UCD de Córdoba quiere que se potencie la estructuración regional del partido

Tras la reunión del comité ejecutivo provincial y del consejo político ordinario de la Unión de Centro Democrático (UCD) cordobesa, en la que se trataron temas de presupuestos y competencias de información, se celebró el esperado consejo político extraordinario, en el que se acordó pedir una estructuración regional del partido.

Cecilio Valverde, presidente de UCD de Córdoba, afirmó al término de la reunión: «No hay ningún problema secesionista en el seno de UCD de Córdoba», con lo que contradecía declaraciones previas de otros miembros del consejo y resumía el consenso final o la victoria de la línea que el presidente del Senado comanda con el secretario provincial Práxedes Giménez, el ex vicepresidente de la diputación Miguel Manzanares y el diputado Carmelo Cazaño.Frente a esta línea están los autonomistas a ultranza, los diputados José Javier Rodríguez Alcaide y Delgado de Jesús, el presidente de la Diputación, Diego Romero; el concejal del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Antonio Hinojosa, y el dimitido secretario de información del comité provincial, Luis Marín Sicilia, uno de cuyos miembros, el secretario de administración nacional, Antonio Gracia, había presentado escrito al consejo en el que se movía la disolución del comité provincial y la constitución de una comisión gestora.

Acaso la maniobrabilidad del presidente, asumiendo en los acuerdos las tesis defendidas por el sector de Rodríguez Alcaide, hayan permitido el hecho, declarado por el propio Cecilio Valverde, de que todos los acuerdos se tomaron por asentimiento («empleo el término por deformación de la práctica de la Mesa del Senado: quiero decir, que fue unánime la aceptación de las propuestas»).

Las mociones de Antonio Gracia, ausente, fueron retiradas por un consejero apoderado telefónicamente para hacerlo, con lo que se evitó cualquier pensable escisión, adoptándose el criterio de «reiterar los acuerdos del consejo político provincial de reclamar para Andalucía un Estatuto de Autonomía que contenga las máximas competencias posibles y el calendario de sus transferencias». Entre estas máximas competencias, se pide expresamente una «asamblea legislativa elegida por sufragio universal, libre, secreto y directo, un consejo de gobierno -sin que se especifique la amplitud de este término- y un tribunal superior de justicia.

Estas tres instituciones, declaradas condición sine quanom, tanto por la Junta de Andalucía, como por los autonomistas de UCD, suponen una importante rectificación de la, postura «oficial» del partido en Córdoba, en coincidencia, o concesión, con la línea triunfadora en la reunión regional de Córdoba, que determinó la creación de la comisión delegada.

Esta interpretación queda autorizada por otro acuerdo tomado ayer, por el que se decide «apoyar la petición de la comisión delegada del comité ejecutivo de UCD de Andalucía, de ser recibidos sus miembros urgentemente por el presidente del partido para exponerle los criterios autonómicos que se estima deben informar el Estatuto de Autonomía de Andalucía». Con ello, además de prevalecer la facultad de gestión por los componentes de la comisión delegada sobre el hibernado comité regional y su presidente Pérez Miyares, se pretende contractar la «voluntad» actual autonomista del presidente Suárez, de cuyo eventual compromiso sobre el futuro andaluz pueden depender en última instancia fidelidades ucedistas.

Que esta línea no se conforma con declaraciones internas, se infiere del acuerdo suscrito ayer de «solicitar del consejo ejecutivo nacional del partido que adopte las providencias necesarias para que el Gobierno manifieste, respecto de Andalucía, actitudes acordes con la voluntad autonomista de UCD.