Pérez Llorca sugiere el consenso para la reforma de la Administración pública

El ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez Llorca, sugirió ayer con claridad, ante la Comisión de Presidencia del Congreso, que las reformas de la Administración y de la función pública debe hacerse bajo algún modo de consenso. Concretamente se refirió a «intentar una concertación de las fuerzas políticas, porque la reforma debe tener un amplio sostén sociológico y un amplio soporte político y parlamentario».

Pérez Llorca hizo un anuncio importante, y es su propósito de llevar al Gobierno una modificación de las previsiones establecidas en el calendario de desarrollo constitucional, de forma que los proyectos de ley de la Administración central del Estado, las reformas en materia de función pública y algo de lo que ahora se engloba en la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, se englobe en un solo proyecto de ley orgánica bajo la rúbrica, aproximada de ley del Gobierno, de la Administración y la función pública.Con este propósito, el ministro trata de simplificar y dar unidad orgánica a estas materias, al mismo tiempo se derogaría la ley de Funcionarios Públicos del Estado y la de Régimen Jurídico de la Administración, que juzga absolutamente inservible, salvo en los aspectos referidos a la responsabilidad de la Administración. La ley de Procedimiento Administrativo, salvo ligeros retoques, quedaría como está, ya que, en opinión de Pérez Llorca, manifestada a EL PAÍS, se trata de un cuerpo legal «de gran calidad técnica».

La sesión comenzó con condenas del presidente, Antón Cañellas, y los representantes de los distintos grupos, para el secuestro del diputado Javier Rupérez. Gabriel Cisneros, en nombre de UCD, agradeció esas manifestaciones y Pérez Llorca comenzó su intervención con las mismas muestras de agradecimiento y señaló que «la única solución y la única salida, es una salida de firmeza, en la que no se puede aceptar el chantaje, y es mucho más fuerte la posición del Gobierno con el apoyo de todos los grupos, con independencia de su ideología».

La sesión transcurrió en un clima distendido, y puede afirmarse que la intervención del ministro fue bien recibida por todos los grupos, hasta el punto que más que preguntas se le formularon reflexiones.

Pérez Llorca planteó la reforma jurídica de la Administración con las siguientes ideas fundamentales:

La Administración pública no puede ser campo de lucha de los distintos grupos, y presenta, además, un mundo propio que responde a leyes sociológicas que la política debe tratar con respeto. Sólo con leyes no se puede reformar ese mundo.

Su proyecto tratará, en primer lugar, de regular el Gobierno, alejándole de la rigidez, atípica en Derecho comparado, que ofrece la actual ley de Régimen Jurídico, y descargando al Consejo de Ministros de tareas burocráticas.

En paralelo a lo anterior se tratará de perfilar y potenciar la figura del presidente del Gobierno.

En cuanto a la función pública admitió Pérez Llorca que el funcionariado «no se encuentra en buena situación moral económica y psicológica». «Se trata», dijo, «de potenciar esa gran capacidad técnica, humana y de honestidad, redefinir al concepto de función pública, potenciar el área laboral que ha sido residual, frente a un exceso del área estatutaria; reducir el personal eventual a lo que podría llamarse «personal político al servicio de la Administración», flexibilizar el ingreso en la función pública; potenciar la creación de la "carrera administrativa", restaurar las categorías personales; ordenar la libertad de asociación y sindicación y garantizar la imparcialidad del funcionario, evitándole presiones políticas».