"Los asesinos de Atocha, vinculados políticamente a Piñar y Fernández-Cuesta" según la acusación particular

«Los asesinos de Atocha fueron armados en los aledaños políticos de los señores Piñar y Fernández Cuesta», afirmó Jaime Miralles en una conferencia de prensa convocada por los abogados de la acusación particular, en el sumario por la matanza de Atocha, para explicar su posición ante el juicio que se inicia el próximo día 18. Además de Jaime Miralles, estuvieron presentes los abogados Cristina Almeida, José Bono, José Luis Núñez Casal, José Marla Mohedano y Antonio Rato.

«Pienso», manifestó Jaime Miralles, «que estos dos políticos ingenuos no son los instigadores de los hechos, ni tienen nada que ver con ellos, pero su testimonio en el juicio era fundamental, en base a los siguientes datos que obran en el sumario: primero, los autores materiales de los asesinatos estaban vinculados personal y políticamente a estos dos políticos; segundo, los asesinos fueron armados en los aledaños políticos de estos dos hombres.» Por otra parte, el propio Jaime Miralles añadió, siempre en base a datos que obran en el sumario, que «los asesinatos de Atocha sólo fueron posibles por la colaboración de algunas infiltraciones existentes en algunos cuerpos, organismos e instituciones que tienen a su cargo la seguridad o la información».

Actuación de Gómez Chaparro

Se planteó por parte de los periodistas la posibilidad de que el sumario, cerrado dos años y medio después de ocurridos los hechos, hubiera sido concluido más tarde, para dar tiempo a investigar las ramificaciones del crimen. Los abogados de la acusación particular respondieron que a los dos años y medio de los hechos, las pistas ya no daban más de sí, estaban cegadas, y atribuyeron especial responsabilidad de ello al juez Gómez Chaparro, instructor del sumario hasta que fue sustituido, en abril de 1979, por el juez Barcala, titular del Juzgado Central número 3, tras la fuga de la cárcel de Ciudad Real, durante un permiso de vacaciones de Semana Santa, del procesado Fernando Lerdo de Tejada. «La actuación dilatoria del juez Gómez Chaparro en la práctica de muchas de las pruebas propuestas dio tiempo a que se borraran huellas y se cegaran pistas», concretó el abogado José María Mohedano. Este mismo abogado citó como ejemplo las pruebas sobre el origen de las armas y de las municiones empleadas en el crimen, que fueron practicadas, respectivamente, en enero y en julio de 1978; es decir, muchos meses después de cometidos los hechos.

El abogado Miralles quiso dejar bien claro que la opinión de los abogados de la acusación particular sobre la actuación del juez Gómez Chaparro no era una apreciación subjetiva, ya que dicho juez tiene abierto actualmente un expediente por supuesta negligencia, sólo pendiente de la resolución de la Audiencia Nacional.

Si la investigación judicial fue, a juicio de la acusación particular, deficiente, no sólo por no realizar las pruebas en el momento oportuno, sino por insistir en el despiece del sumario en múltiples procedimientos independientes: sobre los orígenes de las armas y de la munición, sobre los fondos del antiguo sindicato vertical de transportes, presumiblemente destinados a los autores del crimen, etcétera. La investigación policial, aparte del mérito de detener a los autores materiales, tampoco puede decirse que fue completa, ya que, siempre a juicio de la acusación particular, «no ha ido más allá de los autores materiales, cuando había datos para avanzar más allá». La consecuencia de esta investigación insuficiente e incompleta -manifestó la acusación particular- es que «nunca sabremos los nombres de los grandes responsables e instigadores del crimen».

Otro de los temas sobre los que se centró la conferencia de prensa fue la línea de defensa que, según parece, van a mantener en el juicio los abogados defensores de los procesados Fernández Cerra, García Juliá, Albadalejo, Gloria Herguedas y Jiménez Caravaca. Los abogados defensores califican los hechos de homicidio (el ministerio fiscal los califica de asesinato y la acusación particular, de terrorismo) y mantiene la tesis de la legítima defensa, ya que hubo «acontecimiento mutuo entre agresores y agredidos».

Por otra parte, se apuntó la posibilidad de que la defensa vuelva a la tesis, ya articulada por la prensa de extrema derecha poco después de cometido el crimen, de que éste fue consecuencia de un ajuste de cuentas dentro del propio Partido Comunista de España, del que eran militantes los cinco abogados asesinados. «Si la defensa», manifestó a este respecto Cristina Almeida, «va a ir a enturbiar la situación de los asesinatos o va a atribuir responsabilidades a compañeros abogados comunistas, nosotros eso no vamos a tolerarlo y vamos a ser muy enérgicos.»

Acometimiento mutuo y premeditación

Por su parte, Jaime Miralles añadió: «La actividad de la defensa nos inspira un respeto máximo, pero no el modo y los cauces que han escogido, que los consideramos equivocados. No es acertado olvidar radicalmente las confesiones de los procesados en el sumario y mantener ahora una exactitud tan grave como la de que hubo acometimiento mutuo. Del sumario se desprende que hubo unas víctimas, las encañonadas por García Juliá y Fernández Cerra; y unos asesinos, que actuaron con premeditación.»

José María Mohedano recordó que la revista Fuerza Nueva publicó en las semanas siguientes al crimen de Atocha, antes de ser detenidos los presuntos autores, varios artículos tendentes a demostrar la tesis del ajuste de cuentas entre los propios comunistas. «Pues bien», precisó el mismo abogado, «cuando Blas Piñar y el director y el redactor jefe de Fuerza Nueva acudieron a declarar en el sumario, se les preguntó sobre estos artículos y nadie se responsabilizó de los mismos ni de los datos que sirvieron para su redacción.»