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Promotores de un banco fantasma compran sin fondos por importe de 360 millones

En «centenares de millones de pesetas» evalúa la policía el importe de las estafas que proyectaban Fernando Martí Lloret, de 49 años; Francisco Alonso Echevarría, de 59, y Antonio Moncho García, de cuarenta. Estas tres personas figuraban, respectivamente, como consejero delegado, presidente y secretario del consejo de administración de la Sociedad Anónima Bolsa de Inversión y Ahorro (Bina, SA), domiciliada en el número 152 del paseo de La Habana.

Esta sociedad no estaba inscrita en el Registro Mercantil. Aunque los interesados habían extendido un protocolo ante notario, no habían abonado su importe ni los derechos reales. Bina aparecía como sociedad promotora de un Banco Industrial Celtíbero, cuyo capital social y reservas serían de 50.000 pesetas, según rezaba en los anuncios publicados en distintos medios informativos. En dicho documento se especificaba que el capital social de Bina, SA, era de seis millones de pesetas, de las que sólo había sido depositado por sus titulares un 50%.Con esta estructura financiera, los tres detenidos iniciaron una se rie de actividades, una de las cuales fue la adquisición de una cooperativa de ahorro y de tres compañías filiales de la misma, todas ellas radicadas en el País Valenciano. Las aportaciones voluntarias de dichas entidades fueron compradas por 280 millones de pesetas, pagaderos en letras de cambio, que fueron aceptadas, por Bina, SA, y Martí Lloret, y libradas por Moncho García. En realidad, estas aportaciones no sobrepasaron el medio millón de pesetas.

Posteriormente a la apropiación de estas cooperativas, los tres detenidos corrienzaron a avalar letras, con objeto de buscar línea de descuento de efectos, que les eran entregados por sociedades o personas en circunstancias financieras adversas por falta de liquidez, de modo que, en caso de no hacerse efectivo el pago de dichos efectos, la cooperativa fuera la responsable subsidiaria. Asimismo, confirmaban talones contra la cooperativa cuando se les solicitaba telefónicamente dicho requisito. Alonso Echevarría cobró, de este modo, un talón por importe de 2.300.000 pesetas. A la hora de pasarlo al cobro la entidad bancaria que lo habla abonado, la central de la cooperativa estabía totalmente falta de liquidez.

Implicación en otras sociedades

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En la misma casa del paseo de La Habana tenían también su domicilio social la firma Coloniales Alonso, propiedad de Alonso Echevarría, y otra llamada Tacta, SA, ambas dedicadas a la compra y distribución de productos alimenticios. La primera había alquilado un almacén en Arganda del Rey y había hecho varios pedidos, ya suministrados y pagaderos en letras, muchas de las cuales eran devueltas por impago. Estas mercancías no estaban almacenadas, ni su movimiento asentado en los libros de contabilidad. Entre estos pedidos figura uno efectuado a una empresa importadora de whisky, y otro, consistente en una partida de cacahuetes, por valor de un millón de pesetas.

También habían formulado dos pedidos a industrias alimentarias y conserveras navarras, por importe de 36 millones de pesetas, pedidos cuya gestión se frustró gracias a la intervención policial. En su nota informativa, la policía consigna una compra de otra partida de cebada, por valor de cincuenta millones de pesetas, a una cooperativa agrícola también navarra. La sociedad fundada por los tres detenidos hizo el pago en letras, avaladas en parte por Martí y Moncho desde la cooperativa de crédito.

La policía ha conseguido saber que, con ocasión de la compra de la cooperativa de ahorro y de las filiales, se efectuaron cuatro reuniones del consejo rector en un período de sesenta minutos. La primera, para admitir nuevos socios; la segunda, para dar de baja a cuatro consejeros y nombrar a los admitidos en el anterior, y la tercera y la cuarta, para tomar otras decisiones, tales como la de convocar una junta general.

La policía señala estos antecedentes penales en los arrestados: Alonso Echevarría, robo a mano armada, amenazas graves y estafa; Martí Lloret, estafas y falsificación, y Moncho García, que había sido no nombrado tesorero y vicepresidente segundo en la tercera de las reuniones mencionadas, numerosas estafas y dos órdenes de busca y captura.

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