UGT de Telefónica pide una empresa de telecomunicaciones pública

El Sindicato de Teléfonos de UGT denunció ayer la falta de una política de comunicación y la pusilanimidad del Gobierno para plantearla. La central presentó a continuación una alternativa a la actual «descoordinación a nivel de administración», en la que se propone la creación de un «órgano superior administrativo» -ministerio, secretaría de Estado o similar-, responsable de la explotación de los servicios postales y los de telecomunicación.Este «órgano superior» se establecería a partir de una ley general de comunicaciones y sería el encargado de rendir cuentas en el Parlamento de dos empresas públicas: la deservicios postales y la de los servicios de telecomunicación, que englobaria la actual Dirección General de Correos y Telecomunicación, la Dirección General de Radiodifusión y Televisión y la Compañía Telefónica Nacional de España.

La constitución de esa empresa supondría, -según el proyecto- ninguna merma en la autonomía presupuestaria y financiera de la misma. Se respetaría, por otra parte, la condición situación laboral, tanto individual como colectiva, de los afectados por esa reorganización administrativa. Para ello se constituiría una comisión Gobierno-empresas afectadas-sindicatos,

A la citada «política de comunicación» iría asociada en el sector una nueva «política industrial» y tecnológica basada en una nueva estructuración de la inversión en equipos de telecomunicación. En opinión del Sindicato de Teléfonos de UGT, redactor de la «alternativa», se está dejando en manos de las multinacionales la planificación futura del sector. Una orientación que, en aras de una mejoria de la productividad, provoca más paro en las empresas vinculadas.

El Sindicato de Teléfonos de UGT entiende que los objetivos a corto plazo de la Compañía Telefónica Nacional de España deberían fijarse en mantener los niveles de inversión adecuados -que se cifrarían en la atención de la demanda de 700.000 peticiones pendientes, mejoras en el servicio y freno al creciente paro- y en una nueva reestructuración de las fuentes de financiación.

En este capítulo, la central entiende que Telefónica debe superar sus porcentajes de autofinanciación, que en la actualidad están situados en las proximidades del 40%; rebajar la imposición indirecta del 22%; congelar los dividendos, es decir, no acceder a la petición de dividendos anuales del 11%, y negociar con los suministradores para que los precios de sus productos no superen durante 1980 un 10% de incremento.

Entre los ejemplos puestos por la central sobre descoordinación administrativa en la actividad de la telecomunicación figuró el de la organización del Mundial de Fútbol de 1982. En este punto, el sindicato puso de manifiesto que no existe ninguna justificación para la inversión de 22.000 millones de pesetas previstas por RTVE para instalar una red de radioenlaces bidireccionales entre todas las poblaciones donde se celebren partidos del citado campeonato. La central insiste en que ya existe una infraestructura de telecomunicación creada por Telefónica entre esas localidades. Esa infraestructura podría ser, según UGT, utilizada alternativamente por Telefónica y RTVE.