Cierre de discotecas y clubes por carecer de medidas de seguridad

Cuatro discotecas y clubes de León han sido cerrados por orden gubernativa y otro número indeterminado de establecimientos del mismo tipo -entre ocho y veinte, según diversas fuentes- han sido advertidos sobre un posible cierre, como parte de una campaña sobre seguridad ciudadana en lugares públicos. Los cierres están relacionados con la falta de las más elementales medidas de seguridad, tales como salidas de emergencia, extintores en buen uso o por poseer elementos de decoración de gran combustibilidad, que, según los técnicos, los convierten en «auténticas ratoneras en caso de incendio».La totalidad de los locales afectados por esta medida hablan recibido a primeros de 1979 un plazo de seis meses para adecuar sus instalaciones a la normativa vigente, sin que esta llamada hubiera sido atendida. Desde el principio la patronal del sector de hostelería, al que pertenecen los establecimientos expedientados, había advertido que la adopción de sanciones gubernativas contra los mismos podía ir seguida de «medidas de presión a nivel nacional», por cuanto las amenazas de cierre comenzaban a extenderse también a otras provincias. Una comisión de los empresarios volvió a entrevistarse ayer con el gobernador civil de León, Luis Cuesta Gimenos, para pedir la anulación de las sanciones, sin que éste accediera a ello. EL PAÍS pudo saber de fuentes oficiosas que en los próximos días se iniciará una segunda ronda de inspecciones en nuevos establecimientos para determinar la existencia de posibles irregularidades.

Las actuaciones del Gobierno Civil de León se han visto frenadas durante el último año por numerosos condicionamientos de carácter legal y administrativo derivados del hecho de que la casi totalidad de las discotecas y clubes sancionados cuentan desde hace más de ocho años con los correspondientes permisos de apertura, sin que las inspecciones llevadas a cabo desde aquella fecha hicieran constar ningún tipo de «deficiencias»; en estas circunstancias el Gobierno Civil ha tenido que optar por el cierre de las discotecas -lo que lleva implícita una demanda por daños y perjuicios- o el mantenimiento de las mismas, con el riesgo de una posible catástrofe.