El cine español, en quiebra

LA LECCION que muchos se empeñan en ignorar, la Administración la primera, que supuso la celebración del I Congreso Democrático del Cine Español, ha vuelto en cierta forma repetirse en los últimos días, cuando representantes de las tres ramas de la industria cinematográfica, representantes de los directores, técnicos y actores, y de Comisiones Obreras y UGT, han llegado a una serie de acuerdos para plantear una solución racional, eficaz y urgente al problema originado por la sentencia del Tribunal Supremo a favor de la supresión de la cuota de pantalla. Esta medida, de consumarse, podría significar la muerte de ese enfermo que es el cine español. La Administración se ha comprometido públicamente con los acuerdos citados y ahora debe ponerlos en práctica con la mayor urgencia posible.Un primer vistazo superficial a la formulación y el contenido de dichos acuerdos podría llevar a conclusiones equivocadas, como, por ejemplo, que lo que se pide es una vuelta a un pasado más o menos reciente, como mal menor. Pero no es así. El nuevo sistema formulado por productores, distribuidores y exhibidores, de concesión gradual de las licencias de doblaje a la distribución, supone la obligación de éstas de distribuir, y distribuir bien, el cine español. Asimismo, la intransferibilidad de dichas licencias impedirá cualquier tipo de tráfico con las mismas. Las medidas pedidas por los citados representantes no contradicen en absoluto la política económica del Gobierno, ya que en ellas no se pretende poner ningún tipo de trabas a la libre importación de películas extranjeras, sino simplemente un control racional sobre la concesión de licencias de doblaje. El hecho de que únicamente las multinacionales no hayan suscrito estos acuerdos, aunque siempre están a tiempo de reconsiderar su postura, no puede sorprender a nadie y no hace sino confirmar que la protección del cine español no se cuenta entre sus intereses.

Pero los problemas del cine español no terminan con el necesario restablecimiento de las cuotas de distribución y pantalla. La deuda de 1.300 millones que la Administración tiene para con los productores y el retraso de año y medio con que ésta paga el 15 % de taquilla son otros no menos importantes problemas a los que debe hallarse pronta solución. A más de que los créditos oficiales destinados, a la producción cinematográfica no deben arbitrarse con los mismos mecanismos que necesitan los créditos privados. Por otro lado, el notable incremento de los costes de las películas hace que éstas sean prácticamente imposibles de amortizar únicamente en el mercado nacional. Es necesario que el cine español se lance a abrir mercados en el exterior, pero, si no queremos caer en el cuento de la lechera, hay que empezar a arreglar los problemas por la base. En cualquier caso, el gran mercado para el cine español que representan los países de habla hispana ha sido descuidado, perdido e ignorado hasta límites inconcebibles. Por si ello fuera poco, los festivales nacionales -San Sebastián, La Coruña, Barcelona, Benalmádena, etcétera- se han desprestigiado considerablemente en los últimos años. Por la indiferencia de algunos sectores de la industria, la inoperancia de la Administración y la ineficacia de algunos de sus responsables directos, se están perdiendo algunas de las pocas plataformas internacjonales con que contaba el cine español. Y levantar un festival desprestigiado es una ardua y dura tarea. Los nuevos equipos que se han hecho cargo de la organización de los festivales de San Sebastián y La Coruña lo están viviendo en estos días. El cine español necesita el escaparate internacional que suponen los festivales y la Administración no puede eludir tampoco sus responsabilidades en este apartado.

Finalmente, los apartados presupuestarios de Televisión Española para la producción de películas deben servir para aliviar la dificilísima situación económica del cine español. Sería necesario conocer qué parte de ese presupuesto será empleada en la producción de películas destinadas en principio a la «pantalla grande» y evitar que los directivos de TVE distribuyan sus dineros bajo criterios de amistad, influencias ajenas a la calidad artística o manipulación política. Y, pasados los años de proyección comercial, que las películas españolas otrecidas por Televisión reciban un pago menos cicatero y más acorde con los precios al uso en el resto de las televisiones europeas.