Se regula por decreto-ley el procedimiento de separación matrimonial y la limitación de alquileres

El Consejo de Ministros se reunió ayer, por última vez en 1979, y, entre otros asuntos, aprobó dos decretos-leyes: uno, por el que se determina el procedimiento a seguir en las causas de separación matrimonial, y otro, que limita rentas de arrendamientos urbanos relativas a viviendas y locales de negocios. El Consejo aprobó también cuatro nombramientos militares, entre los que destacan el de¡ presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y capitanes generales de Burgos y Barcelona.

El vacío jurídico que se ha producido tras la firma de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, por los que se atribuye a los tribunales ordinarios la competencia que tenían los eclesiásticos en materia de separación matrimonial, ha hecho necesario que, en tanto no se reforme la legislación civil, se arbitren medios para llenar esa laguna.El decreto-ley -que habrán de ratificar las Cortes- se limita a disponer -según se informa oficialmente- que los procesos de separación conyugal, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, se sustanciarán y decidirán por los jueces de primera instancia, por los trámites de los incidentes, en espera de lo que en definitiva establezca la, ley que ha de dictarse en desarrollo del artículo 32 de la Constitución, sobre separación y disolución.

El otro real decreto-ley establece que las rentas de los arrendamientos urbanos relativas a viviendas y locales de negocios, en situación de prórroga legal, y cuya cuantía haya de ser modificada por ley, por determinación del Gobierno o por pacto expreso de las partes, no podrán sufrir elevaciones que excedan de la variación porcentual experimentada en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de revisión, por el índice nacional de precios. Concretamente, el que marque el apartado de alquileres dentro de ese índice de precios al consumo que elabora el Instituto Nacional de Estadística.

El mismo decreto-ley limita la distribución de participación en los beneficios a favor de los consejos de administración o de las juntas que hagan sus veces.

Acciones del Metro por telefónicas

El Gobierno adoptó ayer un acuerdo que, según la referencia oficial, trata de «proteger el pequeño ahorro, ofreciendo un tipo de canje de interés para los accionistas de] Metro». El acuerdo establece el canje por acciones de la Compañía Telefónica, en la proporción de tres acciones de la misma por cada dos de la Compañía del Metropolitano de Madrid, siempre que, al menos el 60% del capital de la compañía Metropolitano de Madrid, acuda a la oferta de canje.

El acuerdo -prosigue la nota oficial- garantiza la recompra por el Estado de las acciones de Telefónica, transcurridos tres años, al valor de cotización del trimestre pasado, así como prevé la inmediata efectividad de la medida, ya que los accionistas que opten por el canje podrán percibir los dividendos de Telefónica correspondientes al ejercicio de 1979, que ésta piensa liquidar en enero.

El ministro de Hacienda propuso, y el Consejo aprobó, un decreto por el que se regula el proceso de las amortizaciones de activos empresariales. Oficialmente se informa que, «por primera vez en la historia de la Hacienda pública española, se admite, no sólo la amortización debida al uso de la maquinaria y otros activos, sino también la obsolescencia, o sea, la depreciación debida a la aparición de procedimientos tecnológicos más productivos».

También se regulan medidas de fomento fiscal de las inversiones, como la deducción en el impuesto sobre sociedades por adquisición de activos fijos, aumentos de plantillas, suscripción de valores mobiliarios con cotización calificada en Bolsa y también la exoneración de plusvalías por inversión de los capitales en la adquisición de activos fijos.

Catorce zonas de diez provincias -Lugo, Albacete, Guadalajara, Toledo, Baleares, Alicante, Murcia, Almería, Granada y Cáceres- que incluyen 344 términos municipales, con una superficie total de 2.497.119 hectáreas, se verán beneficiadas por la ampliación del plazo de vigencia de actuaciones de reforma y desarrollo agrario.

Por una parte se han aprobado subvenciones por 3.000 millones de pesetas para explotaciones agrarias. Inversión en dos años de 10.000 millones de pesetas para obras de infraestructura y subvenciones para la mejora del medio rural por unos mil millones de pesetas, lo que supondrá, según la estimación oficial, una inversión total de 6.000 millones, aproximadamente.

Nuevo precio de la leche

Se ha fijado un nuevo precio, para la leche, que regirá desde el 1 de enero al 30 de septiembre próximos. El precio se fija en veinte pesetas litro y se explica en la información oficial que «teniendo en cuenta que en enero del pasado año era de dieciocho pesetas litro, un 11,11% de incremento, sin embargo, al normalizar el nuevo período de nueve meses, el incremento real podría estimarse en un 12%-13%.

El ministro de Agricultura informó al Consejo sobre el estatuto de la explotación familiar agraria y de los jóvenes agricultores.

Inversiones en obras públicas

Se han aprobado ayer beneficios para el área de expansión industrial de Andalucía, con una inversión prevista de 6.120 millones de pesetas y la creación de 1.977 puestos de trabajo, y para la de Galicia, con una inversión de 6.200 millones y la creación de 2.580 puestos de trabajo.

El Consejo aprobó la modificación del Plan General del Area Metropolitana de Madrid, consistente en el cambio de uso a zona especial, para, la construcción de un centro de formación profesional, de algunas dedicadas a parqués, jardines y forestal dentro del perímetro urbano, en terrenos situados entre Orcasur y la carretera de Andalucía. Se dedican a zonas verdes otros terrenos, para mantener la compensación.