El Congreso aprueba una propuesta de Fraga sobre negociación de campañas agrarias

El Pleno del Congreso de los Diputados aceptó ayer, por 152 votos a favor, 109 en contra y seis abstenciones, una propuesta de Coalición Democrática, defendida por Manuel Fraga y enmendada por el grupo centrista, según la cual las campañas de los productos agrícolas deberán ser negociadas entre la Administración y las organizaciones profesionales agrarias en el marco del FORPPA. Fue rechazada, por 115 votos a favor, 146 en contra y seis abstenciones, la moción socialista, defendida por Juan Colino, sobre negociación de precios agrarios sin intervención del FORPPA y con mayor protagonismo de las organizaciones campesinas.

El comunista Josep Solé Barbérá apoyó a los socialistas y dijo al ministro de Agricultura que debía recuperar su capacidad negociadora directa con las organizaciones campesinas.El titular del departamento, Jaime Lamo, contestó a socia listas y comunistas que había recibido tantas valoraciones positivas de la oposición que se alegraba de algunas críticas por parte socialista, producidas durante el debate, porque en su partido -dijo humorísticamente- «comenzaban ya a preocuparse». Negó virtualidad a la negociación y aprobación de los precios agrarios en los casos en que no hay tiempo material para ello y resultaría perjudicial para los propios agricultores, Manuel Fraga, en su intervención inicial, defendió la imperiosa necesidad de que la regulación de las campañas de los productos agrarios sean fruto de un sistema obligatorio «de negociaciones globales entre la Administración y las organizaciones profesionales agrarias, en donde no sólo se fijen los precios, sino también las demás medidas complementarias que tanta importancia tienen para la agricultura». Fraga se sumó también a la moción socialista por estimar que ampliaba el criterio reivindicativo y participativo de la propuesta de CD. Finalmente, Fraga aceptó la enmienda centrista, defendida por Francisco de la Torre, y asumió que fuera la Administración el marco de negociación.

Seis ministros contestan

Previamente, y en respuesta a diversas interpelaciones y preguntas planteadas por la oposición, seis ministros respondieron a ellas. A la interpelación del diputado de la Minoría Catalana Miguel Roca sobre el impuesto de compensación de gravámenes interiores y desgravación fiscal a la exportación, contestó el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, quien intentó tranquilizar a la Minoría Catalana en tomo a las consecuencias de tales impuestos.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Luis Alvarez, contestó al comunista Marcelino Camacho negando que el decreto sobre derechos sindicales en Renfe infringiera lo establecido en la Constitución, ya que en ésta está prevista la huelga, pero también el mantenimiento de los servicios.

El ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, contestó al socialista catalán Andréu Limón que la asistencia médica a los funcionarios de la Administración local se regulará en la ley de Bases de Régimen Local. El ministro de Sanidad y Seguridad Social, Alberto Oliart, contestó al catalán Miguel Roca que el centro hospitalario de la Seguridad Social de Badalona significa un importe de 9.000 millones de pesetas, pralizados hasta su puesta en marcha, pero negó que la responsabilidad correspondiera a su departamento.

A la pregunta del diputado socialista Manuel Sánchez Ayuso sobre la reorganización del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el titular del departamento, Jesús Sancho Rof, negó que hubiera fines partidistas en la misma, sino sólo el objetivo de resolver la estructura atípica del ministerio. El titular de Universidades e Investigación, Luis González Seara, defendió el plan trienal sobre investigación científica.

El Grupo Socialista presentó ayer una interpelación al Gobierno sobre la situación actual delos objetores de conciencia que rehúsan su incorporación a filas, y preguntó si el Ejecutivo está elaborando algún proyecto de ley sobre esta materia.