitución que sea el ministro del Interior o el director de la Seguridad del Estado quien resuelva sobre la subvención de tales derechos y libertades, comunicándolo al juez, que habrá de confirmar o revocar la decisión gubernativa.

Por el PNV, Bujanda pidió que, en todo caso, las competencias atribuidas al juez central sean asignadas al de instrucción competente. Alzaga señaló que esto llevaría consigo dar protección policial a miles de jueces. La enmienda fue rechazada.

En cuanto a la instrucción, conocimiento y fallo de las causas criminales originadas en atentados contra la seguridad ciudadana por parte de los juzgados centrales y la Audiencia Nacional, Miguel Roca, por la Minoría Catalana, se sumó a los votos contrarios de los comunistas, nacionalistas y andalucistas, mientras que los socialistas, en este caso, votaron con los centristas a favor del citado precepto.