Juan Miguel Arrieta: "La administración judicial no tiene sentido si se le niegan medios financieros"

Diez años después de que fuera intervenida judicialmente Matesa (Maquinaria Textil del Norte de España, SA), en octubre de 1969, a raíz de saltar a la luz el célebre affaire, como consecuencia del enfrentamiento político entre los sectores falangista y opusdeísta del Gobierno de entonces, el actual administrador judicial, Juan Miguel Arrieta, cuarto en la lista, tras De la Quintana Fergusson, Ezponda y Del Burgo, ha presentado su dimisión por considerar insostenible la actual situación, por cuanto se le niegan las mínimas ayudas financieras necesarias para abordar una reestructuración que haga rentable a medio plazo la empresa. Mañana, viernes, el juez especial, Jesús Marina, mantendrá una reunión con todos los interventores judiciales, el representante del ministerio fiscal y el abogado del Estado, para estudiar la situación creada con esta dimisión.

Embargada por el Estado y sometida a su tutela, tras la sentencia dictada en mayo de 1975, la empresa Matesa ha sido objeto de tres subastas -la última celebrada el 21 de enero pasado-, que quedaron desiertas por falta de licitadores. En aquella sentencia, Juan Vila Reyes, accionista mayoritario, fue condenado al pago de más de 9.000 millones de pesetas al Banco de Crédito Industrial y al Tesoro Público, cantidad de la que, por insolvencia de aquél, es responsable civil subsidiaria Matesa. A partir del momento en que fue declarada desierta la tercera subasta de Matesa, la situación legal de ésta es realmente atípica y de una gran complejidad jurídica.Para el administrador judicial de Matesa (en espera de que se acepte o no su dimisión), el Estado, que es el embargante, debería adoptar con toda urgencia una decisión sobre la empresa. «La situación actual, después de diez años de administración judicial», ha declarado el señor Arrieta a EL PAÍS, «ha llegado a ser insostenible, por cuanto que las cargas de estructura son tan elevadas en relación con su dimensión real que hacen en estas circunstancias inviable la empresa». La figura del administrador judicial de empresas en dificultades, creada por decreto-ley de 20 de octubre de 1969, a raíz de estallar el caso Matesa, absorbe en la práctica las funciones del consejo de administración, pero con ciertas limitaciones, referentes, sobre todo, al movimiento del capital. Así, el administrador judicial no puede hacer ampliación de capítal, ni aportar nuevos socios, ni acudir a las fuentes de financiación externa. En el caso de Matesa, la financiación sólo puede venir, si persiste la actual situación jurídica, de las entidades crediticias del Estado. El problema fundamental de Matesa -según su administrador judicial- es de financiación. «Necesitamos», dice, «un crédito del orden de los doscientos millones de pesetas, necesario para abordar la indispensable reestructuración de la empresa, que la haga subsistir hasta que se busque una salida a la actual situación, bien privatizando la empresa, bien buscando otra fórmula. En estos momentos, la empresa tiene una estructura desorbitada, hasta tal punto que el 98% de la facturación se destina a cargas fijas de estructura. La administración judicial de Matesa ha elaborado un plan de reestructuración con el que están de acuerdo los trabajadores, pero se nos niegan los medios financieros para realizarlo. Además yo me pregunto si la administración judicial, sin estos recursos que solicita, tiene fuerza política y moral para imponer contra la voluntad de los trabajadores una reestructuración».

Hasta septiembre de 1979, los salarios de los 270 trabajadores de Matesa fueron abonados con recursos procedentes de la Caja General de Depósitos, dependiente del Ministerio de Hacienda. A partir de ese momento, en que se cortó esa aportación, la administración judicial ha podido hacer frente al pago de los salarios durante cuatro o cinco meses, recurriendo a la realización de ciertos activos, pero desde hace dos meses se ha dejado de pagar al personal. «La desaparicion de la empresa Matesa», dice el administrador judicial en carta dirigida el pasado mes de marzo al ministro de Economía, José Luis Leal, «supondría graves problemas de orden laboral, al tener que suprimir 270 puestos de trabajo; unas considerables pérdidas globales, que pueden estimarse en varios miles de millones de pesetas; práctica eliminación de nuestra presencia nacional en el sector de máquinas de tejer ante la Comunidad Económica Europea y consiguiente dependencia del exterior, y una incidencia negativa en nuestras exportaciones. Téngase en cuenta además la existencia de unos 13.700 telares IWER funcionando en el mundo a través de 758 empresas repartidas en 49 países, que actualmente utilizan tecnología española.