Landelino Lavilla: "UCD, que nació como partido del Gobierno, debe convertirse en Gobierno del partido"

Landelino Lavilla, ministro de Justicia del posfranquismo, político democristiano a quien periódicamente se le sitúa como alternativa o como delfín de Adolfo Suárez, ocupa un puesto clave en el sistema parlamentario establecido en la Constitución de 1978. Como presidente del Congreso de los Diputados, le corresponde, según la propia Constitución, presidir las sesiones conjuntas de las dos Cámaras cuando las Cortes Generales deban tomar acuerdos que afecten a la Corona.El presidente del Congreso ofrece un perfil público moderado, que arranca de la última etapa de la dictadura, durante la que, a pesar de ocupar algún cargo político -como el de subsecretario de Industria-, se caracterizó por su actitud crítica desde dentro. Fundador del grupo Tácito, participó activamente en la creación de Unión de Centro Democrático (UCD), a cuya ala derechista y cristiana se le adscribe. No prosperó su nombramiento para coordinador general del partido y Landelino Lavilla dedicó su actividad, desde que en julio de 1977 fue designado ministro de Justicia del primer Gobierno Suárez, a una intensa labor de renovación legislativa, especialmente a través de la Comisión General de Codificación.

Justamente, muchos de aquellos viejos proyectos de ley que se prepararon bajo su dirección van llegando ahora al Congreso de los Diputados, con las modificaciones introducidas por los nuevos Gabinetes y las necesarias adaptaciones al texto constitucional.

Desde su situación al frente de la Cámara Baja, a la que Landelino Lavilla se dedica con intensidad, el político democristiano se afirma como derechista del centro, cuya posición como hombre de Estado le evita ambiciones políticas apresuradas. Reconoce que Suárez es capaz, como líder del partido y como conductor del proceso democrático en marcha. Dedica toda su laboriosidad a agilizar los trabajos de la Cámara y lograr un Parlamento operativo. Mal recibido en principio por la oposición, a cuenta de su parcial arbitraje en el acto de investidura de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, ha conseguido después lubrificar las relaciones con los grupos parlamentarios.

Frío, riguroso, cerebral, con una formación jurídica sólida y escasa capacidad para la ironía, Landelino Lavilla es más apto para la labor de despacho que para la dirección de unos debates parlamentarios tumultuosos. Sin embargo, ha sabido tomarle la medida al hemiciclo y cada vez más se puede hacer de él aquel elogio clásico para todo presidente de asamblea: «Comienza a pasar inadvertido. »

Pregunta. ¿Cómo encaja el presidente del Congreso de los Diputados las críticas que se hacen, desde variados sectores de la opimón pública, al funcionamiento de las instituciones parlamentarias?

Respuesta. Soy buen encajador y considero normal un enjuiciamiento crítico de toda actividad política. Es más: algunas de las críticas que leo me ayudan en mi labor. Hay ocasiones en que disiento, sobre todo porque observo que falta una valoración previa de lo que es, de lo que debe ser, un Parlamento. A veces se magnifican aspectos anecdóticos, como cuando se publican esas fotografías del hemiciclo casi vacío, tomadas quizá minutos antes de que estuviera casi lleno... Son críticas desorientadoras.

P. Sí, pero a mí me ha dicho Manuel Fraga, y está publicado, que este Parlamento es «el que menos trabaja de Europa».

R. No lo creo. El traba o parlamentario ha de juzgarse por el conjunto de la actividad que se desarrolla en la Cámara. Y creo que pocos parlamentos cumplen una actividad tan intensa como el nuestro, aunque sólo sea porque nos encontramos en una fase de renovación global del ordenamiento jurídico para modernizarlo y adaptarlo a los principios constitucionales. De todos modos, estoy de acuerdo en que se puede, y se debe, mejorar el funcionamiento parlamentario; hacerlo más vivo, más ágil, menos formal.

P. ¿Hay algunas novedades previstas en el nuevo reglamento?

R. El reglamento está en fase de elaboración todavía. Pienso que habrá de afrontar seriamente la corrección de aquellos factores que hoy dificultan la organización y el desarrollo del trabajo. Así, por ejemplo, la existencia de un número excesivo de comisiones como consectiencia del precepto reglamentario, que impone que se constituyan tantas como departamentos ministeriales existan. Habría que ir hacia una fórmula de comisiones por áreas, más que por departamentos. Tenga usted en cuenta que las treinta comisiones actuales, a 36 miembros cada una, dan un total superior a los mil puestos, y sólo hay 350 diputados. Ello obliga a multiplicar y dispersar la actividad de cada diputado. Ocho o diez comisiones solamente permitirían un trabajo más ordenado y eficaz. Igualmente hay que articular de otra forma la labor de las ponencias, comisiones y Pleno, para evitar que los debates sean repetitivos. La comisión, excepto en los casos en que actúa con plenitud legislativa, debería ser un órgano más de trabajo y menos de debate, y el ponente habría de configurarse más como relator u ordenador de enmiendas y posiciones que como un reelaborador del texto legislativo. La reelaboración, en su caso, debería hacerla la comisión, y el debate, el verdadero debate parlamentario, al menos en cuanto a los temas de mayor alcance y entidad política, debería quedar para el Pleno.

P. Pero esto obligaría a sesiones plenarias muy largas, que avivarían tal vez la tendencia al absentismo de muchos diputados...

R. No; porque daría lugar a la aplicación por los grupos de criterios más selectivos que acumulativos y se complementaría con un procedimiento de preguntas e interpelaciones mucho más breve y escueto y sobre temas más actuales. El Pleno ganaría así en interés político. Hay que lograr una vivacidad del trámite parlamentario de preguntas, que da al diputado la, oportunidad de plantear, y al Gobierno la de contestar, cuestiones concretas, fijando con claridad y concisión las posiciones y sin necesidad de grandes discursos. En cuanto al absentismo, debo recordar que ya estamos celebrando sesiones plenarias de larga duración, con una asistencia media. Es por ello explicable que esa asistencia se reduzca sensiblemente cuando se tratan cuestiones de interés limitado y no siempre actual. Ocurre en todos los Parlamentos.

P. La tarea legislativa más importante de las Cortes Generales es, sin duda, el desarrollo de la Constitución. ¿Qué juicio le merece el retraso que se ha producido en el cumplimiento del calendario fijado por el propio Gobierno?

R. Un calendario puede concebirse como un compromiso rígido, con fechas, o como un cuadro de referencia para ordenar y sistematizar el trabajo...

P. En este caso se fijaron fechas, meses concretos...

R. Sí; pero el juicio no debe hacerse fecha a fecha. En todos los programas se produce alguna desviación sobre lo previsto. Yo prefiero juzgar en conjunto y por períodos de cierta amplitud. También en el Congreso hemos fijado un calendario y hemos tenido desajustes. Pero usted ha podido advertir que en las últimas semanas hemos intensificado fuertemente los trabajos y es previsible la recuperación rápida de los retrasos habidos. Creo que tanto el Gobierno como el Parlamento cumplirán el calendario fijado y, por lo que al Congreso respecta, estamos ya preparando el correspondiente al período febrero-junio. De todos modos, repito que siempre se producen distorsiones en el cumplimiento estricto de los plazos. Habiendo estado en el Gobierno, uno sabe...

P. Habiendo estado en el Gobierno, ¿sabe usted que hay discrepancias entre los ministros que retrasan el calendario legislativo?

R. Es normal que haya diferencias de criterio. El Consejo de Ministros es un órgano deliberante en el que se manifiestan discrepancias, y precisamente de la deliberación a partir de opiniones y ópticas no idénticas surge el acuerdo y la decisión. Lo que no creo es que las tensiones en un Gobierno homogéneo sean tan fuertes que lleguen a bloquear los proyectos.

P. Ha pasado ya un año desde que se culminó la elaboración de una Constitución, de la que surgen nuevas instituciones democráticas. ¿Cómo está el proceso de puesta en marcha de estas instituciones?

R. Estamos todavía en una fase legislativa y, en muchos aspectos, prelegislativa. Esas Cortes surgidas de la Constitución funcionan y mejor de lo que a veces resulta de esos juicios críticos de que antes hablábamos. Tenemos la ley del Tribunal Constitucional y están en trámite la del Consejo General del Poder Judicial -aprobada esta semana por el Congreso-, la del Defensor del Pueblo, debida a una proposición socialista...

P. En su opinión personal, ¿qué cualidades debe reunir el presidente del Tribunal Constitucional?

R. De la primera composición del Tribunal Constitucional depende, en gran medida, el que sea factor de seguridad jurídica y de estabilidad política. A mi juicio, sus miembros han de acumular autoridad moral y técnica. Organos como éste o el Consejo General del Poder Judicial no pueden formarse según el puro juego de las posiciones políticas. En cuanto al presidente del Tribunal Constitucional, debe ser una persona de gran calidad jurídica y con una destacada posición de magisterio, prestigio y respeto social. Sin citar nombres, estas características acotan bastante el campo.

P. Hablábamos hace un momento de la elaboración de la Constitución. En un momento dado, usted dejó de participar con la intensidad inicial en el proceso. ¿Hay algún punto elaborado en esa segunda etapa que considere perfectible o demasiado ambiguo?

R. Es cierto que yo tuve una participación más directa en la fase de ponencia. Después, los trabajos constitucionales discurrieron bajo otra dirección. Un texto siempre es perfectible, y éste tiene, efectivamente, muchas ambigüedades. Pero hay que despojar esta afirmación de su carga peyorativa. La Constitución define claramente los límites, aunque dentro de ellos -y esa es la ambigüedad- admita pluralidad de decisiones y de soluciones. Todas serán constitucionalmente admisibles si no se salen del marco prefijado. Hay que esperar grandes ventajas de ese criterio seguido en algunas formulaciones constitucionales, ventajas que no tienen, como nuestra historia constitucional acredita, los textos dogmáticos.

P. Se ha acusado especialmente de ambigüedad al artículo 27, que regula la educación.

R. Yo creo que el artículo 27 formula un conjunto de principios constitucionales que no podrán ser ignoradas ni vulnerados y, que a mí personalmente, me dejan suficientemente tranquilo.

P. En estos momentos están en la calle temas polémicos de gran impacto social que, antes o después, harán su irrupción en el Parlamento. Me refiero, por ejemplo, al aborto y al divorcio. ¿Cuál es su postura personal sobre la regulación de estas realidades?

R. No soy partidario de la despenalización del aborto. El proyecto de Código Penal que dejé preparado en el Ministerio de Justicia proponía un tratamiento nuevo para este delito. En el marco de una reducción general de las penas que caracterizaba al proyecto, se valoraban atenuantes y eximentes de responsabilidad, según la normal técnica penal, pero siempre a partir del principio de la penalizáción del aborto voluntario. En cuanto al divorcio, el proyecto de ley que también dejé preparado, partía de un enfoque no dogmático y admitía la disolución del matrimonio en determinados supuestos, pero sin perder de vista que es deseable, como objetivo político y social, la estabilidad familiar. El divorcio viene así a ser una solución para la realidad de matrimonios irreversiblemente rotos. Y no cabe olvidar que, junto a la ley de divorcio, estaba programada una ley de protección a la familia.

P. En ese caso, el anuncio de que el Gobierno abandona esta ley de protección a la familia, ¿significa una descompensación sobre la regulación familiar proyectada globalmente?

R. No creo que exista ese abandono, sino quizá una simple discrepancia en cuanto al enfoque del tema. La protección a la familia puede hacerse a través de una ley horizontal que aborde todas las cuestiones. Esa era mi inicial posición. Pero también puede realizarse en las diversas piezas legislativas que afecten a la familia. No he examinado las contraindicaciones que pudieran aconsejar el cambio de óptica, aunque pienso que, tal vez, el primer criterio, el de la ley global, plantea de forma más directa y descarnada el coste y las dificultades de financiación de una ley de estas características.

P. Pero usted, como democristiano, ¿no defiende la indisolubilidad del matrimonio que proclama la Iglesia?

R. A mí, como católico, me repugnaría una ley que hiciera obligatorio el divorcio; que lo haga posible, no me repugna. Yo tengo claras mis obligaciones en conciencia, y creo que un legislador civil, en una sociedad plural, no tiene que elevar necesariamente a norma jurídica sus propias exigencias éticas.

P. Sin embargo, parece que otro sector católico de UCD, el vinculado al Opus Dei, ha ofrecido resistencias a la regulación del divorcio que se proyecta.

R. No me consta que sea así. En cualquier caso, en el programa electoral de UCD se definió la posición con la que el partido compareció ante el electorado.

P. Tal vez lo que falta por definir ideológicamente es UCD... ¿Podría desaparecer esa indefinición en el próximo congreso, en beneficio de la democracia cristiana?

R. No creo que haya indefinición ideológica. Lo que se necesita en este momento en UCD es debatir y fijar criterios de fondo, sobre temas concretos, a partir de su ideología ya definida. UCD es un partido no dogmático. Lo importante es acomodar las actitudes a los principios.

P. En una reunión del comité ejecutivo de UCD, usted planteó la necesidad de lograr un «estilo UCD». ¿Cómo definiría ese estilo?

R. No fue exactamente así. Un partido de las caraterísticas del nuestro tiene ventajas, pero también inconvenientes, algunos de ellos derivados específicamente de haber nacido como partido del Gobierno. Ahora hay que lograr que se inviertan los términos y que se llegue a la realidad de un Gobierno del partido. El partido, el Gobierno y el grupo parlamentario tienen que funcionar sincronizadamente. El partido debe nutrir al grupo parlamentario y al Gobierno de los criterios para afrontar los problemas. Después de tres años en el Gobierno, uno se da cuenta de que los temas urgentes impiden, con frecuencia, abordar los problemas importantes. En ese sentido hablé yo de un cambio de estilo, como necesidad de que se produzca esa reconversión de un partido que nació con la responsabilidad de ejercer el poder, y que no ha tenido un período de «aspirante al poder» en el que suelen operar con más fuerza y autenticidad los factores integradores.

P. ¿Y cómo anda UCD de democracia interna?

R. Las recientes asambleas provinciales han significado un paso adelante. La experiencia de Jaén, que yo he vivido intensamente, ha sido muy interesante. Se ha renovado la estructura de UCD en todos sus escalones, con libertad y democracia.

P. Pero ¿tiene UCD vigor democrático suficiente como para producir con normalidad el cambio de líder?

R. Creo que sí. UCD tiene un buen líder un buen presidente del Gobierno, con sobradas cualidades. Pero no vería dificultades para generar otro, si fuera necesario.

P. Se habla de usted como de una de las posibles alternativas a Suárez.

R. La posibilidad es una cosa y otra que esté planteado un relevo que no lo está. Lo demás son especulaciones, tanto si me afectan a mí como si afectan a otros.

P. ¿Ni siquiera a medio plazo?

R. Tendrían que producirse de terminadas hipótesis que hoy no se dan. En función de ellas, habría que estudiar las posibilidades de recambio, llegado el momento.

P. ¿No se ha producido en el seno de UCD la convicción de que Adolfo Suárez pudo ser el hombre adecuado para conducir la transición, pero que una vez en la orilla de la democracia sería conveniente otra persona?

R. No se ha planteado esa cuestión. Continúo pensando que Adolfo es la persona adecuada para seguir conduciendo el proceso.

P. Regresemos al Parlamento. Con motivo de la petición de suplicatorios para procesar a Telesforo Monzón y Francisco Letamendía, ¿no se produjo algún tipo de tensión con la institución que lo solicitó?

R. (Sonríe.) Precisamente con la institución, no. No hubo tensiones institucionales. Lo que el Congreso pretendió es poder hacer una valoración completa de la conducta de los diputados afectados.

P. Pasada la fecha del 25 de octubre, ¿qué pasos corresponden ahora? ¿Ha contestado ya el Tribunal Supremo a la petición de nuevos datos que le hizo el Congreso?

R. No; no ha contestado todavía. Una vez que se reciba la contestación, la Comisión y el Pleno deberán pronunciarse definitivamente.

P. ¿Cómo enjuicia la polémica que enfrenta actualmente al diputado de la Cámara que usted preside, Juan María Bandrés, con el gobierno de su partido, a propósito de una denuncia sobre supuestas torturas?

R. Este hecho hay que encuadrarlo dentro de una perspectiva jurídico-penal. El año pasado se tipificó como delito específico el de torturas, que ya estaban penadas bajo otras figuras delictivas más genéricas. Se trataba de fortalecer la defensa de los derechos humanos. Por supuesto, también los casos de denuncia falsa están tipificados en el Código Penal. Se trata, por tanto, de un tema cuya aclaración y, en su caso, sanción corresponde a los tribunales.

P. ¿Cree que el cauce parlamentario puede resultar eficaz para resolver esta controversia?

R. El tema puede ser objeto de debate en el Parlamento. El debate supone una confrontación de posiciones de la que siempre pueden resultar efectos clarificadores. Ahora bien, la resolución concreta de este tema, por su naturaleza y como he indicado antes, ha de derivarse de la actuación judicial.

P. ¿Cómo juzga a la Oposición desde su puesto de presidente de la Cámara?

R. Creo que ha ocurrido algo muy importante. Se ha logrado un gran nivel de convivencia y es general la voluntad de que las cosas funcionen bien y se hagan seriamente.