Altos cargos de Televisión Española no comparecieron ante el Parlamento

La comisión parlamentaria de investigación de RTVE no pudo celebrar ayer la reunión prevista por incomparecencia de los altos cargos de RTVE, que habían sido citados previamente. De acuerdo con el primer punto del orden del día, tenían que haber comparecido ante la comisión, el jefe del servicio financiero de RTVE, Eugenio Navas; el jefe del servicio administrativo de RTVE, señor Ramos; el director de la revista Tele-Radio, Miguel Angel Gozalo; el gerente de publicidad de RTVE, Feliciano Lorenzo Gelices, y el director de la administración y finanzas del Ministerio de Cultura, con su adjunto, cargos que, según fuentes parlamentarias, corresponden a los señores Martínez Echevarría y López Arenosa, los dos funcionarios de Hacienda y actualmente altos cargos de Televisión, aunque no equivalen exactamente al actual organigrama de RTVE.

Los miembros de la comisión parlamentaria que investiga el contenido de la auditoría del Ministerio de Hacienda concedieron una pausa de hora y media ante la incomparecencia de los citados directivos de RTVE, y reanudaron la sesión a las 11.30 de la mañana de ayer. El presidente de la mesa, el diputado centrista Alberto Estella, indagó personalmente los motivos de la incomparecencia e informó a los miembros de la comisión que el secretario general para las relaciones con las Cortes, Gabriel Cisneros, había recibido un escrito firmado por algún miembro del Gobierno, en el que se recomendaba a los altos cargos de RTVE no comparecer «por falta de garantías jurídicas ».

Socialistas y comunistas critican al Gobierno

Los diputados socialistas y comunistas criticaron duramente esta actitud del Gobierno, calificándola de «intolerable», «falta de respeto» y «atentado» al Parlamento. El diputado centrista Bravo de Laguna explicó que la falta de garantías jurídicas estaba relacionada con las filtraciones a la prensa del contenido de las reuniones. Socialistas y comunistas, después de lamentar esas filtraciones, contestaron que quienes no están de acuerdo con las informaciones facilitadas por la Prensa pueden ejercer el derecho de réplica, extremo al que no se han acogido nunca a propósito de las informaciones relacionadas con las sesiones celebradas por la comisión a puerta cerrada. El señor Bravo de Laguna leyó entonces unas declaraciones del diputado Rodolfo Guerra, del Grupo Socialista de Cataluña, publicadas en EL PAIS (11 de mayo), en las que manifestaba que, del estudio de la auditoría se deduciría la posibilidad de hechos delictivos. Rodolfo Guerra replicó duramente al señor Bravo de Laguna, manifestó que su opinión se ampara en la auditoría y resolución de la Dirección General de lo Contencioso-Administrativo, que nunca fueron desmentidas por el Gobierno.

Los parlamentarios socialistas y comunistas expusieron que el Gobierno no puede imponer condiciones al Parlamento y que constituye un hecho gravísimo no someterse al control democrático parlamentario. «El Parlamento tiene la obligación de defender las garantías jurídicas del pueblo, pero el Gobierno y RTVE no han enviado todavía al Parlamento los documentos más importantes relacionados con el contenido de la auditoría, pese haber sido solicitados el pasado mes de febrero», dijo a EL PAIS la diputada socialista Elena Vázquez.

Los parlamentarios socialistas y comunistas rechazaron la propuesta de Unión de Centro Democrático (UCD), para que en lo sucesivo la comisión formulase con antelación y por escrito las preguntas objeto de investigación y aprobó por mayoría (quince votos) la propuesta socialista para que comparezca hoy el ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, ante la comisión, y dé cuanta de la incomparecencia de los directivos de RTVE. La votación registró quince votos a favor, ocho en contra, de UCD, y dos abstenciones de, al parecer, los centristas Alfonso Soler y Julen Guimón.

«Ha quedado demostrado que no fue un lapsus la afirmación que hizo en el Congreso de los Diputados el ministro De la Cierva sobre el hecho de que no se hace caso de la Constitución, porque tanto él como el vicepresidente del Gobierno, Abril Martorell, han sido los principales responsables de la incomparecencia ante la comisión de investigación de RTVE de diversos funcionarios de este organismo», declaró Rodolfo Guerra en un comunicado difundido por la oficina de prensa de Socialistas de Cataluña. «Los hechos de esta mañana», añadió Rodolfo Guerra, «son de una extraordinaria gravedad política y demuestran hasta qué punto UCD está interesada en retrasar la democratización efectiva de RTVE, que es imposible sin una investigación previa realizada con auténtico rigor. El Ejecutivo ha bloqueado esta mañana una acción de investigación del Legislativo en una extralimitación de funciones y atribuciones que pone en evidencia las carencias de conocimiento de lo que es la democracia por parte de los altos cargos del Gobierno de UCD y de sus dóciles instrumentos en RTVE». Los diputados socialistas Pedro Bofill y Ana Balletbó manifestaron, en términos análogos, su repulsa por lo sucedido esta mañana en la comisión.

La oficina de prensa del PSC-PSOE en Barcelona informó a EL PAIS que «los grupos socialistas estudian la posibilidad de interponer una denuncia ante el fiscal del Estado contra los directivos de RTVE que no han comparecido ayer ante la comisión investigadora del Congreso».

Los diputados socialistas Alfonso Guerra, Guillermo Galeote y Pedro Bofill presentaron ayer, por otra parte, una pregunta al Gobierno de la que solicitan respuesta en el Pleno sobre la incomparecencia de los altos cargos de RTVE. «¿Considera el señor ministro (de Cultura)», dice la pregunta, «que las comisiones de investigación de esta Cámara no proporcionan a los ciudadanos o funcionarios citados las necesarias garantías jurídicas? Dado el tenor literal del artículo 76 de la Constitución, que obliga a los ciudadanos a comparecer a requerimiento de las Cámaras, ¿cómo califica jurídicamente el Gobierno la acción de aconsejara los ciudadanos la incomparecencia?».

La no comparecencia de los altos cargos de RTVE y la comunicación de la existencia de un escrito por parte del Gobierno fueron tratados en sucesivas reuniones celebradas en el Congreso, con participación, entre otros, del vicepresidente Fernando Abril, los ministros Pérez Llorca y De la Cierva, Gabriel Cisneros y los diputados centristas García Margallo, Saez Díez y Luis Apostúa.

El ministro de Cultura manifestó a las agencias «que carecen de todo fundamento ciertas afirmaciones en las que se le acusa de haber ordenado o aconsejado a funcionarios de su ministerio la no comparecencia ante la Comisión de Investigación de RTVE». Asimismo, Gabriel Cisneros informó que el único documento que existe relacionado con la comparecencia de los directivos de RTVE se refiere a la petición de que en las citaciones se delimiten los temas a tratar.

El diputado centrista Alberto Estella, presidente de la Comisión de Investigación, ratificó al programa 24 horas, de RNE, difundido a las doce de la noche de ayer, que el señor Cisneros le había informado de la existencia de un documento firmado «por no sé quién», en el que se recomendaba la no comparecencia de los altos cargos de RTVE. El citado programa de RNE contrastó esta declaración con otro documento sonoro del señor Cisneros en que negaba ese extremo del documento y, a continuación, emitió una nueva declaración de Alberto Estella, en que volvía a ratificar lo dicho ante la comisión, afirmando que el señor Cisneros le había autorizado a hacer uso de esa información ante los miembros de la comisión y que as! constaba en el acta taquigráfica de la misma.