La verja, abierta

EL ADJETIVO histórico ha sufrido tal desgaste por culpa de la inmisericorde obstinación con que políticos y comentaristas lo han aplicado a acontecimientos menores e incluso insignificantes que no resulta cómodo utilizarlo a propósito c el encuentro en Lisboa entre el ministro español de Asuntos Exteriores y el secretario del Foreign Office. Y, sin embargo, el comunicado conjunto suscrito anteayer por el señor Oreja y lord Carrington constituye, en verdad, un hito en nuestra política exterior, y el basamento sobre el que se puede edificar, no un castillo de naipes de falsas esperanzas sobre el restablecimiento de la integridad territorial española, sino una estrategia coherente para recuperar la soberanía del Peñón con el asentimiento de la población gibraltareña.El señor Oreja ha recogido en Lisboa los frutos de su labor, que expresa la naturaleza democrática del régimen al que representa y tiene el respaldo casi unánime de los diputados y senadores de las Cortes Generales. Los méritos persona es de nuestro ministro de Asuntos Exteriores no quedan mermados, sino realzados -por el hecho de que haya sabido convertirse en intérprete de la snuevas líneasde la acción exterior del Estado, que matizan las invariantes geopolíticas, situadas por encima de los regímenes, con el contenido específico de un sistema democrático y de libertades.

Los hechos han demostrado que una solución pacífica y negociada del contencioso gibraltareño es la única vía para el restablecimiento de la integridad territorial española. El restablecimiento de las libertades y de las instituciones democráticas en España priva ya de fundamento a cualquier argumento que base en la garantia de los derechos humanos de la población gibraltareña el mantenimiento del statu quo del Peñón. No sólo nuestra Monarquía parlamentaria es homologable en ese terreno a la británica, con la que también la une el azote del terrorismo (Irlanda y el País Vasco), sino que nuestra acción exterior, pese a vacilaciones e inconsecuencias, en ocasiones disculpadas por la realpolitik, comienza a orientarse lacia la defensa de los derechos humanos por encima de las fronteras. Ahora bien, sería un autoengaño confundir la evidencia de que los gibraltareños pueden mantener íntegras sus libertades y sus derechos políticos en el marco de la soberanía española con la conjetura de que quieran, aquí y ahora, aceptar esa modificación de su condición ciudadana.

En este sentido, el reconocimiento, por parte de Gran Bretaña, de las resoluciones de las Naciones Unidas y su implícita aceptación de la posición española respecto al «restablecimiento de la integridad territorial de España» tiene como contrapartida la declaración de intenciones por parte de nuestro Gobierno de que «al término de las negociaciones queden plenamente salvaguardados los intereses de los gibraltareños». Aspecto este último que queda subrayado por la inequívoca ratificación de la voluntad del Gobierno británico de mantener «plenamente su compromiso de respetar los deseos libres y -democráticamente expresados de la población de Gibraltar, tal y como se hallan recogidos en el preámbulo de la Constitución de Gibraltar». Así, pues, las negociaciones que se iniciarán formalmente antes del próximo 1 de junio tendrán que girar en torno a las fórmulas para conciliar el principio de integridad territorial, que constituye una reivindicación y un derecho histórico de España, y el respeto a la voluntad libremente expresada de los actuales habitantes del Peñón, principio que constituye una exigencia no sólo del Gobierno británico, sino también de cualquier sistema democrático. Es cierto que Gibraltar ha sido, a lo largo de la Historia, básicamente una base naval y militar del Imperio británico, y que la población civil -actualmente alrededor de 20.000 llanitos- se fue formando a la sombra de la fortaleza; algo as! como si imprevistos y desgraciados acontecimientos arrebataran de nuestra soberanía la base de Rota y dentro de su perímetro se fuera formando, con el paso del tiempo, una minisociedad protegida por una frontera militar. Al fin y al cabo, los orígenes de la vida ciudadana en la Alta Edad Media también se centraron en derredor de castillos feudales. La población civil gibraltareña, en la que sería absurdo incluir a los funcionarios de la Administración colonial y a los miembros de las Fuerzas Armadas en simple destino temporal en la plaza, no han adquirido, por supuesto, ningún derecho de propiedad sobre un territorio ocupado por las armas. Pero tampoco cabría, aunque fuera políticamente posible, aplicarles métodos de ocupación militar o de exilio forzoso.

Entramos así en un período de negociaciones entre Estados, y también de procesos moleculares de entendimientos y ósmosis entre la población civil gibraltareña y la sociedad española, al que resulta difícil fijar plazo. Los Gobiernos de España y Gran Bretaña deben buscar acuerdos. Y los llanitos tienen que recibir del Estado y de la sociedad españoles las garantías políticas, jurídicas y morales que venzan sus resistencias emocionales, sus desconfianzas históricas y sus temores (fundados o infundados). La verja tiene que ser abierta para no ser cerrada jamás y para desaparecer algún día, por la voluntad libremente expresada de los gibraltareños, como símbolo de frontera. El título VIII de la Constitución permite concebir un Estatuto de Autonomía para el Peñón que satisfaga tanto los inalienables derechos de España al restablecimiento de su integridad territorial como los deseos de los gibraltareños.

España -el Estado y la sociedad- debe lanzarse a esta tarea con inteligencia, generosidad y con sentido histórico. Al otro lado del estrecho aguardan las reivindicaciones de Marruecos sobre su integridad territorial y los legítimos e inabandonables derechos de los españoles de Ceuta y Melilla. Nos guste o nos desagrade, el tratamiento que España dé al contencioso de Gibraltar servirá internacionalmente de punto de referencia para los planteamientos de Marruecos sobre nuestras dos plazas de soberanía. La integridad territorial es, en verdad, una reivindicación de cada Estado. Pero, seguramente, por encima de los derechos sobre el suelo está el respeto por los derechos de las personas.