El Parlamento, dividido en dos bloques frente a la ley de Seguridad Ciudadana

Los grupos parlamentarios de izquierda (socialistas, comunistas y Partido Socialista de Andalucía) y los nacionalistas vascos y cataianes (PNV y Minoría Catalana) pusieron graves reparos al contenido del proyecto del Gobierno sobre la ley orgánica de Seguridad Ciudadana, con ocasión del debate a la totalidad de dicho proyecto celebrado ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados.

El centro (UCD), la derecha (CD) y el diputado de Unión Nacional, Blas Piñar, se mostraron, por el contrario, de acuerdo con la filosofía del proyecto gubernamental, si bien UCD anunció la presentación de algunas enmiendas tendentes a mejorar el texto del proyecto y CD estimó, a través del diputado Manuel Fraga, que en algunos puntos el proyecto del Gobierno se queda «corto».El debate a la totalidad del proyecto del Gobierno sobre la ley orgánica de Seguridad Ciudadana, el cual desarrolla varios preceptos constitucionales sobre la suspensión de derechos fundamentales de la persona (artículo 55-2), sobre los estados de alarma, excepción y sitio (artículo 116), y sobre los principios de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (artículo 104), surgió con motivo de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Andalucista (PSA), con la pretensión de que el proyecto de ley fuese devuelto al Gobierno.

La enmienda del Grupo Andalucista fue rechazada con los votos en contra de UCD, CD, Minoría Catalana y de Blas Piñar, mientras que los socialistas, comunistas y el representante del PNV se abstuvieron. El diputado de la Minoría Catalana, Roca Junyent, votó en contra por razones de tipo procedimental, si bien anunció que muchas de las enmiendas socialistas presentadas al proyecto contarían con el apoyo de su grupo.

Los grupos socialista, comunista y del PNV declararon que estaban en contra de la devolución del proyecto, en cuanto podía significar un freno al desarrollo constitucional, si bien expusieron sus graves reservas al fondo y a la forma del proyecto gubernamental. A este respecto, socialistas y comunistas anunciaron que presentarían enmiendas a la casi totalidad de los artículos del proyecto de ley.

La enmienda a la totalidad del Grupo Andalucista, que fue finalmente rechazada, estaba basada en dos tipos de argumentos. Unos pretendían demostrar que el proyecto de ley del Gobierno era impreeiso y vago, no garantizaba la seguridad jurídica de los ciudadanos, reconocida por la Constitución, y reducía las facultades reservadas al poder judicial, trasladándolas al ejecutivo. Los otros argumentos se basaban en que el Gobierno desarrollaba en una sola ley orgánica temas para los que la Constitución establecía diferentes leyes de este rango.

Al fondo de la argumentación del Grupo Andalucista se opuso fundarnentalmente UCD, a través del diputado Lorenzo Olarte, si bien el partido del Gobierno contó en este, punto con el apoyo de los diputados señores Fraga y Piñar. El señor Olarte negó que el proyecto gubernamental contuviese conceptos vagos e imprecisos y opiné que la terminología del proyecto era casi repetitiva respecto a la. que utiliza la Constitución en estos temas. Respecto al hecho de que el proyecto del Gobierno unificase en una ley orgánica temas para los que la Constitución prevé leyes de este rango, el señor Olarte manifestó que no era un defecto, sino una virtud, ya que de esta manera se evita la dispersión legislativa.

Gregorio Peces-Barba, en nombre del Grupo Socialista, calificó el proyecto de ley de «radicalmente inaceptable y elaborado por personas desconocedoras de lojurídico». El mismo diputado denunció el papel preponderante que el proyecto del Gobierno otorga a las autoridades gubernativas.

Los comunistas, a través del diputado Solé Tura, expusieron por su parte su radical discrepancia con el con tenido del proyecto, mientras que el diputado Marcos Vizcaya, en nombre del PNV, anunció la identidad de su grupo con los criterios expresados por la izquierda. Socialistas, comunistas y PNV se opusieron a que la ley orgánica propuesta por el Gobierno contuviese el desarrollo de temas para los que la Constitución prevé tres leyes orgánicas distintas.