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El consejo de HYTASA acuerda la suspensión de pagos

La junta general de accionistas de la empresa Hilaturas y Tejidos Andaluces, SA (HYTASA), acordó ayer, tal como se esperaba, declarar la sociedad en suspensión de pagos y ratificar su petición de que el Gobierno se incaute la fábrica de acuerdo con el decreto de septiembre de 1939. La presentación de la suspensión de pagos se hará con toda seguridad el lunes o el martes próximos.Tras esta decisión, el Gobierno tiene libre el camino para proceder a la incautación y poner en práctica el plan de reestructuración propuesto por el vicepresidente para Asuntos Económicos, Fernando Abril Martorell. Como ya informó este periódico, la pasada semana la asamblea de trabajadores y el comité de empresa habían ya aceptado las condiciones impuestas por Abril para hacerse cargo de la factoría: aumento salarial del 4% durante dos años, regulaciones de plantilla y compromiso de mantener la paz social.

Durante las últimas semanas, el consejo de administración de HYTASA había propugnado un convenio de pago, de carácter extrajudicial, con los acreedores como alternativa a la suspensión de pagos, considerada costosa para los accionistas (algunas fuentes la han estimado en ochenta millones de pesetas) y lesiva para el prestigio de la empresa. No obstante, Abril Martorell exigió la suspensión de pagos como condición innegociable para la incautación.

«No hemos conseguido convencer al Gobierno de que la suspensión es necesaria e inconveniente», declaró a EL PAÍS el gerente de la factoría, J. M. Pumar, señalando que el vicepresidente para Asuntos Económicos se había negado durante los últimos diez días a recibir a los representantes del consejo de administración, que pretendían plantearle la citada alternativa. De acuerdo con datos facilitados por la dirección, HYTASA tiene en la actualidad un pasivo de 2.500 millones, de los que sólo 180 se verían afectados por la suspensión de pagos.

Según Pumar, «con razón o sin ella, hemos tenido que plegarnos, pero lo importante para Sevilla y para Andalucía es que se garantiza la continuidad de HYTASA, que mantiene los 1.800 puestos de trabajo y la empresa sigue adelante». La fábrica, que es la principal del sector sevillano y la segunda en la región andaluza, pasará ahora a ser dirigida por un comité de incautación, cuyo nombramiento corresponde al Gobierno, que deberá contar entre sus vocales con un representante de los mayores accionistas.

La incautación de HYTASA por parte de la Administración, que se espera sea inmediata, según se ha podido detectar en fuentes próximas al Gobierno, no significa que la sociedad se traspase al sector público. La posible incautación se había previsto en Consejo de Ministros del pasado mes de enero.

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