Acuerdo PSOE-PCE sobre la reestructuración de los órganos de poder de la diputación
Los grupos de diputados provinciales socialista y comunista han llegado ya a un acuerdo sobre la reestructuración de los órganos de poder de la diputación, a falta de dos cuestiones secundarias, que posiblemente se negocien una vez aprobada aquélla. En síntesis, la reestructuración contempla la creación de una comisión de coordinación, de la que no formará parte UCD, que actuará como un consejo de ministros a nivel provincial. Uno de los aspectos más importantes es la creación de dos nuevas delegaciones, Urbanismo y Ordenación Territorial, que de entrada tendrán que recabar competencias a la Administración central, en el marco de la política de la izquierda, de tender hacia la total autonomía de los organismos locales.
La remodelación de órganos de poder acabará drásticamente con la actual estructura presidencialista de la diputación, lo que no significa el arrinconamiento de Carlos Revilla, sino que éste podrá dedicarse a tareas de mayor relieve y se librará de tener que firmar prácticamente todos los papeles, lo que a partir de ahora será competencia de las diferentes delegaciones o de la comisión de gobierno.La diputación funciona hasta ahora en base a las comisiones informativas, con representación de los tres partidos, aunque todas ellas presididas por la izquierda y con mayoría de votos. Las comisiones discuten y someten a votación todos los asuntos, aunque sin capacidad decisoria, puesto que luego es el pleno quien los aprueba definitivamente.
Con la reestructuración, las comisiones informativas funcionarán en consonancia con su nombre. Al frente de cada una de ellas habrá un diputado, con la denominación de delegado del área en cuestión. El delegado informará a la comisión de los temas a tratar, sin que éstos sean sometidos a votación, aunque sí a debate.
Una vez que los tres partidos tengan conocimiento de los asuntos, éstos pasarán a la comisión de gobierno (formada por cinco socialistas, cinco ucedistas y un comunista), que tendrá capacidad para aprobar definitivamente temas de no demasiada relevancia, a la manera de la comisión permanente de los ayuntamientos. Los asuntos de mayor trascendencia irán a su aprobación o denegación por el pleno.
El cambio sustancial se produce con la creación de una comisión de coordinación, que estará formada por quince miembros, ocho diputados socialistas, cuatro comunistas, más los dos vicepresidentes y el presidente. En total, diez socialistas y cinco comunistas. Será en el seno de esta comisión donde se establezcan las grandes líneas políticas y de aplicación de recursos de la diputación. En opinión de sus promotores, este cambio supone una racionalización y un aumento muy importante de la eficacia de la diputación. Por poner un ejemplo, tendrá capacidad para designar recursos a las distintas delegaciones, dentro de un planteamiento global de las necesidades corporativas. Asume, así, las tareas de un verdadero Gobierno, exclusivamente de izquierdas, puesto que UCD no tendrá ningún puesto en la misma.
La comisión de coordinación evitará las actuaciones de tipo personalista a todos los niveles. Función suya será elaborar las políticas sectoriales, como la de personal, por citar un ejemplo, que ahora no existe. Impulsará, asimismo, la toma de posturas colegiadas sobre cuestiones con implicaciones políticas superiores, centradas fundamentalmente en conseguir cada vez mayores cotas en el autogobierno provincial. Las decisiones no se tomarán mediante votación, sino por la voluntad de la mayoría de los delegados.
UCD pierde así el poco o casi nulo papel político que tenía en la diputación. Si el documento del acuerdo entre PCE y PSOE no se ha dado aún a conocer es porque continúa la discusión en dos temas secundarios: a qué partido va a corresponder la responsabilidad del programa de campings en la provincia, y la representación en Trapsa, empresa en la que la diputación posee la mayoría de las acciones.
En cuanto al conflicto del programa de campings, éste se centra en que el programa está siendo desarrollado por la comisión de turismo, presidida por un comunista, y los socialistas han propuesto su desgajamiento y que la responsabilidad pase a su grupo.
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