El Gobierno informa sobre las acciones terroristas de la extrema derecha

El anuncio del descubrimiento policial de una fábrica clandestina de armas de fuego, en el kilómetro cinco de Fuenlabrada a Moraleja de Enmedio -en la que se hallaron 1.771 pistolas-bolígrafo y material para la construcción de otros varios miles- fue la primicia que ofreció ayer a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el director de la Seguridad del Estado, Alberto Salazar Simpson. La comparecencia, junto al ministro del Interior, del señor Salazar y del gobernandor civil de Madrid, Juan José Rosón, estuvo preferentemente dedicada a responder a los diputados sobre las acciones terroristas de la extrema derecha.

El señor Salazar no aportó nuevos datos en torno a la fábrica de armas descubierta el martes pasado, respecto a los contenidos en la nota oficial que se difundiría más tarde -y de la que se da cuenta en esta misma página- La identidad del dueño de la fábrica quedó en el anonimato, aunque el titular de la DSE reveló que uno de los detenidos había declarado haber comprado en 1978 a un militante de Fuerza Nueva, en un bar de la citada organización, un modelo de pistola-bolígrafo similar a los después fabricados. El líder de Fuerza Nueva, Bias Piñar, en la única intervención que tuvo durante la sesión, negó que en 1978 funcionara ningún bar en la sede del citado partido político en la madrileña calle de Núñez de Balboa.Por su parte, Juan José Rosón informó que está identificado, en un porcentaje muy elevado, el presunto autor de la muerte del joven Vicente Cuervo en las proximidades del cine París, de Vallecas, con ocasión de un acto ultraderechista no autorizado. Añadió que las investigaciones continuaban su curso.

Sobre los atentados contra quioscos, expresó su confianza en que eljuez competente preguntara sobre este tema a la persona que, según la declaración de uno de los acusados del asesinato de Yolanda González -Emilio Hellín-, había dado la orden de atentar contra ellos. El señor Rosón se refería, sin duda, a David Martínez Loza, jefe de seguridad de Fuerza Nueva, que era buscado por la policía en relación con el asesinato de lajoven Yolanda González y que posteriormente compareció ante la autoridad judicial, que le tomó declaración y le dejó en libertad.

En la información facilitada por el ministro del Interior en la anterior sesión informativa de la comisión -según recordó ayer el diputado socialista José Acosta-, el procesado Emilio Hellín había declarado recibir instrucciones de Martínez Loza para atentar contra los quioscos de prensa, que el detenido rechazó por «no ser un trabajo para él». El señor Rosón reveló ayer la participación de estudiantes de primero de bachillerato en las amenazas a quioscos.

Sanciones y coordinación policial

De la extensa ronda de preguntas planteadas por los diputados a las autoridades del Ministerio de Interior, resumimos los siguientes datos:

Coordinación policial. Desde hace meses se celebra una reunión periódica de la DSE, en la que participan miembros de todos los servicios de información: Guardia Civil, Policía Nacional y Cuerpo General de Policía. El diputado socialista Carlos Sanjuán no estimó suficientes estas reuniones para una adecuada coordinación de los servicios de inteligencia policiales.

Sanciones a policías. Alberto Salazar aludió a un informe jurídico favorable al arresto de siete policías nacionales (según el comunista Simón Sánchez Montero, el número es de ocho) por participar en Oviedo en una reunión de la Unión Sindical de Policía. Sobre el mes de arresto impuesto por el capitán general de La Coruña a dos policías. que identificaron a un cabo de la Guardia Civil, el señor Salazar declaró, en cambio, que la DSE no encontró comportamiento sancionable en los dos funcionarios citados, mientras que la jurisdicción militar, por sus propios medios, decidió el arresto. «No creo que la DSE pueda influir en una decisión de un capitán general», dijo el señor Salazar.

Francisco de Asís Pastor. Alberto Salazar reconoció que el jefe superior de Policía de Madrid, señor Pastor, es un policía ejemplar, que ha prestado servicios considerables, como lo demuestra la medalla de oro y otras condecoraciones que posee. Aseguró que la no designación del señor Pastor como director general de la Policía no responde a indicación de ninguna asociación profesional, ni significa preterición del citado funcionario.

Actuación de la ultraderecha. En los barrios madrileños de Buenavista y Malasaña existe un dispositivo de seis coches zeta para asegurar la pacífica circulación, así como se exige la autorización municipal para mantener tenderetes de propaganda política. José Acosta (PSOE) propuso que policías de paisano con aspecto progre complementen este servicio en las denominadas «zonas nacionales». El señor Rosón declaró que el responsable del orden en la sala de la Audiencia Nacional, donde se celebró el juicio por la matanza de Atocha, era el presidente del tribunal, «que contaba con fuerza suficiente puesta a su disposición». No descartó que, en ocasiones aisladas, las fuerzas del orden no cumplan las órdenes que se les dan. Así lo ratificó el diputado socialista y letrado de la acusación particular en aquel proceso, José Bono, quien no obtuvo respuesta sobre si se habían impuesto sanciones a los funcionarios desobedientes.

«Fachas» en Andalucía. El diputado comunista Felipe Alcaraz denunció la situación de tolerancia que existe en Andalucía respecto a la ultraderecha y los «fachas», que imponen su ley en los pueblos pequeños. Citó el ejemplo de la libre circulación de un vehículo en Jaén pidiendo la libertad para los procesados por la matanza de Atocha. Aludió a la facilidad de circulación de armas entre los afectos al régimen anterior y reveló que el propio gobernador civil de Jaén reconoció privadamente que existía permisividad para determinadas manifestaciones políticas en los pueblos pequeños. De estos hechos, el ministro del Interior dijo tomar buena nota («hoy mismo llamaré al gobernador civil de Jaéri», anunció Antonio Ibáñez Freire).

Torturas. Juan María Bandrés (Euskadiko Ezkerra) reconoció que la situación de torturas y malos tratos ha mejorado, aunque excepcionalmente siguen produciéndose. Citó concretamente las huellas de sevicias comprobadas por él hace quince días en Carabanchel en las personas de unos presos vascos, uno de ellos de apellido Iraztorza.

Piquetes de defensa ciudadana. Tanto la izquierda como las autoridades de Interior consideran improcedentes los piquetes de defensa ciudadana. Su formación responde, según varios diputados, a la inoperancia policial en algunas zonas periféricas. Simón Sánchez Montero (PCE) aseguró que el que se constituyó en Usera lo fue a instigación de la propia policía, con la que se reunían cada noche los miembros del piquete hasta que fueron detenidos.