Vecinos de Moratalaz, contra la construcción de una torre de diez pisos

Alrededor de doscientos vecinos de Moratalaz amenazaron abiertamente al delegado del Gobierno en Coplaco, Carlos Conde Duque, y al concejal responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Eduardo Mangada, con una declaración de guerra abierta a ambos organismos si se construye una torre de diez pisos en la calle de la Cañada, del citado distrito, proyecto que cuenta con la correspondiente licencia, concedida el pasado 9 de abril.

Las amenazas se produjeron en un acto público celebrado en la noche del viernes en un colegio de Moratalaz por los señores Conde Duque y Mangada, y por sus respectivos segundos, Javier del Oro y José Ignacio Quintana, para explicar a los vecinos el alcance real de la suspensión de licencias de construcción en Moratalaz, en tanto se dote al barrio de un equipamiento adecuado, medida adoptada el miércoles en el pleno de Coplaco.Los señores Conde Duque y Mangada, tras exponer someramente el alcance de la medida, tomada con efecto cautelar e inscrita en el Plan Especial de Equipamiento del Sector sureste de Madrid, pretendieron abrir un coloquio informativo sobre el tema, lo que fue imposible, ya que el primer orador tocó el tema del inicio de la construcción de la citada torre de diez plantas y el resto de las intervenciones fueron en el mismo sentido. Todos los intentos de la mesa de centrar el tema fueron inútiles.

En síntesis, los vecinos expusieron a los representantes municipales y a los de Coplaco su intención de impedir «a cualquier precio» la construcción del edificio, cuyo propietario -Urbis-, había iniciado las obras previas hace unos días. El mismo viernes, los vecinos impidieron la continuación de los trabajos.

Eduardo Mangada expuso a los presentes (representantes de los vecinos, partidos, sindicatos y movimiento ciudadano) que el proyecto en cuestión cuenta con una licencia expedida por la propia Gerencia Municipal de Urbanismo el pasado 9 de abril, diez días antes de la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento, que en principio resultaba ser legal, por lo que era imposible la paralización oficial de las obras. No obstante, se comprometió a revisar concienzudamente la licencia, por si tuviera algún defecto jurídico, y, en todo caso, a intentar buscar una salida negociada entre las partes interesadas.

Los vecinos insistieron en que la licencia estaba amparada en un plan parcial (el de 1967, gracias al cual se construyó una gran parte de Moratalaz por la urbanizadora Urbis), presuntamente ilegal, según afirmaron, y que estaban dispuestos a llegar hasta el final para que no se construyese el edificio. Todas las intervenciones en este sentido fueron largamente aplaudidas y coreadas.

La decisión de suspender las licencias de construcción de viviendas en varios puntos del sureste de Madrid, en especial en Moratalaz, por parte de la comisión delegada de Coplaco, el pasado 3 de octubre (véase EL PAÍS del viernes), fue calificada por el propio Eduardo Mangada como un hecho importantísimo -dentro del urbanismo de los últimos años. Según sus propias palabras, afectará a 5.000 viviendas. La decisión fue tomada teniendo en cuenta un dictamen del Consejo de Estado sobre el Plan Especial de Equipamiento del Sector Sureste de Madrid, y, según palabras de Carlos Conde Duque, para neutralizar la situación anterior, impedir que se consoliden nuevas situaciones irreversibles y reequilibrar el sector.

El delegado del Gobierno en Coplaco manifestó igualmente que la medida era de tipo cautelar, con el fin de revisar el plan general de Madrid y reequilibrar la ordenación del ámbito de acuerdo con el Programa de Acción Inmediata (PAI), de Moratalaz.

Eduardo Mangada manifestó por su parte, que la decisión adoptada por Coplaco coincidía plenamente con la política municipal actual.