La ampliación de la Casa de Campo puede doblar la población de Pozuelo

La elaboración del PAI (Programa de Acción Inmediata) del Noroeste ha hecho reverdecer, en Pozuelo de Alarcón, el viejo tema de la ampliación de la Casa de Campo y el proyecto de construcción de 7.500 viviendas que lleva anejo. Y, una vez más, el enfrentamiento entre UCD y PSOE se ha hecho patente.

UCD (partido que ocupa la alcaldía en Pozuelo) dice que no hay más remedio que aceptar el plan, pues de lo contrario la Corporación municipal se verá obligada a pagar -al estilo de La Vaguada madrileña- del orden de los 2.000 millones de pesetas en indemnizaciones. El PSOE, por el contrario, piensa que el plan debería ser revisado en su totalidad, puesto que presenta problemas de densificación urbana en Pozuelo, sin el correspondiente equipamiento. El resto de los partidos representados en el municipio dividen también sus posturas entre las totalmente favorables al plan -CD- y las totalmente opuestas -candidatura del Pueblo-, pasando por las que piden una moratoria para mejor estudio del PCE.En los tiempos en que Carlos Arias Navarro era alcalde de Madrid vio la luz un proyecto que, por medio del cambio de calificación urbanística de unos terrenos situados en el límite con el término municipal de Pozuelo de Alarcón, añadía a la Casa de Campo cerca de doscientas hectáreas.

Sin embargo, los terrenos que habrían de servir para realizar esa ampliación eran propiedad de una serie de compañías. Las más importantes, Urbis, Explosivos Río Tinto -que después vendería a Cobasa- y Urbanizadora Casa de Campo. La oferta que se les hizo a esas compañías fue la de terrenos aledaños, situados en el llamado anillo verde, a cambio de que cedieran los que ocupaban junto a la Casa de Campo. La operación se hizo. Pero lo fue a base de aprobar un plan parcial para los terrenos que ahora pasaban a propiedad de esas compañías.

El plan en cuestión prevé la construcción de 7.500 viviendas junto al casco urbano de Pozuelo, lo que equivale -a cuatro habitantes por vivienda- a doblar la actual población de este núcleo urbano, esto es, pasar de los 30.000 habitantes actuales a 60.000 ó 70.000. A ellos habría que añadir los 20.000 que es de prever se instalen en la colonia de Somosaguas, también en Pozuelo. O sea, en pocos años, su censo puede rebasar los 100.000 habitantes.

Equipamientos y enlaces, los mayores problemas

Pero el mayor problema que las fuerzas políticas que se oponen al plan de ampliación encuentran en el mismo es el referido a la falta de equipamiento. Habida cuenta de que el plan en cuestión fue redactado con anterioridad a la nueva ley del Suelo, los promotores de ese plan parcial no tienen obligación de cesiones -el 10% del suelo- al Ayuntamiento para equipamientos colectivos. La única imposición de la antigua ley era que se reservaran los espacios. Pero se dan casos tan curiosos como que de las 7,4 hectáreas destinadas a educación, cuatro están ya ocupadas por el colegio Americano, destinado exclusivamente a niños norteamericanos y que ningún servicio rinde a Pozuelo. Es decir, los equipamientos de esta nueva ciudad están más que en entredicho.Y en la nueva ciudad, no se creará ni un solo puesto de trabajo, con lo que todos sus habitantes habrán de desplazarse diariamente a Madrid para trabajar. Consecuencia inmediata será una nueva saturación de las carreteras ya existentes y ya congestionadas, que sirven de enlace de Pozuelo con la capital: carretera de La Coruña y carretera de Extremadura, con sus interconexiones.

Los partidarios del plan -aunque sea como mal menor, para no tener que pagar indemnizacionesven en una ampliación de la carretera de Castilla -que une la de Extremadura con la de La Coruña- y en la construcción del Cuarto Cinturón de Ronda, previsto en el planeamiento, la solución a ese problema de los enlaces. A ella debería añadirse la que ofrece el tren que, potenciado sensiblemente, podría enlazar directamente Pozuelo -como Majadahonda o Las Rozas- con la estación de Príncipe Pío, a pocos metros de la plaza de España, en el mismísimo centro de la ciudad.

Los que se oponen al plan se preguntan, aun contando con la ampliación de la carretera de Castilla y con la construcción del Cuarto Cinturón, qué puede pasar con los coches, una vez llegados al cuello de botella que supone la entrada en Madrid por la Moncloa. La Gerencia Municipal de Urbanismo dice que todavía no ha estudiado lo suficiente el tema.

Mientras, esas mismas fuerzas de oposición quieren buscar argumentos legales para lograr la revisión del plan. Su primer argumento se basa en una disposición transitoria de la ley del Suelo, que establece que los planes de ordenación aprobados con posterioridad a la publicación de la ley -el de ampliación de la Casa de Campo lo fue un mes después- habrán de acomodarse a ésta. Y dentro de la ley del Suelo existe un artículo, el trece, que establece los estándares mínimos que habrán de ser destinados a equipamiento y, por ende, cedidos al Ayuntamiento. El problema pudiera estar, de admitirse esta tesis, en ver si estos estándares del artículo trece se ven cumplidos en el plan o no. Y hoy ningún técnico consultado por EL PAIS se ha atrevido a asegurar si se cumplen o no.

Una muralla como cierre de la Casa de Campo

Pero no son sólo políticos los que se oponen a este plan de ampliación de la Casa de Campo. Hay también grupos ecologistas que no ven con muy buenos ojos el proyecto. Para ellos, el que se hable de ampliación de la Casa de Campo no supone más que el encubrimiento de una operación inmobiliaria, porque si se pretende mejorar ese recinto y añadirle un nuevo espacio, lo que no se puede hacer es crearle una muralla -en forma de ciudad lineal- que aisle la Casa de Campo de la sierra madrileña.Cuando el plan fue aprobado, en junio de 1976, el Ayuntamiento de Pozuelo presentó varios recursos en contra del mismo. Todavía queda por resolver uno de ellos, el que fuera presentado frente al Ministerio de Obras Públicas. Ese es el último escollo que todavía falta por salvar. Una vez que el recurso sea resuelto -sobre todo si dice, como se espera, que el plan es perfecto- nada podrá impedir, jurídicamente, la construcción de esas 7.500 viviendas junto a la Casa de Campo. La única forma sería la de revisar el planeamiento y, dado que afectaría a terceros, habría que pagar indemnizaciones: 2.000 millones de pesetas para un Ayuntamiento cuyo presupuesto anual no supera los 250 millones. Pero lo cierto es que si el plan se realiza, no sería Pozuelo el único perjudicado, sino toda el área metropolitana.

Lo cierto es que, con todo, la demanda de esas viviendas que podrían ser construidas existe. No se trata de crear una oferta por sí sola. Muchos profesionales medios quieren contar con una vivienda de un standing más o menos elevado, en una zona que se revaloriza en su consideración social día a día. La solución estaría en coordinar, de alguna forma, todas las necesidades creadas. Pero para ello se necesitaría, tal vez, que el urbanismo madrileño de los últimos años se hubiera desarrollado de otra forma.