El Banco de España intenta reforzar su capacidad de inspección sobre el sistema crediticio

El Banco de España estudia actualmente una serie de medidas, que, al parecer, serían de inmediata aplicación, tendentes a reforzar su capacidad de inspección en las instituciones financeras y a liberalizar determinados aspectos del mercado, según manifestaron fuentes próximas al banco emisor. Estas medidas serían abordadas en el contexto de la nueva estrategia económica del Gobierno.

Una de las medidas más importantes sería la liberalización inmediata de los tipos de interés a menos de un año y a más de seis meses. La necesidad de completar la liberalización del sistema financiero español, dejada a mitad de camino desde hace dos años, plantea una pronta actuación sobre los tipos de interés a menos de un año, cuya liberalización ha sido ya pedida en los últimos tiempos por numerosos expertos. No obstante, la liberalización se estima en estos momentos que debería llevarse a cabo de forma gradual, por lo que en una primera etapa se va a abordar solamente la mitad del objetivo inicial, que consistía en liberar los tipos de interés que aún están sometidos a regulación, es decir, los de plazo inferior a un año. Esta primera etapa consistiría, por tanto, en liberalizar solamente los de plazos comprendidos entre seis y doce meses.

Los poderes del Banco de España

La ampliación de la capacidad inspectora del Banco de España sería también reforzada a corto plazo. Mariano Rubio, subgobernador del banco emisor, se manifestó en este sentido el pasado martes, durante su intervenci6n en las jornadas bancarias de Euroforum, cuando manifestó que el banco «,es plenamente consciente de la urgencia de intensificar su capacidad de supervisión y su capacidad disciplinaria».En este sentido, la política del Banco de España se dirigirá en tres direcciones: aumento de los efectivos de la inspección, fomento de las auditorías y cambios legislativos.

El número de efectivos de la inspección del Banco de España se duplicará, o incluso triplicará, en los próximos años, pasando del medio centenar actual a un mínimo de 150, dentro de cuatro años. En este sentido, el banco tiene el propósito de convocar oposiciones cada seis meses, con el objeto de reclutar entre diez y quince personas en cada una de ellas, aunque fuentes solventes manifestaron a EL PAIS las dificultades con que tropieza el banco para contar con profesionales cualificados.

En cuanto a las auditorías, las mismas fuentes señalaron que en tres o cuatro años esperan que prácticamente la totalidad de los bancos y de las cajas de ahorro hayan realizado una auditoría interna completa. En este sentido, «el Banco de España ha utilizado todos los medios a su alcance para convencer, y en ocasiones exigir, a las instituciones financieras, sobre las que ejerce un poder tutelar, que auditen sus cuentas», manifestó Mariano Rubio.

En la actualidad, más de la mitad de la banca ha realizado ya auditorías o ha manifestado su propósito de hacerlo inmediatamente. En cuanto a las cajas de ahorro, el proceso se desarrolla con algo más de lentitud, aunque la propia confederación ha realizado ya su auditoría, así como algunas cajas importantes, como la de Madrid y la Caja de Pensiones de Barcelona, la mayor de España.

Cambios en la legislación

Finalmente, el Banco de España desearía una más rápida adaptación de las normas administrativas y judiciales para que el Estado cuente con armas suficientes «para conocer y eventualmente castigar las transgresiones del ordenamiento jurídico y las normas éticas que deben presidir la actividad bancaria y la administración de cualquier sociedad anónima», según Mariano Rubio.En materia administrativa, el banco considera urgente la necesidad de ampliar las facultades de inspección, así como agravar las sanciones por el incumplimiento de las normas vigentes.

«Hay que seguir avanzando en la introducción de códigos contables cada vez más precisos, y, en este sentido, el Banco de España se propone dictar en breve nuevas normas que complementen las establecidas en la llamada «pastoral». En el terreno penal, es urgente una tipificación adecuada de los delitos producidos por la autocontratación, porque no es tolerable que acciones claramente dolosas, que ocasionan pérdidas enormes para la comunidad, sigan impunes por falta de una legislación penal adecuada, a juicio de los órganos competentes del Estado ».

La segunda versión de la «pastoral», al parecer de próxima aparición, establecería normas nuevas en materia de confección de balances, que afectarían no tanto a la forma como a las definiciones de los términos, ya que en la actualidad existen conductas contables no del todo homogéneas en la banca y en las cajas de ahorro, a la hora de contabilizar determinadas operaciones. Estas normas afectarían de forma sustancial a la contabilización de comisiones, a los desgloses de los gastos generales y, sobre todo, a la correcta contabilización de las denominadas «periodificaciones», ajustando en el tiempo ingresos y pagos por las diversas operaciones financieras que realizan las instituciones de crédito.

El descuento comercial

Una de las medidas que podrían ser adoptadas por las autoridades económicas, en cuanto a tipos de interés se refiere, es la que afecta al descuento comercial. que en la actualidad tiene tipos de interés fijos y comisiones libres, lo que ocasiona unos costes a veces muy elevados en estás operaciones, las más numerosas en los balances bancarios, por su cuantía, y las más utilizadas por las empresas.El cambio podría consistir en convertir el tipo de interés en libre, en función del mercado, y en el establecirniento de unas comisiones -que en la actualidad tienen el carácter de mínimas- libreso máximas. A juicio de la autoridad monetaria, esta medida podría producir un abaratamiento del crédito a medio plazo, además de dotar al mercado de mayor transparencia y más posibilidades competitivas.Finalmente, el establecimiento de canales para la emisión de deuda pública a corto plazo -quizá a doce meses- podría ser una de las novedades de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. En estos momentos, la colocación de deuda -quedan pendientes unos 78.000 millones de pesetas por colocar, de los 100.000 millones previstos inicialmente- experimenta dificultades, al parecer debido a los plazos medios a que se intenta colocar. El año próximo se podría intentar colocar deuda a corto plazo, e incluso se señala la posibilidad de que el volumen total de emisiones se eleve sustancialmente respecto al año en curso, con objeto de sustituir parcial o totalmente la apelación del Tesoro al Banco de España.No obstante, esta última posilbilidad sería criticada por el sector privado, ya que se considera en medios bancarios que las emisiones de deuda a corto plazo sólo deben realizarse para financiar déficit de tesorería y no déficit permanentes, lo que elevaría mucho los costes del sector público y distorsionaría el mercado.