La defensa acusa a la policía de prefabricar el proceso del "caso Bultó"
Durante cuatro horas -de diez y media de la mañana a dos y media de la tarde, con un descanso de apenas diez minutos de duración- se prolongó ayer, en la Audiencia Nacional, la visita del juicio contra los nacionalistas catalanes Jaime Martínez Vendrell, uno de los fundadores del Front National d'Alliberament de Catalunya, y Luis Montserrat Sangrá, militante de dicho partido hasta el año 1975, acusados de participar, el primero como inductor y el segundo como comando de apoyo en la vigilancia del hecho, en el asesinato del industrial catalán José María Bultó, presidente de la sociedad anónima Cros, cometido por un grupo de personas el día 9 de mayo de 1977.
La detención de los procesados se llevó a efecto el día 4 de marzo de 1979, casi dos años después del asesinato del señor Bultó y año y medio después de que fueran amnistiados y desaparecieran Alvaro Valls, Carlos Sastre Benlliure Montserrat Tarragó y José Luis Pérez, que formaban el grupo al que la policía imputó, en julio de 1977, la autoría directa del asesinato del industrial catalán. Durante el juicio los procesados negaron su participación en los hechos; los acusadores, tanto el ministerio fiscal como el acusador particular, se limitaron prácticamente a mantener su acusación, que incluye la pena de treinta años de reclusión mayor para cada uno de los procesados, mientras que los abogados defensores insistieron en que la única evidencia existente en el sumario contra sus defendidos son sus declaraciones ante la policía, arrancadas bajo coacción durante los diez días que estuvieron incomunicados por aplicación de la ley Antiterrorista. El defensor de Luis Montserrat llegó a acusar a la policía de haber prefabricado el proceso, como consecuencia de la preocupación y la alarma que se produjo tras la desaparición de los cuatro presuntos autores del asesinato del señor Bultó después de ser amnistiados, y creyó advertir en el juez instructor del caso -Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional- una falta de voluntad de esclarecer los hechos, ya que la declaración indagatoria se produjo el 19 de julio de 1979, más de cuatro meses después de la detención de los procesados.La vista, que fue seguida por un público venido expresamente de Cataluña, si bien la mayor parte no pudo entrar en la sala de audiencia, dada su escasa capacidad, comenzó con el interrogatorio de los procesados, que duró cerca de una hora. Jaime Martínez Vendrell, pequeño industrial, de 65 años de edad, capitán de Artillería durante la República, uno de los fundadores del Front National d'Alliberement de Catalunya en los primeros años cuarenta, es acusado por el fiscal de ser uno de los organizadores del grupo que atentó contra la vida del señor Bultó y de dar la orden del atentado. Martínez Vendrell reconoció únicamente haber dado en el pasado a grupos de jóvenes conferencias en Perpiñán sobre temas militares, a petición del historiador, etnólogo y político catalán Josep Batista i Roca, fallecido en agosto de 1978.
Por su parte, Luis Montserrat Sangrá, con fuerte miopía a pesar de su juventud -trece dioptrías en un ojo y ocho en el otro-, es acusado por el fiscal de vigilar una de las esquinas de la calle en que se encontraba el domicilio donde se produjo el atentado.
Declaración de los testigos
Como testigos declararon Pilar Bultó, hermana del industrial asesinado, y el hermano político de éste, Cristóbal Font, en cuyo domicilio se produjo el atentado. Ambos, que declararon no conocer a los procesados, explicaron con detalle al tribunal las circunstancias en que,entraron los asaltantes al domicilio y colocaron el artefacto en el pecho del señor Bultó.
El fiscal, en su informe final, mantuvo su primitiva petición de treinta años para cada uno de los procesados, como autores de un delito de asesinato, y de cuatro meses de arresto por un delito de amenazas, y recalcó el carácter aterrador del atentado, no sólo por el hecho en sí, sino por la forma en que fue cometido. Hizo hincapié en que nadie acusaba a los procesados de ideas políticas, sean cuales fueren, sino de participar en la comisión de un asesinato. Concluyó manifestando que los tribunales de justicia, en la medida en que pue dan, están obligados a hacer todo lo posible para que los sistemas de terror se extingan.
El acusador particular, letrado Carlos Pena Carmenal, en nombre de los familiares del señor Bultó, solicitó del tribunal «no una venganza, que el hijo de la víctima ha manifestado públicamente que no quiere, sino una sentencia justa». Respecto a Martínez Vendrell, manifestó que éste se puso en con tacto con Batista i Roca en Perpiñán para organizar dos coman dos.
Por su parte, los abogados de fensores, letrados Augusto Gil Matamala y Jordi Casas Sala, solicitaron la libre absolución de sus defendidos y, subsidiariamente, la aplicación de la amnistía. Ambos condenaron el asesinato del señor Bultó, al que calificaron de «crimen execrable», y manifestaron que la única prueba acusatoria contra sus defendidos era su decla ración ante la policía durante los diez días en que estuvieron incomunicados. El defensor de Montserrat Sangrá realizó un amplio in forme y resaltó que el fiscal no ha aportado ninguna prueba para sostener su acusación. Manifestó que el sumario sobre el asesinato del señor Bultó se reabrió en febrero de 1978, con la detención del súbdito suizo Ernest Jacob Sporri, quien dio el nombre de Martínez Vendrell, que sólo sería detenido en marzo del año siguiente. «¿Por qué razón no ha sido procesado en este sumario el súbdito suizo?», se preguntó el abogado. Insistió en que «la policía prefabrica este proceso y designa de antemano a los protagonistas del mismo a partir del momento en que desaparecen los cuatro componentes del grupo que fueron acusados en un principio del asesinato del señor Bultó». El defensor concluyó su informe afirmando que, «si horroroso es el asesinato de Bultó, no menos horroroso sería condenar a un inocente por algo que no cometió».
