Desconfianza del ciudadano y necesidad de una reforma jurídico-penal

«La sensación de inseguridad por parte del ciudadano medió puede llegar a traducirse en una peligrosa desconfianza en la capacidad del Estado para resolver los problemas de robos y atracos. Esta situación influye también en las decisiones económicas del mundo empresarial, cuyas repercusiones son de indudable trascendencia.» Esta y la que hace referencia a una reforma de la actual regulación jurídico-penal de robos y atracos son conclusiones hechas públicas por los participantes en las Jornadas de Estudio sobre "Seguridad contra el robo y atraco en las empresas", que se han desarrollado en Madrid con participación de expertos y cuya presidencia de honor ocupó el ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire.El resumen de las jornadas ha sido fraccionado en trece puntos, cada uno de los cuales se formula como una conclusión o corolario. Por lo que respecta a «los poderes públicos responsables de la seguridad ciudadana», se hace patente que «precisan la colaboración de todos los sectores afectados y la dotación de los suficientes medios humanos y técnicos».

El montaje de un dispositivo general de seguridad, cuya inclusión en el organigramá de la empresa se postula, precisa de dos acciones conjuntas: «la potenciación de medios ágiles de transporte de la policía y las patrullas de barrio se consideran como medio a impulsar para la mejora eficaz de la situación», y la habilitación, por parte de las entidades de crédito, «de nuevas medidas de prevención para los delitos de fraude, malversación, falsificación, manipulación operativa y delito técnico-informático», así como «una mayor promoción de los medios de pago sin efectivo».

Se propone que participen en la comisión mixta actualmente establecida para el tratamiento del problema «todas las partes interesadas (incluidos los expertos en seguridad) en los riesgos de robo y atraco», y se añade que «las normas no tienen que ser necesariamente publicadas, sino que, por su carácter especifico, cabe dictar instrucciones reservadas». Se apoya en las conclusiones que las multas por infracciones en materia de medidas de seguridad se impongan después de un profundo análisis de «los factores objetivos y subjetivos».

En el punto donde se recogen las medidas penales deseables «se estima necesaria la reforma de la actual regulación jurídico-penal del robo y atraco, la potenciación de la persecución policial y la agilización de los procedimientos criminales.