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ETAm trata de obligar al Gobierno a negociar

ETA Militar se responsabilizó ayer del asesinato de siete personas en distintas acciones cometidas; los pasados días 2,3 y 4 en diversos lugares de Euskadi. Esta intensificación de la actividad terrorista debe interpretarse, según ETAm, como un intento de «presionar al Gobierno español en la búsqueda de soluciones definitivas al denominado problema vasco». Por su parte, Mario Onaindía, dirigente de Euskadiko Ezkerra, ha condenado la estrategia actual de la rama político-militar de ETA, que parece sumarse a la de quienes quieren colapsar el proceso de democratización.

La reivindicación de la muerte de siete personas -tres miembros de la Guardia Civil, dos inspectores de policía, un policía nacional y un taxista- es explicada por ETA Militar como una «presión armada» que pretende «demostrar al Gobierno español que solamente existe una salida de compromiso para evitar el grave conflicto generalizado en que puede desembocar la insatisfactoria solución del proceso autonómico vasco», según informa nuestro corresponsal en Bilbao, Patxo Unzueta.

Esa única salida sería, para ETA Militar, la aceptación de los puntos de la alternativa KAS, tales como amnistía, legalización de partidos independentistas, reconocimiento del derecho de autodeterminación, retirada escalonada de las FOP y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. El comunicado de los milis incluye también diversas consideraciones sobre la óptica de «mera descentralización administrativa» aplicada por UCID al problema vasco, y un emplazamiento al PNV para que «se desprenda de la ambivalente careta con que ejecuta su política».

Por su parte, el secretario general del partido ElA y cabeza visible de la coalición Euskadiko Ezkerra, Mario Onaindía, ratificó ayer la condena de la estrategia actual de ETA Político-militar, que considera «perjudicial para el proceso democrático» y contradictoria con las resoluciones de la VII asamblea de dicha organización terrorista, celebrada en 1976. Tales opiniones fueron publicadas por El Correo Español-El Pueblo Vasco, y en ellas se critica el atentado de la rama político-militar de ETA contra el dirigente centrista José Ignacio Ustarán.

Considera Onaindía que este acto va contra toda ética, ya que se hizo sólo por ser militante de UCD, y al mismo tiempo dice que este atentado confirma la existencia de un «giro preocupante en la estrategia». A juicio de Onaindía, las acciones de ETApm se habían diferenciado hasta ahora de las de ETAm en que «mientras esta última intentaba colapsar el proceso de democratización, provocando al Ejército, arrogándose la representatividad de todo el pueblo y frenando la actividad de los partidos para ser ellos los que negociaran con el Gobierno», los poli-milis apoyaban «resueltamente ese proceso de democratización a través de la preautonomía, primero, y del Estatuto, después».

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Mario Onaindía critica el giro violento de la estrategia de ETApm

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En cuanto a la efectividad de la negociación con ETA, Mario Onaindía, aun mostrándose en general partidario de ella, no cree que «los puntos de la alternativa KAS respondan a las actuales necesidades». Por ejemplo, «hablar de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores así, en abstracto, no tiene ningún sentido».

Añade el dirigente de Euskadiko Ezkerra que el balance de la transición puede considerarse «globalmente positivo, porque se ha logrado ir hacia la institucionalización del país y una democratización del aparato del Estado», lo cual permite, a su vez, plantearse una estrategia al socialismo «que no sea la típica tercermundista de enfrentamiento frontal con el Estado estilo Nicaragua. Esto en Europa no es posible».

Violencia contra pacificación

Paralelamente, el Ministerio del Interior ha hecho público un informe en el que afirma que «no ha habido correspondencia alguna entre medidas pacificadoras emprendidas por el Gobierno y la actitud de ambas ramas de ETA: la normalización del régimen de libertades ha ido por un lado y la guerra por otro». Ello no significa que el esfuerzo emprendido desde el Gobierno, con el concurso de los grupos parlamentarios, haya sido inútil, pero lo cierto es que cada medida pacificadora ha tenido una violenta respuesta por parte de los etarras.

Así, el indulto parcial del 20 de mayo de 1977, unido al extrañamiento de diecinueve miembros de ETA (tres de ellos conmutados de pena de muerte), fue contestado con el asesinato de Javier Ibarra. La amnistía general del 15 de octubre de 1977 fue seguida de atentados contra un guardia civil y el comandante Imaz. La abolición de la pena de muerte -establecida por la Constitución, que fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978- fue contestada con el asesinato del policía municipal (ex brigada de la Guardia Civil) Juan Jiménez Gómez.

En cuanto a las medidas políticas más importantes, el informe dice que, tras las elecciones legislativas del 1 de marzo de 1979, a las que concurrieron Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna -«es decir, las dos formaciones políticas de ambas ramas de ETA», se lee textualmente-, fue asesinado en Beasaín el jefe de la Policía Municipal.

El referéndum de aprobación del Estatuto vasco fue contestado con dos asesinatos sucesivos; las elecciones al Parlamento vasco lo fueron con el atentado contra el general Esquivias y los atentados a dos civiles, y la aprobación de transferencias, realizada en el Consejo de Ministros del 26 de septiembre pasado, junto con las negociaciones de Garaikoetxea en Madrid, han sido seguidas de nueve asesinatos consecutivos.

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