La reforma, la ruptura y los símbolos

LA SUSTITUCION de la dictadura por la monarquía parlamentaria no ha sido sólo un tránsito pacífico y gradual, sino que, además, ha sido conducida por políticos profesionales del anterior sistema, que adquirieron sus destrezas y capacidades sirviendo pragmáticamente a un poder que negaba, en la teoría y en la práctica, las libertades y los derechos de nuestra actual democracia constitucional. Con excepción de los grupos terroristas, del nacionalismo vasco radical y de sectores mínimos de la extrema izquierda, en el resto del país (entre los cuales no figuran, por cierto, los marxistas-leninistas extraparlamentarios) el diseño de la reforma suarista fue aceptado y asumido por la abrumadora mayoría de las formaciones políticas y de las fuerzas sociales situadas, a lo largo de cuatro décadas, a la intemperie de la ilegalidad y la represión. Una de las consecuencias de lo que Vázquez Montalbán considera el resultado de una «correlación de debilidades» ha sido el escrupuloso respeto a los derechos adquiridos, cualesquiera que fueran sus orígenes, con posterioridad a julio de 1936, aunque ese principio, en algunos casos, consagre privilegios, santifique abusos y perpetúe injusticias.

La aceptación de ese supuesto, reconocido en la Constitución, ha representado, en determinados campos, una pesada carga para el erario público, sufragado mediante los impuestos de los ciudadanos. Pero es una opinión generalmente compartida que valió la pena pagar ese precio moral y pecuniario, aunque muchos de los beneficiarios de la sopa boba del presupuesto empleen los ocios y los lujos que el dinero de todos los españoles les proporciona en socavar los cimientos de las instituciones democráticas. La aceptación como gestores de la democracia de los profesionales del poder franquista y el respeto, incluso de derechos adquiridos, de origen turbio y legitimidad dudosa, constituyen contraprestaciones que han permitido a la comunidad española ahorrarse costos humanos, cuyo volumen resulta fácil de imaginar al examinar el censo de muertes, violencias y atentados que están asolando el País Vasco, único territorio donde los rupturistas no admitieron la lógica de la reforma. Ahora bien, la polémica, nacida después de la victoria de la izquierda en las elecciones municipales, a propósito de los nombres de las calles y de la conservación de los monumentos muestra que las pautas que guiaron las transformaciones políticas no son aplicables, de forma directa y automática, al terreno de los símbolos. La permanencia en el mando de los ministros, subsecretarios, gobernadores civiles y presidentes de la Diputación del anterior régimen fue acompañada de la amnistía para la izquierda y de su ingreso en la periferia del poder. Pero, en cambio, no resulta tan factible conservar los vestigios del franquismo y situar a su lado, en los rótulos de las calles o en las estatuas de los jardines, los nombres y los monumentos que representan a la otra media España.

Si la reforma no es posible, ¿lo es acaso la ruptura? Parece obvio que tampoco. Las eventuales oscilaciones electorales en la Administración local darían un carácter provisional a cualquier cambio polémico y crearían el riesgo de transformar, cada cuatro años, la fisonomía de nuestros pueblos y ciudades. Para no hablar de la incongruencia que supondría la coexistencia de un marco estatal de centro-derecha y de un callejero urbano de izquierda, en las grandes capitales, o de ultraderecha, allí donde los caciques conservan el poder.

Alguna salida razonable habría que dar a ese empate. Jugar con los símbolos es casi tan peligroso como bromear con las armas. El argumento de que los nombres de las calles, rebautizadas en 1939, no deben cambiarse en 1979, por motivos de simple utilidad, apartó de ignorar olímpicamente los sentimientos de quienes se sienten ofendidos por determinados nombres que presidieron sus lutos y sus persecuciones, aplica distintas varas de medir a la memoria de las sucesivas generaciones. Hasta la década de l9s cincuenta, de manera generalizada, y todavía hoy de forma más limitada, «General Mola» no había borrado del recuerdo de los madrileños a «Príncipe de Vergara»; «Joaquín García Morato», a «Santa Engracia»; «Onésimo Redondo», a la «Cuesta de San Vicente»; «General Sanjurjo», a «Abascal», o «Conde de Peñalver», a «Torrijos». Y los vecinos de la capital nunca se acostumbraron a llamar «José Antonio» a la «Gran Vía»; «Generalísimo», a la «Castellana», y «Calvo Sotelo», a «Recoletos». A la inversa, los cambios en el callejero en la zona republicana durante la guerra civil tuvieron todavía peor fortuna para borrar el recuerdo de los antiguos nombres.

La devolución al panorama urbano de las tradicionales denominaciones anteriores al conflicto bélico, y la renuncia, tanto a la perpetuación de los símbolos franquistas como a su inversión, parece una fórmula razonable. Pero ¿y las avenidas y calles de la posguerra? En un terreno donde tan fácilmente se pueden herir sentimientos y emociones, sería conveniente buscar soluciones de consenso que descansaran sobre un espíritu de reconciliación y sobre la conveniencia más pragmática de evitar que los vuelcos electorales hicieran irreconocibles, cada cuatro años, los trazados de nuestros pueblos y ciudades. En un pueblo toledano hay una calle denominada «Víctimas del marxismo»; la necesidad racional de suprimir ese nombre quedaría nublada por las pasiones si se propusiera, como sustituto, el rótulo «Víctimas del falangismo». No sería imposible que centristas, socialistas y comunistas, con la participación del PNV en el País Vasco y de CiU en Cataluña, establecieran los criterios para ese reajuste imprescindible de los nombres de nuestras calles y de los monumentos de nuestras plazas. Hay sin duda superficies comunes a todos en nuestra historia, en nuestra cultura y en nuestra geografía que pueden colmar los espacios vacíos dejados por nombres, recuerdos y acontecimientos conflictivos.