Los funcionarios de la Administración pública vuelven a la huelga el próximo día 19

Los funcionarios de la Administración pública realizarán paros de veinticuatro horas los próximos días 19 y 26 del presente mes. La convocatoria de estas dos nuevas jornadas de huelga obedece a la negativa del Gobierno a negociar con los propios interesados las subidas salariales previstas en la ley de Presupuestos y a la iniciativa de descontar de las nóminas de los funcionarios los haberes correspondientes a los días 22 de enero al 2 del presente mes, en que permanecieron en paro.La decisión de realizar dos nuevos paros de veinticuatro horas se tomó en la madrugada del jueves por la asamblea de delegados de los funcionarios de la Administración pública. Durante la reunión también se abordó ta posibilidad de promover una huelga indefinida, a partir del próximo día 18, extremo que fue desechado.

Con el nuevo paro, los funcionarios de la Administración pública protestan por la actitud del Gobierno de no negociar las subidas salariales previstas en la ley de Presupuestos. Subidas que, según una comunicación remitida, al parecer, por la Secretaría de Estado para la Administración pública, se aplicarán de forma mecánica y significarán el aumento proporcional del 12,3% para todos los funcionarios, y un 0,2% restante (en la ley de Presupuestos se prevé una subida global del 12,5 %) para aplicara las nóminas más bajas, de tal forma que alcancen el sueldo interprofesional a efectos de pagas extraordinarias.

En la primera huelga protagonizada por los funcionarios de la Administración pública se protestó la decisión del Gobierno de aplicar unos aumentos del 8,5% proporcional y apartar los otros cuatro puntos restantes para satisfacer las previsiones de la ley de Presupuestos.

Los funcionarios, por otra parte, protestan con su nuevo paro la iniciativa gubernamental de descontar de sus haberes los días que permanecieron en huelga. A este respecto, y según medios sindicales, se «detectan irregularidades» en las sanciones, en función de los encargados de realizar las listas, «por lo que vamos a exigir la publicidad de las mismas». Los funcionarios, además, piensan recurrir contra esa medida, por ser necesario, según la legislación vigente -aún no se ha desarrollado la ley orgánica de la Función Pública que prevé la Constitución y reglamenta situaciones de este tipo-, la apertura de un expediente previo a la aplicación de una medida -«sanción», según los funcionarios- como la prevista.