Campaña municipal sobre urbanismo sevillano
Con la apertura de la exposición correspondiente al distrito 1 de la ciudad (Centro-Feria) dio comienzo ayer en Sevilla una experiencia, inédita hasta ahora, de acercamiento de los problemas urbanísticos a los ciudadanos y de fomento de su participación en la toma de decisiones. Se trata de la exposición pública de los trabajos de adaptación del Plan General de Ordenación Urbana a la actual ley del Suelo, aprobados, en primera instancia, por el Ayuntamiento sevillano el pasado mes de junio.Esta exposición itinerante, que se prolongará hasta el 13 de octubre, recorrerá sucesivamente los diez distritos de la ciudad y consta de doce paneles explicativos del contenido de dichos trabajos y otros cuatro específicamente destinados al planteamiento de cada distrito.
Personal técnico y administrativo contratado por el Ayuntamiento atenderá y canalizará las sugerencias y alternativas planteadas por los vecinos. Asimismo será distribuido un folleto explicativo (incluye un elemental diccionario de técnica urbanística), aunque la precaria situación financiera de la Corporación ha obligado a limitar su tirada a 1.500 ejemplares, lo que resulta notoriamente insuficiente. Habrá, por último, una exposición general en el propio Ayuntamiento a partir del 18 de septiembre.
Con esta campaña se pretende obtener el máximo rendimiento social al obligado período de exposición pública del avance de adaptación a la ley del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por el Ayuntamiento en su sesión plenaria de junio de 1979. Hay que hacer constar que los cuatro partidos presentes en el Ayuntamiento (PSOE, PCE , PSA y UCD) consensuaron previamente el contenido del avance, si bien los concejales centristas recibieron fuertes críticas de algún sector de su propio partido. El acuerdo contó desde el primer momento con la oposición rotunda de las organizaciones patronales de la construcción.
El aspecto más llamativo de la aprobación de estos trabajos de revisión y adaptación fue la suspensión durante un año del Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo (PRICA) y la iniciación urgente de un planeamiento especial sobre su área de actuación, es decir, sobre el centro histórico de la ciudad. Esta medida estaba acompañada de la suspensión de licencias de derribo y edificación de nueva planta en la zona, decisiones todas ellas encaminadas a «salvar lo que aún puede salvarse de Sevilla», en palabras del delegado de Urbanismo, Víctor Pérez Escolano (véase EL PAÍS de 29 de junio).
El PRICA, que entró en vigor en 1968 pese a la oposición del Colegio de Arquitectos y de los sectores más progresistas de la ciudad, se convirtió pronto en el más poderoso instrumento de especulación y destrucción de edificios de interés histórico-artístico, jardines y conventos, autorizando un promedio de 130 derribos anuales en el casco histórico y arrasando buena parte de la memoria física de Sevilla.
