Abierta defensa de la iniciativa pública en materia de urbanismo, transporte y educación

La necesidad de una verdadera autonomía política y presupuestaria de los ayuntamientos, la tendencia a la municipalización de servicios básicos, el fomento del transporte público, la prioridad de la enseñanza estatal, la revisión del planteamiento urbanístico para atajar la especulación y la exigencia de mayores ingresos para las haciendas locales constituyen las conclusiones más importantes a que ha llegado el PCE de Madrid tras las jornadas municipales del pasado fin de semana.

Las conclusiones apuntan los aspectos que deberían ser recogidos en la futura ley de bases de régimen local. Entre otras cosas, se señala la disminución de las potestades del alcalde, que serían reducidas al mínimo y pasarían a la comisión permanente. Esta se convertiría en el verdadero órgano ejecutivo municipal.Las corporaciones deberían aplicar una política de municipalización de servicios básicos, de forma que el Ayuntamiento recogiera los beneficios que ahora van al capital privado. Las municipalizaciones serían competencia exclusiva del pleno.

Asimismo, la autonomía municipal rechaza las actuales competencias que detenta el Gobierno Civil, y que pueden llegar a la suspensión de acuerdos tomados en pleno. La anulación de acuerdos sería potestad exclusiva de los órganos judiciales. Tampoco la Delegación de Hacienda tendría por qué intervenir en el control de los presupuestos.

La nueva ley de régimen local entraría a definir también la posibilidad de que los ayuntamientos crearan mancomunidades entre ellos, decisión que dependería sólo de su propia voluntad. Similar principio de libertad de iniciativa regiría en la creación de áreas metropolitanas.

Las juntas de distrito se conciben como el órgano idóneo de descentralización y participación popular, sobre todo cuando sus miembros sean elegidos por sufragio universal. Las juntas detentarán un amplio abanico de competencias, incluyendo una comisión que redacte un plan de acción municipal de cada distrito. Las conclusiones citan también la conveniencia de estudiar mecanismos de consulta a la población, lo que incluiría el referéndum sobre cuestiones importantes.

Primar el transporte público

Primar el transporte público y conseguir una progresiva municipalización del mismo constituyen los dos puntos básicos sobre los que se apoyan las conclusiones del PCE en materia de transportes. Los comunistas consideran como muy significativo el hecho de que el 50% de la red actual del Metro esté dentro del segundo cinturón de Madrid y que no exista un adecuado sistema de vías ferroviarias.La prioridad para el transporte colectivo significa para el PCE lo siguiente: planificación conjunta de cercanías ferroviarias, metro y autobuses con un criterio metropolitano, de forma que los distintos servicios estén conectados; creación de un consorcio intermunicipal de transportes, con participación mayoritaria de diputación y ayuntamientos; sistema de tarifas financiado no exclusivamente por el usuario, sino también por cuantos se benefician del transporte.

Descentralizar la enseñanza

Las propuestas comunistas en materia de enseñanza pasan porque los organismos públicos gestionen directamente la enseñanza, como bien público que es, de forma que en esta materia el sector público recupere la iniciativa que ha perdido en favor de los centros privados.La descentralización es otro principio aplicado a la enseñanza, de forma que se favorezca la intervención directa de asociaciones de padres, profesores y juntas de distrito, que en este campo deberían jugar un papel importante, como órganos de representación más cercanos al ciudadano.

Respeto a la legalidad urbanística

El planteamiento urbanístico discutido por los comunistas durante la celebración de las Jornadas se concretó en dos aspectos diferentes: cómo utilizar el planeamiento vigente en la actualidad y cómo revisarlo en un futuro.Sobre cómo utilizar el planeamiento actual, la tónica se dirigió hacia un total y absoluto respeto por la legalidad reflejada en el planeamiento existente. Sin embargo, esto lleva consigo la necesidad de que ese respeto a la legalidad no ha de verse en ningún momento vulnerado por razones ajenas a las puramente urbanísticas, con intenciones demagógicas; esto es, paro, desempleo, recesión económica, etcétera. Para lograr tal objetivo sería necesario que las centrales sindicales comprendieran la realidad de la situación.

Mayor capacidad recaudatoria

Por lo que se refiere a las haciendas locales, las jornadas han planteado la necesidad de que los municipios logren tener una mayor capacidad de recaudación de impuestos, que les permitan tener un equilibrio económico acorde con las circunstancias de cada cual.Para ello, se propone que los municipios tengan una participación más directa en los impuestos estatales que han de nutrir las arcas de las corporaciones, a la vez que se defiende que el cobro de tasas lo sean por el coste real del servicio.