Pugna entre el sector privado y el INI por el control del abastecimiento de carbón a las centrales térmicas

Los doce millones de toneladas de carbón que España deberá importar a partir de la década de los ochenta para garantizar el abastecimiento de las nuevas centrales térmicas requerirán inversiones superiores a los 146.000 millones de pesetas, según el último informe Wocol, elaborado por un equipo de técnicos europeos y norteamericanos con sede en Massachusetts y considerado como la «guía internacional» de las empresas productoras de carbón. La magnitud de estas cifras, que generarán un volumen anual de transacciones no inferior a otros 55.000 millones de pesetas, de acuerdo con los precios que hoy rigen en el mercado, ha desencadenado un nuevo conflicto de intereses entre el sector público y la patronal del carbón para el reparto de uno de los grandes negocios del siglo, con la crisis energética como telón de fondo.

Dos grandes sociedades, Carboex y Aprocar, se disputan por el momento el mercado de las importaciones. La primera, con capital mayoritario del INI y presidida por un antiguo director general de Minas, José Sierra López, fue constituida hace menos de medio año con participación del instituto y varias empresas filiales -Endesa y Adaro, entre otras-, junto con Eléctrica de Córdoba y Gas y Electricidad. Una reciente ampliación de capital ha abierto las puertas a dos nuevas empresas públicas, Hunosa y Encasur, con la posibilidad de que el grupo de antraciteros del Narcea pueda tener también una participación simbólica en representación de la pequeña y mediana empresa. El otro bloque importador está integrado en la Asociación de Productores de Carbón (Aprocar), cuya constitución, prevista inicialmente para finales del pasado mes de julio, se considera ahora inminente. En este último grupo figuran la Minero Siderúrgica de Ponferrada (vinculada a los bancos Central y Santander), Hullas de Coto Cortés (Banco Pastor-FENOSA), Hulleras de Sabero (Fomento) y la Hullera Vasco-Leonesa, de propiedad familiar y representada por Antonio del Valle, un antiguo diputado de AP por la provincia de León, emparentado con Arias Navarro y actual vicepresidente del Banco de Fomento.Según el informe de Wocol, la puesta en explotación de nuevos yacimientos en los países exportadores exigirá una inversión media de 170 dólares por tonelada para garantizar el abastecimiento del mercado internacional. Esta cifra incluye el coste de las instalaciones para poner en funcionamiento las minas (53 dólares por tonelada), medios e infraestructura de transporte en los países de origen (veintitrés dólares), instalaciones portuarias (otros veintitrés), construcción de barcos de gran tonelaje (59 dólares) y medios de transportes en los países receptores (doce dólares).

En medios próximos a la patronal del carbón se considera que las sociedades importadoras podrán eludir gran parte de estas inversiones, por estimarse que deben de ser los Gobiernos de cada país quienes financien sus respectivas redes de transporte e instalación portuaria, a la vez que se confía en traspasar a las grandes navieras la construcción y explotación de los barcos que intervengan en e! transporte del rnineral.

La cuantía de las cifras que se manejan no presentará grandes problemas para esta sociedad. El «techo» de inversión en el exterior quedará reducido, según lo señalado antes, a sólo una tercera parte de lo estimado en el Wocol, hasta situarse en unos 46.000 millones de pesetas. Y aun esta cantidad, que las empresas siguen considerando alta y que correspondería al supuesto de que todas las importaciones procedieran de yacimientos de explotación conjunta, tenderá a rebajarse aún más si prosperan las tesis de los empresarios privados. Estos consideran que las inversiones en empresas mixtas fuera de España deben limitarse al máximo y ser sustituidas por simples acuerdos comerciales con los países exportadores, en los que se garantice la entrega de una parte de la producción a cambio de créditos que ayuden a financiar las nuevas explotaciones. La comercialización de las entregas se realizaría, a su vez, a través de la banca privada».

Privatizar frente al INI

Según las mismas fuentes, el «gran tirón» en las importaciones no tendrá lugar hasta dentro de cuatro o cinco años, lo que limita momentáneamente la actividad de las sociedades importadoras a la recopilación de datos sobre los países que ofrecen mejores condiciones de «cooperación». Algunas iniciativas, sin embargo, han ido más allá de los simples estudios de mercado, y en los últimos tres meses se han detectado ya al menos dos visitas de los representantes de Aprocar a la República Popular China y Australia, países que, junto con Estados Unidos, Canadá, Polonia y Suráfrica, presentan las mayores posibilidades de contratacíón.Otras actividades políticas y comprometidas son las que giran en torno al «reparto» del cupo de importaciones previsto por el Gobierno. Al menos sobre el papel, las dos sociedades tendrán las mismas oportunidades y podrán actuar libremente en el mercado, sin ningún tipo de coordinación y en abierta competencia, pero enla práctica será el Estado quien fije las condiciones del nuevo negocio. Sobre este punto, ni los partidos políticos ni las patronales mineras, fuera del reducido círculo de las empresas directamente interesadas, conocen actualmente los criterios oficiales.

Inicialmente, las importaciones de carbón térmico iban a ser canalizadas en régimen de monopolio por Carboex, en la que el INI ofrecía una participación minoritaria a las empresas privadas. La oferta, a excepción de las pequeñas y niedianas explotacíones mineras, que deseaban a toda costa estar presentes en el proyecto para defender su propia supervivencia y vigilar posibles abusos, fue rechazada, y el propio Gobierno anunció, oficialm ente hace menos de un mes que «junto a Carboex» podrían actuar «una o varias sociedades importadoras privadas», en respuesta a una interpelación del diputado socialista José Alvarez de Paz.

En la misma respuesta, el Gobierno se declaraba ya contrario a «caer en fórmulas monopolísticas» y daba a entender que la iniciativa privada debía participar también en la financiación de la infraestructura e instalaciones portuarias a través de concesion es administrativas «para que estas inversiones no corran exclusivamente a cargo de los fondos públicos». Esta última afirmación, sin embargo, ha sido recibida con escepticismo tanto por la gran patronál comopor el PSOE, aunque por razones opuestas.

Para la primera, el volumen de importaciones reservado a la iniciativa privada debe ser, como mínimo, proporcional a la participación del grupo Aprocar en la producción nacional (40%), advirtiendo que las obras de infraestructura son competencia exclusiva del Estado y solamente algunas instalaciones complementarias pueden ser dejadas a las empresas privadas.

Críticas de la izquierda

La respuesta gubernamental ha sido calificada de «retórica y contradictoria» por el diputado socialista, anunciando la decisión de su partido de analizar el tema en profundidad durante una próxima reunión de la «comisión de industria». El PSOE acusa al Gobierno de «poner al sector público contra las cuerdas utilizando dinero, público», y destaca que el carácter estratégico de las importaciones ha movido ya a la mayor parte de los países europeos a adoptar medidas al margen de cualquier «liberalismo trasnochado».Las críticas del PSOE y, en general, de toda la izquierda -incluidas las centrales sindicales apuntan a la inexistencia de con troles concretos sobre las empresas importadoras y a la imposibilidad de que se produzca a medio plazo una quiebra en cadena de las pequeñas explotaciones mineras, fundamentalmente en las provincias de León y Asturias, que «dejaría en unas pocas manos las reservas españolas de carbón». La política oficial, según el PSOE, hace peligrar los planes de expansión de estas explotacio nes, mientras se autoriza a las grandes empresas a invertir fuer tes sumas en el exterior. Por su parte, CC OO, a través del secretario general de la minería, Manuel Nevado Madrid, califica de «denigrante, ridícula y, por su puesto, costosa, la política de importaciones, haciendo un lla mamiento a UGT y a las pequeñas empresas «para hacer causa común en la protesta frente al Gobierno» y para que éstas se realicen «exclusivamente a través de Carboex».