El Gobierno paraliza la homologación del convenio de la antracita

, El Ministerio de Trabajo ha paralizado los trámites de homologación del convenio provincial de antracitas, firmado hace más de tres meses por la patronal del sector y CCOO, tras las reiteradas negativas de UGT -que abandonó en el último momento las negociaciones- a sumarse a los acuerdos pactados.El convenio, que afecta a unos 6.000 trabajadores y casi un centenar de empresas mineras de la provincia de León, fue aprobado inicialmente por la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el pasado 7 de enero, coincidiendo con la última subida de los precios del carbón térmico, y se encuentra actualmente pendiente de los últimos trámites en la Dirección General de Trabajo, según fuentes empresariales y sindicales.

En los mismos medios se destaca el hecho de que otros convenios, firmados con posterioridad al de minería, hayan sido ya homologados por el Ministerio, sin que se conozca oficialmente las causas por las que este último no ha recibido la aprobación oficial. Tanto las empresas como CCOO consideran que la negativa de la Dirección General de Trabajo a dar «luz verde» al convenio puede obedecer a consignas políticas, en orden a favorecer la aplicación del acuerdo-marco firmado recientemente entre UGT y la CEOE, por cuanto la central socialista no figura en esta ocasión como firmante del mismo. Se señala igualmente que esta actitud contrasta con el elevado número de convenios negociados en las últimas semanas por UGT, con ausencia de CCOO, y ninguno de los cuales parece haber encontrado obstáculos para su homologación.

Por su parte, una fuente oficiosa del Ministerio de Trabajo manifestó ayer a EL PAIS que en su opinión, el retraso en la aprobación oficial del convenio no obedece tanto a motivaciones políticas, como a dificultades de carácter jurídico derivadas del grado de representatividad de ambas centrales, que se reparten al 50% la filiación sindical del sector. En estas circunstancias, la homologación del convenio impediría legalmente cualquier movimiento reivindicativo por parte de UGT y restaría conflictividad al sector durante el período de vigencia de las nuevas tablas salariales, que se han incrementado en términos reales en un 22%.