Larroque: "La Diputación es una alternativa de gobierno provincial"

La actitud de la Administración central de minusvalorar la presencia de la Diputación Provincial en el área metropolitana es comprensible, puesto que la Diputación es una alternativa de gobierno a nivel provincial y el Gobierno central no desea poner en peligro su capacidad de control.» Así explicó el vicepresidente primero de la Diputación, Luis Larroque, la incongruencia de que este organismo cuente con sólo dos representantes en Coplaco, mientras que el Ayuntamiento de Madrid tiene tres.

El pleno celebrado ayer en la Diputación eligió a las dos personas que la representarán en dicho organismo. En virtud de un particular sistema de votación, según el cual cada diputado sólo podía votar a un candidato, resultaron elegidos el propio presidente, Carlos Revilla, y el diputado ucedista Gregorio Castaño. El señor Cimadevilla insistió en que es absurdo que el Ayuntamiento disponga de un representante más que la Diputación, así como que el presidente de este último organismo no sea miembro nato en razón de su cargo, como ocurre con el alcalde de Madrid.El señor Larroque apuntó la posible anticonstitucionalidad a medio plazo de la estructura de Coplaco, ya que la Constitución establece como principio el acercamiento de los centros de decisión a los administrados, y aquél continúa siendo un feudo, aunque atenuado, de los entes ministeriales a nivel nacional. Por su parte, el portavoz ucedista, Enrique Castellanos, estuvo de acuerdo con que debe desaparecer su estructura actual, pero resaltó el avance obtenido.

La elección de Mariano Pérez Galán como rector de la Ciudad Escolar dio pie a un debate ideológico, cuando el señor Castellanos acusó a Carlos Revilla de prácticas de designación digital y de haber tenido en cuenta más que nada su condición de militante del PSOE. Mencionó el pobre curriculum pedagógico que, en su opinión, tenía el señor Pérez Galán y se mostró contrario a la posibilidad de que se impartiera en el centro una educación con matices partidistas, así como que no se hubiera consultado a los trabajadores del mismo a la hora de elegir rector.

Carlos Revilla rechazó la idea de la designación digital, argumentando que la propuesta partía del consejo de administración del colegio, donde también están representados los trabajadores, y que era precisamente la Corporación en su conjunto quien lo aprobaría o no. Sin recluirse en una falsa modestia, el señor Revilla puntualizó que no era culpa del PSOE si entre sus filas se contaba con buenos profesionales, alabó la trayectoria profesional del candidato y explicó que precisamente un socialista podría hacerse cargo perfectamente de la educación de esos niños, como lo demostraba la preocupación del partido a lo largo de toda su existencia. Ante la insistencia del portavoz ucedista, que advirtió que su grupo se reservaba las acciones pertinentes si el rector tomaba decisiones que significaran la aplicación de una ideología concreta, el presldente de la Diputación advirtió, a su vez, de que dejara de utilizar el argumento de la militancia, que nunca puede ser excluyente, puesto que iría en contra del derecho constitucional de cualquier ciudadano a formar parte de un partido político.

Una discusión similar surgió en otro punto, el de la composición de la Junta de Promoción Educativa, momento en que el señor Castellanos protestó nuevamente de que el vocal proveniente de los colegios provinciales no se hubiera elegido de acuerdo con los trabajadores. El presidente de la Comisión de Educación, el socialista Jesús González, adujo que no hay nada en contra de que sea uno de los funcionarios y que ese extremo está por decidir. Las sucesivas polémicas pusieron de relieve la debilidad del señor Castellanos para ejercer de portavoz de su grupo, ya que cada una de sus intervenciones era contestada con alusiones a su pasado de presidente de la Diputación elegido a dedo.

En la rueda de prensa celebrada a continuación del pleno, Carlos Revilla dio cuenta de la impresión positiva que ha sacado de sus primeros contactos con altos dignatarios de la Administración central, en sus gestiones dirigidas a conseguir mayores competencias en todos los ámbitos.