Se demora para después del verano la constitución del Consejo del Poder Judicial

La batalla que Unión de Centro Democrático (UCD) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mantienen en torno al nombramiento del director general y de los miembros del Consejo de Administración de RTVE ha tenido como consecuencia la demora de la constitución del Consejo General del Poder Judicial, que ya no podrá efectuarse hasta después del verano.

La política de englobar en un mismo paquete la negociación sobre los consejeros de RTVE y la de los miembros parlamentarios -cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado- del Consejo General del Poder Judicial, ha llevado a que el desacuerdo persistente en el primer tema implique la paralización de una salida consensuada en el segundo.La negociación sobre el nombramiento de los ocho miembros parlamentarios del Consejo General del Poder Judicial parecía estar ya lo suficientemente madura como para permitir que el Parlamento completase en el período de sesiones que acaba de concluir el 30 de junio, el número de miembros -veinte en total- del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y se procediese a su inmediata constitución.

Tanto el partido del Gobierno como el partido mayoritario de la oposición -con más antelación el segundo que el primero- tenían ya designados a sus candidatos (cinco y tres, respectivamente, aunque alguno de ellos, como el abogado Gonzalo Casado, podría pasar como candidato de ambos partidos), que deberían añadirse por la elección de tres quintos de los miembros del Congreso y del Senado a los doce miembros judiciales ya elegidos en el ámbito de la magistratura.

La demora en la constitución del órgano de gobierno de uno de los poderes básicos -al que la Constitución llama expresamente Poder Judicial-, del actual régimen democrático va a tener, y está teniendo ya, su efecto más negativo en la propia Administración de justicia, cuya organización predemocrática sigue de esta manera vigente más de año y medio después de promulgada, la Constitución. Así, se prorroga el mandato del actual presidente del Tribunal Supremo y el sistema antiguo de nombramientos de altos cargos judiciales, no basado en criterios objetivos y públicos de promoción.

Por otra parte, el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, si es que llega efectivamente a producirse a instancias del actual fiscal general, Juan Manuel Fanjul, deberá efectuarse todavía en virtud de la normativa predemocrática, ya que la consulta previa del Consejo General del Poder Judicial, señalada en la Constitución, no podrá llevarse a cabo al no estar constituido.

La demora en la constitución del Consejo General del Poder Judicial también tendrá efectos negativos en la constitución del Tribunal Constitucional, que ha sido fijada para el próximo día 12 del actual. Efectivamente, el Tribunal Constitucional se constituirá con sólo diez miembros -los ocho elegidos por el Parlamento y los dos del Gobierno- sin la presencia de los que deben ser nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.