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Editorial:

El Congreso del PSOE

EL CONGRESO Extraordinario del PSOE ha proporcionado a la línea de Felipe González una rotunda victoria. Aunque ese triunfo se daba por descontado, no eran tan seguros ni los amplios márgenes obtenidos por los mayoritarios ni la prudencia y el espíritu de concordia -el buen ganar, en suma- mostrados por los ganadores.El nuevo sistema de designación de los delegados -elegidos por las federaciones y no por las agrupaciones- y de votación y derecho a la intervención de los jefes de las delegaciones, aprobado por el 28.º Congreso, permitía un grado mucho más elevado de control que las antiguas normas de procedimiento. El bullicio y el ambiente de asamblea universitaria antifranquista de la reunión de mayo ha sido sustituido por el orden y la eficacia de los pactos entre los portavoces y la disciplina de las delegaciones. Probablemente exista un camino intermedio, y tiempo tendrá el PSOE de buscar y encontrar una fórmula de equilibrio entre uno y otro extremo.

Por lo demás, nada de eso invalida el resultado final del litigio pendiente desde hace cuatro meses. El liderazgo de Felipe González es para los socialistas una partida de su activo electoral y político demasiado importante como para desplazarlo de la secretaría general. De otro lado, los mayoritarios se han esforzado en lograr puntos de convergencia en un triple terreno -ideológico, estratégico y organizativo- con las bases que seguían al llamado sector crítico. Las cuestiones realmente conflictivas han recibido una solución de transacción adecuada. Se trata, en suma, del debate sobre el marxismo, de la política de alianzas y la eventual entrada en un Gobierno de coalición, y de la «legalización» de las corrientes de opinión dentro de la organización.

La polémica sobre la definición del PSOE como partido marxista estaba ya sentenciada desde que los propios críticos, entrado el verano, comenzaron a acumular matizaciones y a quitar hierro a su propuesta. No ha habido, ciertamente, un Bad Godesberg a la española, pero tampoco ha prosperado la pretensión de adjetivar doctrinariamente a la organización socialista. La declaración del congreso confirma que las concepciones, las ideas y los valores del PSOE se alimentan de la tradición marxiana;

pero no sólo del marxismo y no de todo lo que, con mayor o menor razón, invoca esa matriz de pensamiento.

Las formulaciones en torno a la política de alianzas y una posible entrada en el Gobierno al lado de UCD son lo suficientemente ambiguas como para que cada quién haga la lectura que le resulte más conveniente. El compromiso de mantener el pacto municipal con el PCE no desemboca en la perspectiva más amplia de la «unidad de la izquierda» -rechazada, por lo demás, incluso por el llamado sector crítico- ni es concebido verbalmente como contradictorio, aunque en la práctica lo sea irremediablemente, con otras eventuales alianzas que aconseje la autonomía del proyecto socialista.

¿Y los rumoreados deseos de una coalición de Gobierno a plazo medio con UCD? La pretensión de los minoritarios de que esa decisión pudiera sólo ser adoptada por un congreso extraordinario iba contra cualquier criterio sensato. La fórmula de que sea el consejo federal el órgano competente parece razonable. La «cláusula de salvaguardia» continúa siendo, no obstante, lo suficientemente vaga como para que los suspicaces no pierdan sus recelos, si bien la decisión de que el PSOE no entre en posición subordinada en esa eventual combinación puede garantizar, al menos, que los socialistas no perderán su primogenitura como partido de oposición por el plato de lentejas de unas cuantas carteras de segunda categoría.

El reconocimiento de las «corrientes de opinión» dentro del PSOE constituye una resolución enteramente positiva y elogiable, con la sola salvedad de que la reglamentación posterior de ese derecho a la discrepancia pueda adoptar formas demasiado rígidas. Sin embargo, el principio ha quedado ya establecido, y la evidente y ruidosa realidad de la existencia de esas tendencias que los estatutos negaban seguramente bastará para imponerlo en los hechos.

¿Para qué, entonces, se preguntarán algunos, ese verano de los cuchillos largos y esa peligrosa interinidad del PSOE a lo largo de cuatro meses? ¿No hubiera sido posible alcanzar esos acuerdos en mayo o a lo largo del debate posterior? La respuesta a esa pregunta se encuentra seguramente en el terreno de la organización y de la correlación de fuerzas dentro del grupo dirigente.

La lucha política en el 28.º Congreso tuvo como protagonistas a los dirigentes «históricos» del PSOE renovado, a falta de los líderes del exilio desbancados después de Suresnes. Gómez Llorente, Castellano y Bustelo pertenecen al reducido núcleo, formado a finales de la década de los cincuenta y en la década de los sesenta, que, protagonizó la ruptura con Llopis y el relanzamiento del Partido Socialista. En una organización estrechamente controlada desde arriba y temerosa de un posible desbordamiento de sus estructuras después de la legalización, los títulos «históricos» son un documento que no puede faltar para aspirar a un cargo dirigente. Los tres líderes del llamado sector crítico eran, pues, los únicos con capacidad para expresar las inquietudes y las preocupaciones de las bases descontentas. Pero al convertirse en portavoces de esas corrientes de opinión se constituían, al tiempo, en una alternativa de poder dentro de la dirección. Siguiendo una vieja tradición de las formaciones partidistas de estructura oligárquica, los vencedores han recogido parte de las ideas de los derrotados y han exiliado a éstos de los puestos de responsabilidad. A la vez han renovado en una corta medida la composición del grupo dirigente, descartando a los veteranos menos eficaces y cooptando a hombres que traen consigo aire fresco. En este sentido, la inclusión en el comité ejecutivo de dos intelectuales de tan reconocido prestigio y competencia teórica como Sotelo y Maravall refuerza considerablemente la capacidad de elaboración ideológica y política del grupo dirigente y sustituye con gran ventaja a los líderes de los críticos.

La renovación se ha orientado en el sentido de la competencia intelectual y no de la representatividad de las bases. Cataluña y Euskadi tienen tan sólo dos vocalías, y otras importantes organizaciones territoriales están ausentes o infrarrepresentadas. Este es un sistema que obtendrá, sin duda, sus críticas, pero probablemente es la única manera de construir a corto plazo un partido capaz de enfrentarse con esperanzas de triunfo a las próximas legislativas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de octubre de 1979